La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) fijó posición institucional en torno al debate por la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Esa discusión, dijo la unidad académica, “interpela directamente a las universidades públicas y, particularmente, a las instituciones formadoras de profesionales del campo de la salud -entre ellas la psicología, el acompañamiento terapéutico, la psicogerontología y demás disciplinas que intervienen en el cuidado y acompañamiento de las personas”.
“La Ley 26.657, sancionada en 2010, representó un avance fundamental al establecer un modelo de atención integral, interdisciplinario, comunitario y respetuoso de los derechos humanos. Reconoció a las personas con padecimientos mentales como sujetos plenos de derecho, promoviendo su autonomía, inclusión social y participación en las decisiones sobre sus tratamientos”, señaló Humanidades. Y agregó: “Frente al proyecto de reforma que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, expresamos nuestra preocupación por aquellas modificaciones que podrían debilitar estos principios y producir retrocesos en materia de derechos, autonomía profesional y organización del sistema sanitario”.
El Senado dio media sanción a la modificación a la Ley de Salud Mental, con 42 votos afirmativos y 21 negativos. La iniciativa, enviada por el Gobierno nacional y que ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su tratamiento, introduce cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y externación, y el funcionamiento del sistema de atención a los pacientes.
La directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, Liliana González, explicó que uno de los puntos centrales del proyecto es “facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado”.
Cambios en quiénes quedan alcanzados por la ley
El proyecto cambia la denominación de los sujetos de la ley: en la vigente se habla de personas “con padecimiento mental”, y en la modificación enviada por el Gobierno se cambia a “quienes presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”.
Desde la cartera sanitaria indicaron que el término “padecimiento mental” resulta demasiado amplio para la práctica clínica y puede generar dudas diagnósticas o demoras en la intervención. Por eso, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”.
Qué modifica sobre las internaciones
Uno de los principales cambios está en las internaciones. En las voluntarias, se mantiene el derecho del paciente a pedir el alta en cualquier momento, pero se agrega una condición: el equipo de salud podrá impedirlo si considera que la persona tiene su capacidad de juicio alterada y existe riesgo grave para sí o terceros. En ese caso, la internación pasa a ser involuntaria.
En cuanto a las internaciones involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, incorpora la posibilidad de considerar antecedentes o la evolución futura del paciente para justificar la internación.
El proyecto de ley también cambia quién puede firmar las internaciones involuntarias. Mientras que la ley vigente exige dos profesionales de distintas disciplinas (uno de ellos psicólogo o psiquiatra), el proyecto establece que debe intervenir un médico psiquiatra. A su vez, permite que, en situaciones excepcionales, un solo médico pueda disponer la internación, con revisión posterior.
El proyecto también modifica el plazo para notificar la internación a la Justicia, que se amplía de 10 a 24 horas, y se habilita una mayor intervención directa de los jueces.
El proyecto elimina la prohibición de crear nuevos manicomios
El artículo 28 de la ley vigente establece que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. Y a tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios.
El proyecto de ley reemplaza ese artículo y postula que las internaciones de salud mental deben realizarse también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental, sean públicos o privados. “De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención”, sostuvo González.
También se elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados.
Qué dijeron en Humanidades
Lo que sigue es el posicionamiento de la Facultad de Humanidades de Uader.
“Defensa de la interdisciplinariedad, la autonomía profesional y el reconocimiento de todas las disciplinas de la salud
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Si bien reconocemos la importancia de la psiquiatría y la necesidad de fortalecer la disponibilidad de especialistas, consideramos que esta incorporación no debe traducirse en una jerarquización de una disciplina sobre las demás, ni en la subordinación de los saberes psicológicos, sociales y comunitarios.
La Ley 26.657 reconoce, en sus artículos 8, 9 y 13, la importancia de los equipos interdisciplinarios, la participación de distintas profesiones y la posibilidad de acceder a funciones de conducción y gestión conforme a la idoneidad. La salud mental es un fenómeno complejo que requiere integrar dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, familiares, culturales y económicas.
Por ello, manifestamos nuestra firme oposición a cualquier modificación que restrinja la autonomía de los psicólogos, reduzca su participación en las decisiones clínicas e institucionales, o desvalorice las competencias de los demás profesionales que integran el campo de la salud. La salud mental requiere indispensablemente del aporte articulado de psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros y demás profesionales. Su participación no constituye un complemento prescindible, sino una dimensión necesaria de un sistema sanitario integral que garantice sus competencias, formación específica y condiciones laborales dignas.
