Los docentes de las escuelas públicas de gestión privada de Entre Ríos le pidieron al Gobierno una “pronta solución” a la falta de remisión de los fondos con los cuales hacer frente al pago de los salarios docentes que tienen subvención estatal.
La petición fue dirigida al gobernador Gustavo Bordet, al ministro de Economía, Hugo Ballay, y al presidente del Consejo de Educación, José Luis Panozzo.
Los docentes de las escuelas públicas de gestión privada estaban incluidas en el cronograma oficial de pago de haberes para el martes 7, pero de modo sorpresivo, cuando fueron a los cajeros, no encontraron nada. Y no hubo ningún tipo de explicación oficial respecto de qué fue lo que sucedió.
Incluso hasta las últimas horas de este miércoles los apoderados legales de los colegios privados estaban en ascuas. Y sólo con la promesa hecha por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, respecto a que la situación se normalizaría durante la jornada de este jueves.
No obstante, La Asociación de Establecimientos Privados de Enseñanza de Entre Ríos, que preside el concordiense Jesús Penayo Amaya, hizo público un comunicado a través del cual hizo saber de “nuestra preocupación antes el retraso en el envío de fondos para el pago de salarios por parte del Estado provincial”.
Aunque la falta de certezas también se torna más grave por cuanto “falta de información” oficial a lo que se suman “las permanentes contradicciones en cuanto a las fecha de depósito, lo que conlleva que repitamos dicha información, generando malestar en nuestro personal como del propio sindicato que los nuclear”.
“Es vox populi que no estamos en condiciones de abonar per se los salarios, así como que, la decisión de llevar adelante la tarea de concretizar el derecho a la educación, prestando un servicio social fundamental, que no tiene fines de lucro, se hace contando con el reconocimiento económico por parte del Estado provincial. Estamos en condiciones de afirmar que no se hubiese creado ninguno de nuestros servicios educativos, de no contar con el adelanto para el pago de los sueldos sucesivamente reconocidos por el Estado”, señaló la entidad.
Las escuelas públicas de gestión privada, la mayoría administradas por la Iglesia Católica, funcionan a partir de un acuerdo con el Estado, que asume el pago de los salarios de la plantilla docente, lo que absorbe el 14,40% del presupuesto total de la provincia destinado a educación, más de $1.500 millones.
Ante el retraso en la liberación de los fondos para los salarios docentes de escuelas privadas, la entidad que nuclear a los apoderados legales dicen que son sometidos a un “trato desigualitario frente a otros docentes (públicos) quienes sí perciben sus salarios conforme al cronograma de pagos oportunamente difundido”.
“Nos preocupa y ocupa esta difícil situación, reconociendo el derecho a percibir sus salarios, como el rol fundamental que cumplen en la enseñanza a nuestros alumnos”, señalaron.
Frente a esa situación, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) también reclamó al Gobierno una urgente solución.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.