Sergio Urribarri debió haber tomado los tres sorbos de caña con ruda cuando amaneció el mes de agosto, tal como indica la tradición, para aventar sinsabores.

El mes de agosto se presenta complicadísimo a nivel judicial para el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Ya tiene fecha para la indagatoria en la causa que investiga la contratación de la productora Nelly Entertainment SA durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014, a la que la administración Urribarri contrató por $28 millones para difundir cuatro videos en canales de televisión.

Tres de esos videos fueron para instalar mediáticamente el “Sueño Entrerriano”, la frustrada aspiración presidencialista de Urribarri. La contratación de Nelly Entertainment durante la Cumbre Mercosur, según la tesis de los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, fue ostensiblemente amañada.

En esa causa, Urribarri está doblemente imputado: por negociaciones incompatibles con la función pública y por peculado, al igual que su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; también, está imputado como partícipe el empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez.

Los fiscales lo citaron a Urribarri para el jueves 31 de este mes.

Mas en los Tribunales el exgobernador tiene una agenda apretadísima: en paralelo, avanza la causa por supuesto enriquecimiento ilícito; una investigación por dádivas (el dueño de Canal 9 Litoral y accionista en Howard Johnson Mayorazgo, Jorge Pérez, de la firma Kaskira SA, puso un Audi a disposición del exgobernador y de su esposa, Ana Lía Aguilera); se suma la investigación por la instalación de un parador de campaña en Mar del Plata; y ahora resurge una causa que se inició a partir de una denuncia hecha en 2013 por el actual diputado nacional Jorge D`Agostino (UCR), por  supuestas  violaciones a la Ley Nº 5.140 de Contrataciones del Estado. En la denuncia se involucró, además de Urribarri, al exministro de Cultura y actual diputado provincial Pedro Báez y al exvicegobernador José Cáceres.

La causa está en manos de la fiscal Viviana Ferreyra, y se tramita en el Juzgado de Transición Nº 1, a cargo de María Gabriela Garbarino. Y a principios de este año cobró vida procesal.

En su denuncia, D`Agostino puso el dedo en la llaga: destacó que durante la gestión del tándem Urribarri-Báez “se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor”.

D´Agostino hizo notar que los medios más beneficiados por la inequitativa distribución de la publicidad fueron canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal Lopez), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.

El gobierno también adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Meands SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México, creada para “prestar y explotar servicios de radiodifusión, teledifusión y publicidad de todo género”.

 

La empresa está conformada por Leonardo Poma y Germán Esteban Buffa, este último contador -con domicilio en la ciudad de Rosario del Tala- consultor del gobierno, contratado por la Ucep,  dependiente del ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas provincial, a cargo de Diego Valiero.

Consultado por Entre Ríos Ahora, D´Agostino fue cauto.  «Sigo la causa por los medios y trato que la fiscal trabaje tratando de evitar mis opiniones. Hace cinco años y medio de la denuncia. Es el Poder Judicial el que debe hablar», se excusó ante la consulta. Y agregó: «Por ahora, y hasta que no avance en serio, hasta ahí es lo que opino».

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.