Los empresarios Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA), declararon en calidad de imputados este martes por la mañana ante el fiscal Juan Malvasio, que investiga junto a Alejandro Cánepa irregularidades en las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, que se llevó a cabo en Paraná a fines de 2014. El próximo 18 de septiembre, en el marco de la misma causa, declarará Alicia de Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Los empresarios concurrieron al edificio del Ministerio Público Fiscal, en Paraná, junto a la asistencia legal del abogado penalista Miguel Ángel Cullen. Según informó el letrado, sus defendidos negaron los cargos y solicitaron el expediente para analizarlo y ampliar su declaración en otra oportunidad.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Cullen señaló que los empresarios “hicieron una declaración negando las imputaciones y a partir de mañana empezamos la etapa de análisis de todo el material probatorio que tiene la fiscalía. Es muchísima documental”.

Los cuatro empresarios están imputados por el supuesto delito de fraude a la Administración Pública, ya que la fiscalía sospecha de que durante la Cumbre de Presidentes se pagaron sobreprecios.

Sobre la acusación, Cullen sostuvo: “Estamos muy tranquilos, convencidos de que vamos a poder explicar todas las dudas que son legítimas que pueda tener la fiscalía”.

En ese sentido, el letrado indicó que solicitó a la fiscalía los documentos que sirvieron para formular la imputación y que tras ser analizados ampliarán la declaración indagatoria.

“El proceso – recordó Cullen- se inició hace un tiempo largo, el 18 de agosto la fiscalía entendió que había que modificar aquella primera apertura de causa y por eso fue que llamaron a declaración de  imputados. Esta es la primera vez que ellos pueden ejercer su derecho a defensa”.

“La causa está empezando, ahora lo que tenemos que hacer es analizar expediente por expediente y explicar todo lo que la fiscalía entiende que es criticable. Seguramente habrá algunas cosas que la fiscalía compartirá y otras no. Hay muchas cuestiones técnicas, ese trabajo hay que hacerlo una vez que terminemos de analizar toda la documentación que ya fue puesta a disposición por la fiscalía”, finalizó el abogado de los cuatro empresarios.

La sospecha de fiscalía

Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA; Néstor Iván Szczech, presidente de la firma Szczech & Szczech; Rubén Grasso, presidente de la firma Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc); y Daniel Hereñú, presidente la firma Organización Integral Constructora SA (OICSA), están sospechados de haber realizado sobrefacturaciones durante la Cumbre del Mercosur, en connivencia con funcionarios públicos que habrían facilitado los contratos.

El 29 de octubre de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri, mediante el decreto Nº 3.974, puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes.

Como ya contó Entre Ríos Ahora, el acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes –hoy fuera del Gobierno- con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech. Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Aquel comité también lo integró, en representación de la Cámara de la Construcción, Miguel Marizza, el empresario de Caballi Construcciones SA, quien, según el acuerdo, fue “el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

 

La causa Nelly/Mercosur

Miguel Ángel Cullen también es el abogado de otros dos imputados en la causa por las contrataciones durante la Cumbre. Se trata del excoordinador general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), Hugo Félix Céspedes, y el excoordinador contable de la UOCM, Gustavo Tórtul, que están imputados por supuestas negociaciones incompatibles por la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, para la difusión de cuatro spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones de pesos. Tres de esos videos poco tenían que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.  La fiscalía sospecha que se utilizaron para posicionar la imagen del entonces gobernador Sergio Urribarri, que buscaba ser candidato a presidente.

En agosto, tanto Tórtul como Céspedes se abstuvieron de declarar ante los fiscales. En cambio, presentaron escritos y se llevaron documental para luego ampliar su declaración. Esta investigación, denominada Nelly/Mercosur, es un desprendimiento del caso de las contrataciones a empresarios, y está a cargo de los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa.

En el mismo expediente están doblemente imputados el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial por el Frente para la Victoria (FPV), Pedro Ángel Báez; y el ex gobernador Sergio Urribarri, por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El empresario de Nelly, Jorge “Corcho” Rodríguez, se le achacan los mismos delitos pero en calidad de partícipe en primer grado.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora