“Tenemos la bala de plata”.

La frase se escucha en Tribunales y alude de modo inequívoco a las pruebas colectadas en la ambiciosa investigación judicial en torno a las serias sospechas de corrupción en la administración del exgobernador Sergio Urribarri al momento de efectuar las millonarias contrataciones previas a la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Paraná, en diciembre de 2014.

Hay dos pesquisas en Tribunales: una, sobre la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, del mediático Jorge “Corcho” Rodríguez, por $28 millones, para la difusión en canales de todo el país de cuatro spots, de los cuales tres fueron una clara promoción de la figura de Urribarri en su frustrada intención de lanzar su precandidatura a presidente de la Nación.

La otra investigación indaga en el modo cómo se distribuyó la pauta prevista para obras de infraestructura en la ciudad, y que tiene en la mira, entre otros, al constructor estrella del mundo empresarial entrerriano, Miguel Ángel Marizza, quien suele mostrar sus destrezas como DJ en la Fiesta de Disfraces.

Esa causa está en manos del fiscal Juan Malvasio, y en una primera medida procesal ya imputó a Alicia Benítez de Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad, y a Miguel Ángel Marizza, responsable de Construcciones Antonio Caballi SA, en el marco de la causa donde se investigan irregularidades en las contrataciones para la Cumbre del Mercosur.

El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.

El acuerdo lo firmó el entonces titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.

Así, se puso en marcha el denominado Operativo de Obras, Servicios y Provisiones de Bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El delito que investiga es Fraude a la Administración Pública, y la fuerte sospecha de que en esas contrataciones se pagaron sobreprecios.

La pesquisa debe necesariamente ir más arriba, y llegar hasta Urribarri.

Pero el exgobernador tiene la complicación judicial más inmediata con la “causa Nelly”, a cargo de los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa.

Urribarri fue citado a prestar declaración en la causa Nelly/Mercosur el 31 de agosto próximo, y lo hará como imputado en dos figuras delictivas: peculado y negociaciones incompatibles con la función, la misma doble imputación que ya recayó sobre su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez.

El texto redactado por los fiscales da cuenta que a través de la gestión realizada en el expediente administrativo N° 1656798, con el que se inició la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, se autorizó el pago de un monto de $28 millones para la difusión de cuatro spots publicitarios, en teoría, de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Mas ése no habría sido el propósito. El fin último de la emisión de esa publicidad en todo el país, en opinión de Brugo y Cánepa, sólo sirvió para solventar la campaña de Urribarri, el «Sueño Entrerriano».

Aquel expediente se inició el 25 de noviembre de 2014, a escasos 20 días de inicio de la Cumbre de Presidentes en Paraná, y logró un tránsito ultraveloz en cinco días por diez oficinas distintas, entre ellas las del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, entonces al mando de Guillermo Smaldone. Así se legalizó la contratación y, luego, se habilitó la contratación con Nelly Entertainmet SA, y el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos.

 

La tesis de los fiscales es que con ese trámite “se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) –cuya administración y disposición estaban a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos—la suma de $28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.

 

Los fiscales sostienen que Urribarri dictó el decreto N° 4.800/14, “mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno (cuatro días después hubo un decreto correctivo, que bajó esa cifra a $28,4 millones, NdelR). Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la ley 10.327(artículo 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, en la persona de su presidente, Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.

 

En esa contratación “direccionada”, tal cual entienden Brugo y Cánepa, intervinieron Urribarri, “en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Tuvo la imprescindible participación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quien en el marco de su rol funcional, interesó la contratación en el marco de la ley excepcional 10.327, aportó los spots, incidió en la asignación del contrato y refrendó el decreto 4.80072014; del coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y del coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul, quienes llevaron adelante los procedimientos administrativos que favorecieron la sustracción, conducta descripta como negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe”.

 

En la causa Nelly/Mercosur, el exministro Báez ya carga con una doble imputación: negociaciones incompatibles con la función pública y peculado; Jorge “Corcho” Rodríguez, responsable de Nelly Entertainment SA, está imputado del delito de peculado como partícipe primario; resta la imputación formal a Urribarri, por negociaciones incompatibles y peculado; y la figura penal que se les impondrá a los funcionarios que estuvieron al frente de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul y Hugo Céspedes.

“No citamos a indagatoria a nadie sin tener la certeza de que está comprometido en la investigación. Nosotros tenemos la bala de plata”, dice la fuente consultada respecto de la abultada documentación que avala la pesquisa.

El último día de agosto, y por primera vez, Urribarri se sentará ante los fiscales, como antes lo hicieron Báez y “Corcho” Rodríguez. Previamente, lo harán el excoordinador general de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes; y el ex el coordinador contable, Gustavo Javier Tortul.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.