La cita es este jueves 14, a las 11,30, en el edificio de Tribunales.

A esa hora será la audiencia de pedido de remisión a juicio oral de la causa que tiene contra las cuerdas al abogado exitoso y representante de esa aristocracia formada en los despachos de oficinas públicas, Juan José Canosa, expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), actual asesor legal de la Cámara de Diputados.

Canosa está imputado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haber negociado y contratado, desde la presidencia de Sidecreer –cuya presidencia ejerció desde 2007 y 2015–, con empresas ligadas a parientes y amigos. Justamente, cinco integrantes del clan familiar estuvieron imputados como partícipes en ese delito, pero lograron zafar con una probation y el pago de multas.

Distinta suerte corrió Canosa. Ahora se enfrenta a la posibilidad de ir a juicio y sentarse en el banquillo de los acusados.

El 25 de agosto la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que fueron imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que se le sigue al ex titular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado.

Carlos Alberto Canosa (44 años, casado con Alicia Cuestas) y su suegra Mirta Gueler (62 años) acordaron realizar trabajos en su taller de costura, que tienen en calle José María Suviría al 1175, durante un año y medio, dos horas semanales. La Oficina de Medios Alternativos (OMA) dispondrá para qué institución sin fines de lucro o del Estado realizarán los trabajos. A Gueler y Carlos Alberto Canosa se les compró indumentaria por diferentes sumas de dinero mientras Juan José Canosa, hermano de aquel, era titular de Sidecreer.

En tanto, José Daniel Romero (61 años), dueño de la firma JDR, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa), acordó realizar trabajos comunitarios, en cualquier institución pública o privada sin fines de lucro, en el rubro en el que se especializa, la construcción, dos horas semanales durante un año y medio.

Según detalló el fiscal Brugo en la audiencia, el hombre realizó tareas de albañilería para Sidecreer por las que cobró diferentes sumas de dinero. El 27 de agosto de 2013 se le pagó más de $ 78 mil; y en los años siguientes recibió pagos que van de los $14 mil a los $3 mil.

María José Cuestas ( 47 años) y su esposo Diego Urba (47) acordaron realizar trabajos comunitarios: tareas de capacitación en la fundación “Los sin Techo”, en Santa Fe. Dicha fundación está a cargo del programa “Volver a estudiar”, que está dirigida a personas de bajos recursos y que tiene modalidad online.

Las capacitaciones serán por 4 horas semanales durante un año, y se comprometieron a donar dos computadoras en uso pero que estén en condiciones para ser utilizadas. Además, le donarán $5 mil a la misma entidad. La jueza hizo lugar al pedido. Cuestas es presidenta de la empresa Excelcom, y Urba, que es ingeniero en sistemas, es su director comercial. Ambos tienen 3 hijos y residen en Santo Tomé, en Santa Fe.

La compañía de insumos informáticos fue contratada en diferentes oportunidades por la gestión Canosa en Sidecreer, entre 2007 y 2015. Cuestas es hija de Mirta Gueler y Néstor Cuestas; su hermana está casada con Alberto Canosa.

Resuelta la situación de la familia, ahora lo que la Justicia debe resolver es el futuro del pater familias.

Canosa, según la denuncia que sostienen los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, entre el 21 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2015, período en el que  estuvo al frente de Sidecreer, contrató a sus parientes. A la firma Excelcom, de María José Cuestas y Diego Urba, le compró insumos informáticos por diferentes cifras. Por ejemplo, Brugo detalló que el 1 de febrero de 2009 Sidecreer les pagó $83 mil; el 31 de agosto de 2010, $51 mil; el 14 de junio de 2011, poco más de $40 mil; el 18 de octubre de 2011 lo hizo por $52.220; el 27 de junio de 2012 por más de $59 mil; y así sucesivos contratos que llegan hasta 2014, cuando, por ejemplo, se le pagó 23.404 dólares, el 7 de enero; y 82 mil dólares el 5 de noviembre de 2014.

En la audiencia de hoy, al a que asistirán los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, se hará el pedido de elevación de la causa a juicio oral.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.