La causa que tiene como imputado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública al extitular del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, y que salpica a familiares y amigos tendrá una nueva instancia de relevancia esta semana.

El viernes al mediodía, la juez de Garantías Susana María Paola Firpo presidirá la audiencia en la que se tratará la suspensión del juicio a prueba (probation) a la parentela de Canosa, imputados como partícipes en el delito de negociaciones incompatibles. Esa audiencia fue convocada a raíz de la solicitud formulada por los abogados defensores de los acusados, que se reparten Leopoldo Lambruschini, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli. Para Alicia Cuestas, cuñada del ex titular de la tarjeta, los letrados pidieron directamente el sobreseimiento. La probation para todo el clan Canosa podría prosperar por cuanto ninguno es funcionario.

Canosa dirigió los destinos de Sidecreer entre 2009 y 2015, y durante ese lapso, según sospecha la Justicia, cometió una serie de irregularidades. Hoy el ex funcionario está a cargo del área Legal de la Cámara de Diputados, que preside el exgobernador Sergio Urribarri.

La fiscalía acusa a Canosa de haber hecho negocios con sus familiares mientras estuvo al frente de la tarjeta estatal. Se le imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y sus familiares y amigos, como partícipes necesarios. En esa calificación quedaron su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y al esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Hace algunas semanas la investigación de los fiscales dio con otra figura vinculada al clan Canosa. Se trata de José Daniel Romero, dueño de JDR Construcciones, quien está casado con la hermana de la madre de Canosa. Es decir, un tío político del extitular de Sidecreer. JDR realizó trabajos de albañilería para la tarjeta provincial en tiempos de la gestión Canosa, que se extendió entre 2009 y 2015.

Concretamente, la fiscalía cuenta con una importante cantidad de documentación en la que se observa que Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer por un monto de 262.300 dólares.

También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas -pareja de Carlos Alberto Canosa-; a la hermana de ésta María José Cuestas; y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba, a través de Excelcom SA, otros 635.000 dólares en insumos informáticos.

Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia -presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente-, y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo de Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.

Cuando la  fiscalía estuvo a punto de requerir la elevación a juicio de la causa por negociaciones incompatibles, ocurrió un incidente que retrasó el trámite judicial: los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, recusaron al fiscal Malvasio por una entrevista que dio a radio RD el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) en la que dio cuenta de una charla que había mantenido con el representante del Ministerio Público Fiscal. El 19 de junio la jueza de Garantías Paola Firpo rechazó el pedido de recusación.

Así las cosas, el miércoles 9 de agosto, la fiscalía presentó el pedido de remisión a juicio oral por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Resta que la magistrada convoque a una audiencia donde se formalizará la acusación y se discutirá la prueba reunida para el eventual juicio oral y público.

Causa enriquecimiento

Juan José Canosa tiene una segunda causa en el Ministerio Público Fiscal, pero que aún se encuentra en etapa de investigación: se trata del expediente que investiga el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Semanas atrás los abogados de Canosa buscaron que se excluyan pruebas de la causa al pedir la nulidad de los allanamientos ordenados a finales de abril a cuatro mutuales de la ciudad en el marco de la causa por enriquecimiento que sustancian los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio.

En particular, intentaron anular aquellas pruebas que reflejaban las “inversiones” del exfuncionario en las mutuales. El 8 de agosto la jueza de Garantías rechazó el pedido de la defensa.