Los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato pedirán hoy al juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara la remisión a juicio oral de la causa por coacciones que involucra a cinco dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud de la provincia, Ariel de la Rosa.

El caso se inició el miércoles 7 de junio tras una batahola que ocurrió en la Colonia de Salud Mental de Diamante y luego de las amenazas recibidas por la directora de la institución, Noelia Trossero. La funcionaria había dispuesto el cese de una suplencia extraordinaria a la enfermera Yanina Migueles, delegada de UPCN, desde el 1° de junio. Adujo mal comportamiento y resistencia a las directivas de sus superiores. Pero además, justificó la medida en la existencia de investigaciones que habían sido derivadas al Ministerio de Salud, una por haber suministrado medicamento equivocado a un paciente.

Pero el extitular de Salud dispuso que Migueles no podía quedarse sin trabajo y le ordenó a Trossero reincorporarla. La orden la llevaron en forma personal los dirigentes de UPCN, que presionaron a la directora de la Colonia de Salud Mental a cumplir la disposición que había firmado De la Rosa. Todo terminó con una denuncia judicial, y cinco dirigentes en la cárcel: José Zarza, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, Guillermo Barreira y Fabián Monzón, este último además director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). A los cinco se les imputa el delito de coacción agravada.

A De la Rosa, coacción agravada y  coacción agravada en coautoría.

La raíz del incidente, el despido de la delegada Migueles, finalmente se solucionó. El Ministerio de Salud dispuso la reincorporación de la enfermera quien, sin embargo, está en uso de licencia por enfermedad. La medida se apoya en el hecho de que la trabajadora tiene fueros sindicales y no puede ser dada de baja.

Pero la resolución administrativa del conflicto no rozó el avance de la causa judicial.

Este viernes, a las 9, en los Tribunales de Diamante,

Se trata de una audiencia conclusiva en la que se pedirá la remisión a juicio de la denominada causa UPCN.

Allí se espera que estén los defensores de los dirigentes de UPCN, Marcos Rodríguez Allende y Vanesa Visconti, quien es directora del Registro Civil de Entre Ríos, y los letrados que representan a De la Rosa, Julio Federik y Leopoldo Lamburschini.

Aunque soportaron prisión, todos los involucrados ahora están en libertad.

 

El sábado 24 de junio, y tras 15 días de prisión domiciliaria tres de los cinco dirigentes sindicales de UPCN recuperaron su libertad, según lo dispuesto por el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara. En esa audiencia, , el magistrado no hizo lugar a la petición de los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato, de extender la prisión preventiva por 15 días dictada el viernes 9 de junio, y dispuso la libertad de los dirigentes Fabián Monzón, adjunto de UPCN y director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Guillermo Barreira y José Zarza, miembros de conducción del sindicato a nivel provincial.

Junto a las dirigentes Carina Domínguez y Zunilda Suárez, Monzón, Barreira y Zarza están imputados por el delito de coacción agravada en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, a quien se pretendió obligar, bajo amenazas, a reincorporar a una enfermera a la cual se le había suspendido una suplencia extraordinaria, Yanina Migueles, a la vez delegada de UPCN. La coerción sobre Trossero no sólo fue ejercida por los cinco gremialistas, sino también por el ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa, doblemente imputado: por coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

La defensa de De la Rosa está a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik; en tanto, que los cinco dirigentes son asistidos legalmente por Rodríguez Allende y Visconti. En la audiencia de este sábado, los fiscales Taleb y Dato rearmaron su estrategia y lograron que la defensa de los cinco sindicalistas de UPCN acceda a suministrar los PIN y patrones de tres de los cuatro teléfonos celulares secuestrados el miércoles 7 de junio, en Diamante. Los peritos de momento no han podido acceder a los chats y conversaciones de esos dispositivos, que los
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.