La de este jueves será una fecha clave en la tramitación de la causa por abusos que se sigue en la Justicia contra el cura Marelino Ricardo Moya.

La investigación, abierta el 29 de junio de 2015, tras el testimonio que brindaron dos jóvenes, ex integrantes de los grupos juveniles de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, tuvo un primer giro en mayo último cuando la fiscal Nadia Benedetti pidió al juez de Garantías de esa jurisdicción, Carlos Ramón Zaburlín, la remisión a juicio con el cierre de la investigación penal preparatoria.

El martes hubo una audiencia en los Tribunales en los que cada parte argumentó por la remisión a juicio, en el caso de la fiscal Benedetti y los querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel, mientras que la defensa del cura, los abogados Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, planteó la prescripción.

Este jueves, a las 11, habrá una nueva audiencia, y esta vez se espera conocer la resolución del juez Zaburlín: si remite la causa a juicio al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, o resuelve la prescripción, alternativa esta bastante improbable en función de la jurisprudencia que sentó el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa del cura Justo José Ilarraz.

La causa se inició en junio de 2015. Entonces, dos jóvenes, un estudiante de Derecho y un médico, lo denunciaron en la Justicia al sacerdote por esos abusos.

Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan. Las víctimas, dos jóvenes que eran parte de los grupos parroquiales.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.

Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.

La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.

Cuando el caso llegó a la Justicia, Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.

La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.