La conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reunió con el bloque de diputados del PJ y abordó el contexto de “ajuste y empobrecimiento salarial producido por el Gobierno”, y a la vez el gremio trazó hicimos observaciones sobre las previsiones presupuestarias sobre sueldos, cargos, infraestructura y financiamiento en general del sistema educativo previsto en el proyecto de ley de Presupuesto 2027.
“También demandamos que se incorpore al debate los recursos previstos para proveer a los comedores escolares de una alimentación saludable”, señaló Agmer. En el encuentro, se abordó además los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Laboral Docente que llevó adelante la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que refleja “el estado de situación salarial, socioeconómico, laboral, de salud y género de la docencia”.
Durante el encuentro se abordó el impacto del proyecto de Presupuesto provincial con partidas que “no se condicen con el discurso gubernamental, sino que ratifican la intención de desgastar el sistema educativo público, marcado por el retiro del Estado de responsabilidades que le son propias”, analizaron desde el bloque opositor en Diputados. En materia de recursos para la educación, se indicó que “permanentemente los funcionarios provinciales se niegan a financiar gastos que resultan absolutamente necesarios, argumentando la imposibilidad que marcaría la legislación vigente, pese a que en la provincia rige la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa”.
A eso se suma la falta de incrementos salariales acordes a la realidad del sector docente, que sitúa hoy a la provincia en el puesto número 23 en el ordenamiento de los salarios docentes del país. “Esta realidad es producto de sucesivas instancias paritarias que el Gobierno provincial cierra otorgando aumentos insuficientes por decreto que continúan deteriorando el poder adquisitivo del salario frente a los porcentajes de inflación”, lanzó el bloque del PJ.
En el mismo sentido, se advirtió sobre el aumento de problemáticas críticas como el endeudamiento y los casos graves vinculados a la salud mental, la falta de cobertura en cargos por ausencia de una ley referida a ese aspecto, las sobrecargas laborales y la escasez de personal auxiliar.
En lo relacionado con las partidas para infraestructura escolar, se expuso el grave deterioro edilicio de las escuelas, el impacto de emergencias climáticas y meteorológicas cuyas consecuencias podrían agravarse por la falta de detección anticipada de falencias, los problemas de intransitabilidad en los caminos rurales que se suman al deterioro de la red vial troncal, y la falta de partidas presupuestarias o licitaciones reales para la construcción y reparación de establecimientos. Se destacó que, durante los últimos tres años en Entre Ríos, no se hizo ninguna licitación para construir una escuela nueva; solo se realizaron arreglos menores a los que eufemísticamente se llama “intervenciones”, que en la realidad muestran una inversión cada vez menor y el permanente traslado de costos de reparaciones a las cooperadoras escolares.
En otro orden, se marcó con preocupación el desconocimiento del sistema educativo provincial por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la implementación de un sistema administrativo de persecución o sanciones a directivos y docentes, y la falta de transparencia en la ejecución y destino de los fondos presupuestarios e impositivos. Se trata de situaciones que llegan incluso a rozar el absurdo, como la exigencia de carga de asistencia en el sistema SAGE —que requiere conexión a internet—, cuando las escuelas no cuentan con ese servicio, ya que gran parte de los establecimientos educativos de la provincia carecen de una conexión a internet pagada por el Estado entrerriano.
Del mismo modo, los representantes de la docencia entrerriana manifestaron su inquietud por la implementación de políticas que apuntan a achicar o cerrar las carreras de formación docente, en una línea similar a medidas ya aplicadas en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires. También se señaló la inacción del CGE para llevar adelante la readecuación curricular de estas carreras, en el marco de una clara actitud de las autoridades provinciales de restarle importancia y apoyo a estas instancias de formación. Igualmente se expuso la preocupación por las políticas relacionadas con el nivel inicial de Educación y también por el impacto que tendrá sobre el sector si se convierte en ley el proyecto del oficialismo para reformar el Código Procesal Laboral provincial que está actualmente en tratamiento en la Legislatura.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora