Silvio José Fariña Vaccarezza es párroco de San Cayetano, el templo del barrio San Roque donde hoy se venera al que los católicos llaman «el santo del pan y del trabajo».
Fariña Vaccareñña es porteño, nació en 1953, pero se mudó a Paraná para hacerse cura: el ahora cardenal Estanislao Karlic lo ordenó en 1985. Es, además, abogado: obtuvo el título en la Universidad Católica de Buenos Aires, y es licenciado en Derecho Canónico.
Por esos antecedes, en 1995 Karlic lo designó oficial de justicia en la curia y lo puso a investigar las denuncias por abusos que pesaban entonces sobre el cura Justo José Ilarraz. Pero el proceso se llevó adelante incumpliendo una garantía básica: la instrucción del sumario y la aplicación de la condena –el destierro– se llevaron adelante sin que el acusado, Ilarraz, estuviera al tanto, ni pudiera declarar a su favor. Se había marchado a Roma, autorizado por Karlic, en 1993, y allá estuvo hasta 1997.
Ni Karlic ni el abogado Fariña Vaccarezza pusieron al tanto a la Justicia de esos delitos que investigaron a hurtadillas: nadie supo de esa investigación –ni tan siquiera las familias de las víctimas– y cuando todo se decidió que había concluido, en 1996, el informe se guardó en el archivo secreto de la curia.
«San Cayetano nos llama a dar lo mejor de nosotros, a vivir sobre la oración y el amor, la primera nos comunica y el segundo nos hace trabajar por los demás», dijo hoy a Canal Once Fariña Vaccarezza, puesto en el lugar de párroco de San Cayetano,
Fariña Vaccarezza supo de los abusos, y al igual que todo el clero, guardó silencio.
El 5 de julio de 1995, Karlic firmó un decreto que ordenó a Fariña Vaccarezza “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano.
Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia. El día 24 de julio Karlic designó al sacerdote Luis Zanitti promotor de justicia y le asigna la tarea de revisar lo hecho por Fariña Vaccarezza en el caso Ilarraz; cinco días después, Zanitti informa a Karlic que se había actuado bajo normas, y recomienda elevar todo a Roma.
En Roma ya estaba Ilarraz.
El decreto N° 39/93 firmado por Karlic lo autorizó a ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996. En los primeros meses de 1997 regresó a Argentina. Pero no a Paraná; se marchó a Tucumán. Acá habían dispuesto su expulsión.
El 18 de diciembre de 1996 Karlic firmó otro decreto por el que dispuso una sanción muy leve: sólo le prohibió al cura “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas”.
Ese texto dice que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”.
Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”. Pero ante la gravedad de los testimonios –uno de las víctimas, que entonces tenían entre 10 y 14 años, habló de acceso carnal por parte de Ilarraz—no se actuó en consecuencia, sino que le dejaron la puerta abierta para que el cura siguiera ejerciendo en otra diócesis, como de hecho ocurrió.
La disposición de Karlic sólo dejó en suspenso una eventual sanción más dura: el texto del decreto de 1996 especifica que “la desobediencia” de la disposición de no acercarse a la diócesis de Paraná “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Esa medida, la suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, recién se dispuso el 7 de septiembre de 2012.
En el ínterin, Ilarraz se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana, y un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Más todavía, el 21 de mayo de 2004 el arzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.
El 13 de noviembre próximo comienzan los debates orales en el marco del juicio al cura Justo Ilarraz por los abusos en el Seminario de Paraná. A las cuatro denuncias que conoció la Iglesia en 1995, y que nunca denunció en la Justicia, se sumaron tres más en el proceso en el fuero civil. Para entonces, Karlic y Fariña y el resto de la cúpula eclesiástica citada como testigos deberán contar por qué actuaron como actuaron, y por qué guardaron silencio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.