El empresario Jorge «Corcho» Rodríguez quedó hoy imputado en la causa que investiga la millonaria contratación de publicidad que hizo la administración del exgobernador Sergio Urribarri con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de $ 28 millones en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en el mes de diciembre de 2014.

Aunque el empresario negó cualquier imputación a la salida del edificio de la Fiscalía, este miércoles, tras más de dos horas de declaración indagatoria, lo cierto es que los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa le comunicaron formalmente que está sospechado del delito de peculado como partícipe en primer grado. El peculado es una figura penal que alude al uso de bienes del Estado para provecho propio. El lunes, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quedó imputado doblemente: por peculado y por negociaciones incompatibles con la función pública.

A Nelly Entertainment SA el gobierno de Urribarri le pagó $28 millones para la difusión en medios de todos el país de cuatro spots, filmados por la Provincia, en teoría para la difusión de la Cumbre Mercosur, pero en los hechos sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná, y los otros tres fueron para instalar la figura del exgobernador en el marco del «Sueño Entrerriano», su frustrada candidatura a la presidencia para suceder a Cristina Fernández de Kirchner. De ahí la hipótesis de los fiscales: que se estaría frente a la figura del peculado, una figura mucho más gravosa que las negociaciones incompatibles con la función pública. Esos $28 millones de cobró Nelly fueron a parar a la campaña de Urribarri.

Al «Corcho» Rodríguez, que llegó a la indagatoria flanqueado por sus abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, le tocó, como a cualquier hijo de vecino, un trámite de rigor: le entintaron los dedos, y también lo evaluó un médico de Tribunales. Los fiscales entienden que el rol del empresario, titular de Nelly Entertainment SA, la productora ligada a la familia del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, fue clave: se encargó de la difusión de los cuatro spots, tres de los cuales estuvieron dirigidos a ensalzar la figura de Urribarri en el marco de la campaña electoral.

 

Qué dijo

Después de casi dos horas y media de declaración, «Corcho» Rodríguez salió con aire displicente, y dijo que «me han citado a declarar, declaré y me han tratado muy bien», y respeto de la contratación por $28 millones dijo que la emisión de la publicidad «está certificada».

–¿De qué se lo acusa, Rodríguez? –le preguntaron los periodistas.

–A mí, de nada.

El empresario dijo que «si me llaman a declarar, yo vengo, no hay nada que ocultar, está todo transparente». Y agregó que vino a declarar «porque en ese momento –cuando el Gobierno entrerriano contrató con Nelly– yo era presidente de la compañía», y aseguró que se trató de una «contratación normal», aunque le erró cuando dijo que en la licitación convocada por Urribarri hubo «cuatro empresas». En realidad, fueron tres.

Y negó toda relación con el hijo del exministro Julio de Vido.

–¿Usted es socio de Facundo de Vido en la empresa?

–No, para nada.

 

Qué hay

 

El candor del «Corcho» Rodríguez choca con la prueba acumulada en la causa Nelly/Mercosur. Y con la tesis de los fiscales: que hubo un uso discrecional y reprochable de fondos del Estado para fines particulares.

Como indicó Entre Ríos Ahora, hay dos líneas investigativas en la Justicia: cómo fue que se contrató a una productora de Buenos Aires por una abultada cifra, $28 millones, de qué modo se dio el proceso de contratación –con autorizaciones en tiempo récord en los distintos organismos de contralor—y si los 4 spots de difusión contratados  fueron para dar a conocer la Cumbre del Mercosur, o más directamente se aplicó a la campaña proselitista del “Sueño Entrerriano”.

El “Sueño Entrerriano”, y su financiamiento, es todo un tema todavía no investigado a nivel judicial: con qué fondos se financió la aventura presidencialista de Urribarri. En principio, los números del Presupuesto dan que entre 2014 y 2015 el presupuesto del Ministerio de Báez trepó más del doble: pasó de $45 millones a $98 millones, sin considerar los refuerzos presupuestarios. Aquellos $28 millones que se alzó Nelly Entertainment, que no fueron rendidos como gastos de la Cumbre de Presidentes, ¿fueron para difusión del encuentro de presidentes o para instalar la figura de Urribarri? ¿Y en ese caso, cabe agregar ese abultadísimo monto a los gastos del Ministerio de Báez también? ¿O más aún: ese dinero tuvo un uso reprochable por cuanto se echó mano a fondos del Estado para actividades privadas, en este caso las actividades proselitistas del exgobernaor Urribarri?

La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47ª Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.

La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.

Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.

Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.

Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.