La Iglesia Católica de Paraná se enfrenta a un momento histórico clave: la posibilidad de que uno de los suyos vaya a parar con sus huesos al calabozo de una cárcel durante un cuarto de siglo.

La Fiscalía pidió, el lunes 28 de agosto, en los Tribunales de Gualeguay, la condena a 25 años de prisión para el sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, colombiano, integrante de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo, desde 2005 designado por la Iglesia de Paraná como párroco de san Lucas Evangelista, en Lucas González, de donde fue sacado, de urgencia y a los apurones, el 28 de octubre de 2016, luego de que se presentara ese mismo día una denuncia en su contra por abuso de un nene de 11 años ante la Justicia de Nogoyá.

Puiggari supo antes que nadie de que Escobar Gaviria tenía denuncias por abuso. Las dos religiosas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, de Lucas González, consultaron al obispo antes de ir a la Justicia  a denunciar que uno de sus alumnos había sido manoseado por el cura. Por eso mismo, cuando el caso estalló en forma pública en Lucas González, Escobar Gaviria ya se había marchado, y había buscado refugio en la Casa Padre Lamy, de Oro Verde, de donde después fue echado por los religiosos de la congregación Servidores de Jesús y de María, al enterarse de su prontuario.

Silvia Muñoz, mamá de R, el nene cuyo caso abrió la investigación sobre el cura por abusos y corrupción de menores, dice que jamás le dieron la oportunidad de enfrentarlo cara a cara a Escobar Gaviria. Que cuando ella fue donde la iglesia para buscarlo, la curia ya lo había sacado de Lucas González, y lo había mandado a Oro Verde.

Como le ha pasado en el caso de Justo José Ilarraz y también de Marcelino Ricardo Moya –los otros dos curas con causas penales por abusos a menores–, Puiggari ha tropezado con su propia torpeza en el manejo del escándalo Escobar Gaviria. Cuando se enteró de los abusos, ordenó abrir una investigación diocesana,  bajo el apartado del Código de Derecho Canónico que sanciona los “gravioribus delictis”, o sea los delitos más graves.

Se trata de la reforma que introdujo en 2010 el papa Benedicto XVI , pero que ya había esbozado su antecesor, Juan Pablo II y que entre otros cambios, introdujo la ampliación del plazo de la prescripción de la acción criminal, que fue llevado a 20 años.

Ese apartado del Código, además, permite adoptar medidas cautelares mientras se tramita la investigación contra el sacerdote acusado, en este caso, como lo dispuso el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari: la suspensión de Escobar Gaviria de sus facultades para oficiar como sacerdote.

E hizo divulgar el 31 de octubre de 2016 este comunicado:

«Ante las versiones que involucran a un sacerdote que cumple tareas pastorales en nuestra Arquidiócesis, en relación al trato con menores, este arzobispado manifiesta:
1.- Apenas se conocieron dichas versiones, el pasado 27 de octubre, el arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis.-
2.- Como medida cautelar, el sacerdote involucrado, fue separado en esa fecha de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que el proceso investigatorio culmine.-
3.- Expresamos nuestra cercanía y disposición para acompañar a todos aquellos que podrían sentirse afectados por esta dolorosa situación, quienes cuentan con nuestra disponibilidad de escucha, oración, comprensión y afecto.-
4.-Manifestamos nuestra determinación de actuar con firmeza ante situaciones similares que puedan afectar la integridad física y moral de los fieles en general, pero especialmente de los menores.
5.- Con esperanza, pedimos al Dios misericordioso el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas y dolores ocasionados.”

La cercanía a las víctimas y sus familias se dio en sólo un par de encuentros en Lucas González, en los que habría tratado de «pedófilo manipulador» a Escobar Gaviria, aunque cuando esa charla se hizo pública, buscó desmentirla aunque sin mucho esmero. Dio instrucciones al cura Silvio Fariña para que avanzara con la investigación diocesana, pero otra vez el papelón: Fariña admitió durante la instrucción que le creía más a las víctimas que al propio Escobar Gaviria, aunque eso nunca fue admitido en público.

El último eslabón del sendero de resbalones de la Iglesia Católica fue la presencia del sacerdote Leovigildo Escorcia en Gualeguay para acompañar a los seguidores de Escobar Gaviria, sin siquiera acercarse a dialogar con las familias denunciantes y las víctimas. Nadie de la curia lo desautorizó. Y después de ese raid proselitista de Escorcia, que es delegado en Paraná de la Cruzada del Espíritu Santo, se lo vio oficiar misas, durante el último fin de semana, en la parroquia Santo Domingo Savio. Natalia Frías, periodista de un canal de Gualeguay, intentó reportear a los bastoneros de Escobar Gaviria: todos le ladeaban la cara, entre ellos el cura Escorcia, que se escondió detrás de las pancartas que levantaban las mujeres.

Si la Justicia dictamina que Escobar Gaviria es culpable de los delitos de abusos y corrupción de menores la Iglesia deberá pensar qué respuesta da. El cura Leovigildo Escorcia, en Gualeguay, cuando veía un reportero cerca, huía. ¿Qué hará Puiggari?

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.