La Iglesia Católica de Paraná no pasa por un buen momento: acorralada por casos de abusos que tienen como principales involucrados a miembros del clero, ahora soporta una sangría constante de gente que renuncia a su bautismo.
La acción, técnicamente conocida como apostasía, empezó en junio, y siguió en julio, y ya son más de 100 las personas que han renunciado a su pertenencia al catolicismo. Ya van tres oleadas de presentaciones organizadas por el colectivo Apostasía Colectiva Entre Ríos, una acción que cobró impulso luego de la discusión del proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional en el Congreso denominado de Libertad Religiosa.
La iniciativa del Gobierno nacional propone extender la inembargabilidad de los lugares de culto a todas las religiones reconocidas por el Estado –hasta ahora, ese es un privilegio exclusivo de la Iglesia católica–. Además, establece el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, por el cual “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. En todo caso, señala, “el objetor debería ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”.
Además, propone “el libre acceso a lugares de internación, detención o cuarteles” a ministros de todos los cultos, algo que ahora es exclusivamente prerrogativa de la Iglesia católica –y que se sirvió de privilegios como ese para, por ejemplo, acceder a datos privados de mujeres que estaban a la espera de abortos no punibles para escracharlas–.
La iniciativa fue reprochada por Amnistía Internacional, que señaló que “preocupa especialmente el artículo 7 del proyecto sobre Libertad Religiosa. Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que `toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica´ incluyendo a los funcionarios públicos.
“Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la `objeción de conciencia´, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea `sincera´ presumiendo la `buena fe´ del objetor por la existencia de dicha norma religiosa”.
Así, dice Amnistía, podrían darse estos casos:
-Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.
-Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión.
-Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.
-Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.