“Yo hacía dedo para ir a estudiar, tengo en mi retina aquellos días, en la ruta 18. Hoy cuando paso por allí, sólo me digo: ´Valió la pena –le guste o no a los que me fustigan–, encontré una provincia y dejé otra´. Si algo me ha caracterizado es que, frente a cualquier crítica, yo contesto con una obra, y contestar con una obra no es una cuestión narcisista, es la conciencia de que una obra es menos injusticia, es un pueblo un poco más saludable, una familia con más derechos”.

En su libro “El pueblo manda” –$350, una tirada de 2.000 ejemplares que se imprimió en Al Sur Producciones Gráficas SRL, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con prólogo del exasesor del Gobierno de Entre Ríos, Pacho O´Donnell–, Sergio Urribarri arma su figura con los cánones del estadista que siempre pretendió ser. Pero la realidad se empeña en ponerlo contra la pared, y frente a los tribunales: tiene una lista por ahora inacabada de causas penales por supuestos hechos de corrupción durante sus dos gestiones, entre 2009 y 2015.

La causa madre que puso al exgobernador en la mira de la Justicia se inició a raíz de una investigación periodística de la revista “Análisis”, que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri. La investigación llegó a Tribunales luego de que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet lo denunciaran al ahora presidente de la Cámara deDiputados por supuesto enriquecimiento ilícito.

A esa causa se sumó una segunda, que fue caratulada “Aguilera, Juan Pablo y Otros s/Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a la Administración Publica, Peculado y Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Falsificación de documentos públicos”. En septiembre de 2016, la fiscal Patricia Yedro imputó y llamó a indagatoria al exministro de Comunicación, hoy diputado provincial del FPV, Pedro Báez, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. En esa causa será llamado a indagatoria Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y la línea investigativa llegaría también al exgobernador.

Las contrataciones que realizó la provincia durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014, abrieron dos causas más. Una es la denominada causa Nelly.

Urribarri está imputado doblemente, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en el proceso que investiga la contratación millonaria ($28 millones) de la firma Nelly Entertaiment SA para la difusión de cuatro piezas audiovisuales, de las cuales tres estuvieron dirigidas a instalar la figura del exgobernador en el marco del “Sueño Entrerriano”, su frustrada precandidatura a la Presidencia de la Nación. En la causa también están imputados Jorge Rodríguez (Nelly) y el ex ministro de Comunicación, Pedro Báez. Los fiscales a cargo de la causa son Alejandro Cánepa y Santiago Brugo.

También el fiscal Juan Malvasio lleva adelante otra investigación relacionada con la Cumbre Mercosur: están en la mira a cinco empresas del rubro de la construcción que fueron contratadas en forma directa por la administración Urribarri para realizar distintas obras y prestar servicios logísticos para la organización de la Cumbre de Presidentes de Mercosur. Ya están imputados la actual directora de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, y Miguel Ángel Marizza, responsable de Construcciones Antonio Caballi SA. No sólo a Marizza y su empresa Cavalli investiga la Justicia: también la mirada está puesta sobre las empresas Szczech & Szczech SA, Luis Losi SA, Cemyc SRL y Organización Industrial Constructora SA (Oica). La punta del iceberg es el decreto Nº 3.974/2014, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” que firmó el entonces titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech. El delito que investiga es Fraude a la Administración Pública, y la fuerte sospecha de que en esas contrataciones se pagaron sobreprecios. Lo que se llevaron las firmas constructoras, ese selecto club de cinco firmas, no fue poco durante la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur que se desarrolló en Paraná entre el 16 y 17 de diciembre de 2014. Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. El brazo de la Justicia todavía no alcanzó a Urribarri. Pero las balas pican cerca.

Otro frente abierto judicial es el montaje del parador playero en Mar del Plata. A principios de junio el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) se presentó en el Ministerio Público Fiscal, con el patrocinio legal del abogado Rubén Pagliotto, para solicitar se abra una investigación sobre aquel costoso parador que el ex gobernador Urribarri instaló a principios de 2015 en Mar del Plata. La causa quedó a cargo de los fiscales Santiago Brugo, Alejandro Cánepa y Juan Francisco Ramírez Montrull. En la causa se investiga cómo se contrató a la empresa “El Juego en que Andamos”, de Gerardo Caruso, entonces Director Artístico y de Contenidos del programa “Fútbol para Todos”, y que desde el 2009 figuraba como contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación. La contratación fue por $14.561.870.

También Urribarri quedó en la mira luego de que los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto lo denunciaran en septiembre de 2016 por el supuesto delito de dádivas. A Urribarri le reprochan usar para uso particular un lujoso autómovil Audi, propiedad de la empresa Kaskira, que se atribuye al dueño de Canal 9 Litoral, Jorge Aníbal Pérez, un empresario que además tiene acciones en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo y en las salas de juegos Neogame SA. El 22 de mayo de 2017 declararon ante los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro Jorge Aníbal Peréz y Gustavo Adolfo Vázquez, presidente y vicepresidente de Kaskira SA, respectivamente. Ambos son representados legalmente por los abogados penalistas Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

Mientras, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl tramita una demanda por calumnias e injurias que entabló el abogado Guillermo Mulet contra Urribarri. En agosto de 2016, el magistrado pidió el desafuero de Urribarri para llamarlo a declarar, pero la Cámara de Diputados, en septiembre de ese año, lo puso a salvo de la justicia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.