“Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.
El sábado 3 de enero de 2015, Sergio Urribarri puso pie en Mar del Plata, en una playa de Mar del Plata, e inauguró un parador kitsch y con clima de fiesta: plantó palmeras extraídas de la costa del Uruguay, llevó comparsas de Gualeguaychú, contrató a Miranda para que tocara, y se sacó fotos exprimiendo naranjas: una inequívoca pretensión de mojarle la oreja al entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Casi siempre, el que ríe último, ríe mejor. Scioli terminó quedándose con la candidatura a presidente para suceder a Cristina Kirchner, una aspiración que hociqueó Urribarri pero que tuvo que abandonar a poco de andar. El resto, es historia conocida: Scioli no pudo con Mauricio Macri. Mientras, el proyecto presidencialista de Urribarri, que sus exégetas denominaron el «Sueño Entrerriano», acabó donde sus impulsores menos esperaban: discutiéndose en los estrados judiciales.
Urribarri tiene abiertas tres causas en la que se investiga el delito de peculado, esto es utilizar fondos y bienes del Estado para asuntos privados, como fue su precandidatura presidencial. Por dos de esas tres causas deberá responder en la indagatoria a la que fue citada por la Justicia para este jueves 31. La primera citación es por la causa Nelly/Mercosur: los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, a cargo de la investigación por una millonaria contratación durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014, le reprochan a Urribarri la utilización de fondos del Estado en beneficio propio para financiar la campaña del “Sueño Entrerriano”.
El texto redactado por los fiscales da cuenta que a través de la gestión realizada en el expediente administrativo N° 1656798, con el que se inició la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, se autorizó el pago de un monto de $28 millones para la difusión de cuatro spots publicitarios, en teoría, de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Mas ése no habría sido el propósito. El fin último de la emisión de esa publicidad en todo el país, en opinión de Brugo y Cánepa, sólo sirvió para solventar la campaña de Urribarri.
Aquel expediente se inició el 25 de noviembre de 2014, a escasos 20 días de inicio de la Cumbre de Presidentes en Paraná, y logró un tránsito ultraveloz en cinco días por diez oficinas distintas, entre ellas las del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, entonces al mando de Guillermo Smaldone. Así se legalizó la contratación y, luego, se habilitó la contratación con Nelly Entertainmet SA, y el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos.
La tesis de los fiscales es que con ese trámite “se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) –cuya administración y disposición estaban a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos—la suma de $28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.
Los fiscales sostienen que Urribarri dictó el decreto N° 4.800/14, “mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno (cuatro días después hubo un decreto correctivo, que bajó esa cifra a $28,4 millones, NdelR). Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la ley 10.327(artículo 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, en la persona de su presidente, Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.
En esa contratación “direccionada”, tal cual entienden Brugo y Cánepa, intervinieron Urribarri, “en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Tuvo la imprescindible participación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quien en el marco de su rol funcional, interesó la contratación en el marco de la ley excepcional 10.327, aportó los spots, incidió en la asignación del contrato y refrendó el decreto 4.80072014; del coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y del coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul, quienes llevaron adelante los procedimientos administrativos que favorecieron la sustracción, conducta descripta como negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe”.
Hay una segunda causa abierta por el «Sueño Entrerriano», y surge de un análisis detenido sobre los gastos en publicidad del Gobierno de Entre Ríos en 2014. En particular, la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014, en 18 diarios nacionales por más de 4 millones de pesos.
La solicitada por la que Urribarri desembolsó esos millones de las arcas públicas apareció en los medios de gran tirada y portales web el 22 junio de 2014, y en la tesis de los investigadores judiciales no fue más que una estrategia más de proselitismo de su candidadura presidencial, luego frustrada. Por esa causa, Urribarri declarará el jueves 31.
Ese mismo día, lo indagaran por una tercera causa: la que investiga la contratación de publicidad con cartelería en las rutas, en las que uno de las empresas beneficiadas es Tep SRL, que se atribuye al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. El dictamen de apertura de causa que firmó en septiembre de 2016 la fiscal Patricia Yedro está precedido por esta carátula: “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad -entre otras las Nº 183/2010, 331/2010, 954/2010, 350/2010, 1402/2010, 1405/2010, 1864/2010, 2569/10, 2836/2011, 2573/2010, 2839/11, 2574/2010, 2840/11, 1176/11, 3971/11, 754/12, 2060/12, 3393/12, 3974/11, 885/12, 2057/12, 3390/12, 3972/11, 886/12, 2059/12, 3392/12, 3973/11, 887/12, 2058/12, 3911/12, 3912/12, 3918/12, 3922/12, 4438/12, 4440/12, 4433/12, 1213/13, 1208/13, 1233/13, 1237/13, 2081/13, 2085/13, 2080/13, 2078/13, 4186/13, 4189/13, 4193/13, 5810/13, 583/14, 1657/14, 4399/14, 5812/13, 1655/13, 5813/13, 1654/13, 5817/13, 1653/14-, posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”
Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.
La causa contra Báez y Cía arranca así, entonces, con fuego cruzado: una táctica que los fiscales imaginan que seguirá.
Sobre esas tres causas será indagado el exgobernador el próximo jueves 31.
Pero el «Sueño Entrerriano» tiene otra investigación judicial.
A finales de junio, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos) se presentó en Tribunales y pidió que se investiguen los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el montaje del parador playero marplatense en 2015.
La causa quedó en manos de los fiscales Santiago Brugo, Alejandro Cánepa y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Como sustento a su denuncia, el legislador adjuntó una investigación periodística de la revista “Análisis” publicada el 22 de junio pasado y un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en donde dos auditores cuestionan la celeridad con la que se contrató a la firma “El Juego en que Andamos SRL”, para instalar el parador. Los profesionales hicieron notar que la firma tenía sólo seis meses de actividad a la fecha de apertura de sobres en la licitación, y también objetaron que se la haya contratado cuando tenía un patrimonio neto de $60.000,00 para un servicio valuado en casi en $15.000.000,00.
Desde Tribunales ya notificaron a Urribarri de la apertura de esa causa, y se le notificó que debe designar abogado: designó a Marcos Rodríguezz Allende. Pero en ese caso de momento no se fijó fecha de indagatoria, trámite que sí ya esta en las otras dos causas por el «Sueño Entrerriano», y por la contratación de la publicidad con su cuñado, que será el jueves 31.
De la Redacción de Entre Ríos.