Defender la interdisciplinariedad significa reconocer que ninguna profesión puede sustituir a las demás y que la calidad de la atención depende de la integración de diferentes saberes.
Preocupación por las consecuencias sanitarias y sociales de la reforma
Desde una perspectiva de salud pública, advertimos riesgos críticos que deben ser considerados durante el tratamiento legislativo:
Mayor predominio del modelo biomédico: el riesgo de reducir los padecimientos subjetivos a diagnósticos psiquiátricos y respuestas farmacológicas, relegando intervenciones psicológicas, sociales y comunitarias.
Modificación de los criterios de internación involuntaria: la ampliación de las condiciones de riesgo consideradas puede incrementar las restricciones a la libertad personal si no se establecen garantías rigurosas de excepcionalidad, proporcionalidad y control.
Debilitamiento de la atención comunitaria: la posibilidad de fortalecer instituciones especializadas no debe implicar un retroceso en el desarrollo de centros territoriales, hospitales de día, atención ambulatoria y dispositivos de inclusión social.
Mayor desigualdad en el acceso a la salud: la falta de recursos humanos y presupuestarios puede afectar especialmente a quienes dependen del sistema público.
Traslado de responsabilidades a las familias: la continuidad de los tratamientos y los procesos de externación deben contar con respaldo estatal y profesional, sin depender exclusivamente de los recursos familiares.
Fundamentos jurídicos y rol de la Universidad Pública
Este posicionamiento se fundamenta en la Constitución Nacional, la Ley 26.657, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y 27.044). Estas normas reconocen la autonomía, la igualdad, la dignidad, el consentimiento informado, la capacidad jurídica y el derecho a recibir atención de salud sin discriminación.
Toda modificación legislativa debe respetar estos principios, garantizando que las internaciones involuntarias sean excepcionales, debidamente fundamentadas y sometidas a controles efectivos. Asimismo, la Ley 26.657 (artículo 33) establece la responsabilidad de las universidades en la formación de profesionales conforme a los principios de derechos humanos y salud mental. En este sentido, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tiene un papel fundamental en la promoción de debates académicos y en la defensa de políticas sanitarias integrales.
En función de lo expuesto:
- Hacemos llegar a las y los legisladores de Entre Ríos el presente posicionamiento institucional, quedando a disposición para profundizar las expresiones aquí vertidas.
- Solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación que contemple las observaciones de las universidades públicas, los colegios profesionales, los trabajadores de la salud y las organizaciones de personas usuarias y familiares.
- Sostenemos la importancia de defender las incumbencias, la autonomía y la participación efectiva de los psicólogos y demás profesionales de la salud en los equipos y decisiones institucionales.
- Consideramos imprescindible reconocer y fortalecer las distintas disciplinas que intervienen en la atención, el cuidado, el acompañamiento, la rehabilitación y la inclusión social.
- Reclamamos financiamiento suficiente para garantizar equipos interdisciplinarios, tratamientos ambulatorios, dispositivos territoriales y condiciones laborales dignas.
La salud mental no puede reducirse a una cuestión exclusivamente médica, diagnóstica o institucional; es una dimensión fundamental de la vida humana vinculada con la dignidad, la autonomía y los lazos sociales. La psicología y las demás profesiones del campo de la salud cumplen funciones esenciales que exigen un reconocimiento real y efectivo.
La Universidad Pública tiene la responsabilidad ética, científica y social de participar activamente en este debate, aportando conocimiento y compromiso democrático. Por ello, expresamos nuestra firme oposición frente a aquellas modificaciones que puedan debilitar la interdisciplinariedad, restringir la autonomía profesional, ampliar injustificadamente las restricciones de derechos y desfinanciar los dispositivos comunitarios.
Sin presupuesto que garantice el cumplimiento efectivo de la ley actual, sin conformación de equipos interdisciplinarios ni de programas que promuevan la creación de dispositivos sustitutivos comunitarios y la participación de usuarios y trabajadores de salud, no hay salud mental posible. Sin políticas que promuevan una mejora en las condiciones de vida de la población y la conformación del lazo social, tampoco.
Exigimos un debate legislativo que no restrinja derechos ni subordine saberes.
El desafío de una política pública de salud mental no debe ser aumentar la capacidad de internar personas, sino fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el sufrimiento, acompañar a quienes lo padecen y garantizar su inclusión social.
Sin derechos no hay salud mental. Sin fortalecimiento y promoción de la comunidad no hay inclusión social”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora