Los dos funcionarios que más directamente manejaron las cuentas de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó a mediados de diciembre de 2014 en Paraná y cuyos gastos ahora investiga la Justicia, fueron confirmados en sus puestos por el actual gobernador Gustavo Bordet.
Aunque la lupa de la Justicia –la investigación está a cargo del fiscal Santiago Brugo—recae con más peso sobre los máximos responsables políticos del manejo discrecional de fondos públicos, el exgobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, hay dos funcionarios que fueron clave en el manejo de la chequera.
Urribarri logró que la Legislatura le dejara las manos libres para gastar sin control en la organización de la Cumbre Mercosur, y para administrar los fondos del Estado creó una Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, a cuyo frente ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tórtul.
Céspedes y Tórtul siguen en la actual gestión en esos mismos cargos.
Ninguno ha sido removido, a pesar de que la Justicia está tras los pasos de los gastos de la Cumbre Mercosur.
Urribarri dio forma a esa Unidad Operativa a través del decreto N° 3.615, firmado por el gobernador Sergio Urribarri. Y la facultó a “utilizar el procedimiento de contrataciones directas para la ejecución de las obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros y en general para toda compra y/o todo acto y/u operación que resulten necesarios para la realización” de los distintos actos que tendrá lugar durante el desarrollo del encuentro continental de diciembre en Paraná.
La Ley N° 10.327 resultó un mero trámite legislativo que vino a legalizar lo que ya el Gobierno había resuelto por decreto.
Pero los modos cómo se gastó, a quién se benefició y el sistema de autorizaciones exprés que hubo ya despertó la sospecha en la Justicia, que averigua la posible comisión de delitos.
Como informó Entre Ríos Ahora, la lupa está puesta sobre los casi $30 millones que la administración del exgobernador Sergio Urribarri le pagó a una empresa de Buenos Aires, Nelly Entertainment SA, propiedad de Facundo de Vido, hijo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el exmarido de la conductora de TV Susana Gimenéz, Jorge “Corcho” Rodríguez.
El ojo está puesto también en el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez.
Urribarr y Báez pagaron una cifra superior a los $28 millones a la firma Nelly Entertainment SA para la difusión “del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos en televisión por aire y por cable a nivel nacional” a partir del 10 de diciembre y por quince días en el marco de la Cumbre Mercosur.
Por un monto muchísimo menor, también se contrató a la productora La Aldea Comunicación SA, por un monto total de $1.194.158,68, “para la difusión del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos, en las redes sociales Facebook, Twitter y Google”, a “nivel nacional” a partir del 10 de diciembre y por quince días consecutivos. La Aldea es propiedad de Javier “el Profe” Romero, un periodista que supo trabajar al lado de Jorge Lanata, pero que adquirió mayor repercusión en el programa ultrak Duro de Domar, en canal 9 de Buenos Aires.
Una altísima fuente de la Justicia reveló a Entre Ríos Ahora que desde el mismo momento en que empezaron a divulgarse las cifras pagadas, y las formas de contratación de Nelly Entertainment SA, comenzó la averiguación desde Tribunales. Pero que el trabajo fue silencioso, hasta ahora, que toda la información recolectada fue puesta en manos de un fiscal, que ya tramita la causa.
La mayor parte de la información de la Justicia surge de las publicaciones de Entre Ríos Ahora respecto de las contrataciones durante la Cumbre Mercosur.
Según publicó entonces este sitio, fuentes consultadas admitieron que la contratación no podía enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que Rodríguez y De Vido subieron a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente de la Nación, Sergio Urribarri. En dichos spots el exGobernador anfitrión hablaba de la inversión del Ejecutivo entrerriano en Seguridad, Educación e Investigación Científica. Como única mención al cónclave histórico, los videos contienen una inscripción en su parte inferior que reza: “Entre Ríos, sede de la XLVII Reunión de Presidentes del Mercosur”, casi, casi, como una manera de justificar la utilización para una contratación millonaria, de un material que no tenía nada de “inherente”.
Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de Noviembre de 2014.
Otra peculiaridad del expediente para la contratación directa por $28 millones con una agencia de Buenos Aires es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad resultó llamativo que en cinco días hábiles (27 y 28 de noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.
Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Eso, ahora, está siendo investigado por la Justicia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.