El jueves 14 de septiembre será la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y que tiene como único imputado al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, quien actualmente cumple la función de asesor legal de la Cámara de Diputados.

Será durante una audiencia que encabezará la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo.

El fiscal Juan Malvasio, a cargo de la investigación de la causa junto a Santiago Brugo, ya había elevado el pedido de remisión a juicio de la causa el 9 de agosto último, pero la pesquisa sobre el clan Canosa, que participó de esas «negociaciones», siguió otros caminos. Los cinco integrantes, entre familiares y amigos de Canosa, zafaron mediante la suspensión del juicio a prueba

Se trata de una investigación judicial que se abrió a partir de la presentación, en 2016, del senador Raymundo Kisser (Cambiemos), y que en el primer tiempo se caratuló en Tribunales, precisamente, así, “Kisser, Raymundo s/Denuncia”, pero que después se abrió en dos causas paralelas: por un lado, negociaciones incompatibles con la función pública, y por otro, enriquecimiento ilícito.

En las dos causas, Canosa, que dirigió los destinos de Sidecreer durante los dos mandatos de Sergio Urribarri en la Gobernación, está seriamente comprometido. La primera causa saca a la luz las contrataciones mañosas que hizo desde Sidecreer con empresas ligadas a su parentela, y creadas esas firmas exclusivamente para negociar con el Estado; la de enriquecimiento, en tanto, ventiló sus muchas inversiones en una serie de “mutuales”, que a la vez resultaban ser “prestamistas” de los socios de Sidecreer, esto es los empleados del Estado.

Aquella investigación sobre negociaciones incompatibles  reveló el modo cómo Canosa, desde la poltrona de mandamás de Sidecreer  distribuyó contrataciones y licitaciones con firmas dirigidas por miembros de su familia. Precisamente, la figura legal de negociaciones incompatibles con la función pública alude a las contrataciones que hacía desde Sidecreer con su parentela, quienes habían quedado imputados todos como partícipes necesarios. Siendo titular de Sidecreer, Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, un total de U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa), y a la hermana de esta, María José Cuestas, y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba (amigo personal de Juan José Canosa), a través de Excelcom SA otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo personal de Juan José Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.

La elevación a juicio de la causa por negociaciones incompatibles –Canosa también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito– tardó por cuanto en medio hubo una discusión, planteada por los defensores del exmandamás de Sidecreer, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, que pretendieron apartar de la causa al fiscal Malvasio.

Esa vía se vio frustrada. El 19 de junio, la Justicia  rechazó el pedido de recusación al fiscal Juan Francisco Malvasio, a cargo, junto a Santiago Brugo, de la investigación penal preparatoria al expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, imputado en la supuesta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La decisión fue adoptada por la jueza Firpo, que de ese modo confirmó la continuidad del fiscal.

Claro que después la causa dejó coimputados en el camino.

Los parientes de Canosa finalmente quedaron afuera de la pesquisa ya que al no haber ejercido como funcionarios públicos no les cabía el reproche de «negociaciones incompatibles con la función pública».

El 25 de agosto, la jueza  Firpo aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que habían sido imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado. La solicitud defensiva contó con el acuerdo de la fiscalía. En representación del Ministerio Público Fiscal concurrió el fiscal Santiago Brugo; en tanto que por la defensa estuvieron los abogados Leopoldo Lambruschini, Ángel Garrote, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

Lambruschini y Garrote representaron a Diego Urba y María José Cuestas; Cullen y Vartorelli defendieron a Mirta Graciela Gueler y José Daniel Romero y Carlos Alberto Canosa (hermano del ex titular de Sidecreer).

Canosa, Gueler y Romero

Carlos Alberto Canosa (44 años, casado con Alicia Cuestas) y su suegra Mirta Gueler (62 años) acordaron realizar trabajos en su taller de costura, que tienen en calle José María Suviría al 1175, durante un año y medio, dos horas semanales. La Oficina de Medios Alternativos (OMA) dispondrá para qué institución sin fines de lucro o del Estado realizarán los trabajos. A Gueler y Carlos Alberto Canosa se les compró indumentaria por diferentes sumas de dinero mientras Juan José Canosa, hermano de aquel, era titular de Sidecreer.

En tanto, José Daniel Romero (61 años), dueño de la firma JDR, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa), acordó realizar trabajos comunitarios, en cualquier institución pública o privada sin fines de lucro, en el rubro en el que se especializa, la construcción, dos horas semanales durante un año y medio.

Según detalló el fiscal Brugo en la audiencia, el hombre realizó tareas de albañilería para Sidecreer por las que cobró diferentes sumas de dinero. El 27 de agosto de 2013 se le pagó más de $ 78 mil; y en los años siguientes recibió pagos que van de los $14 mil a los $3 mil.

 

Trabajos para una fundación

María José Cuestas ( 47 años) y su esposo Diego Urba (47) acordaron realizar trabajos comunitarios: tareas de capacitación en la fundación “Los sin Techo”, en Santa Fe. Dicha fundación está a cargo del programa “Volver a estudiar”, que está dirigida a personas de bajos recursos y que tiene modalidad online.

Las capacitaciones serán por 4 horas semanales durante un año, y se comprometieron a donar dos computadoras en uso pero que estén en condiciones para ser utilizadas. Además, le donarán $5 mil a la misma entidad. La jueza hizo lugar al pedido. Cuestas es presidenta de la empresa Excelcom, y Urba, que es ingeniero en sistemas, es su director comercial. Ambos tienen 3 hijos y residen en Santo Tomé, en Santa Fe.

La compañía de insumos informáticos fue contratada en diferentes oportunidades por la gestión Canosa en Sidecreer, entre 2007 y 2015. Cuestas es hija de Mirta Gueler y Néstor Cuestas; su hermana está casada con Alberto Canosa.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.