La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, declaró por espacio de 2 horas y media este lunes por la mañana ante los fiscales Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, que están al frente de la investigación de irregularidades en contrataciones durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná a fines de 2014.

La funcionaria fue citada para declarar como imputada a las 9, pero se hizo presente una hora después, a las 10, acompañada por su abogado Santiago Halle, hijo de la diputada peronista Rosario Romero y del exintendente de Paraná y actual interventor Provincial Regulador de la Energía (EPRE), José Carlos Halle.

Feltes abandonó el edificio del Ministerio Público Fiscal, ubicado en calle Santa Fe 290,cerca de las 13, y, como era de esperarse, se negó a hacer declaraciones a la prensa. A paso lento, cruzó la calle y fue recibida por funcionarios de Vialidad que hicieron guardia en Tribunales durante toda su declaración.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el abogado de la funcionaria, Santiago Halle, dijo que Feltes dio todas las explicaciones a los fiscales, y remarcó que no tenía responsabilidad en la contratación de empresas, sino que esa decisión pasaba por la delegación Entre Rios de la Cámara Argentina de la Construcción. De esa forma, la actual titular del DPV se despegó de la responsabilidad sobre las contrataciones, punto que está bajo la lupa de la justicia. Y es que hay un número que no cierra: alrededor de $17 millones de sobreprecios en obras.

Halle señaló que este lunes los fiscales le informaron a la funcionaria que está imputada del delito de fraude a la administración pública. “Se le atribuye haber omitido los controles. Ella dio las explicaciones de la actividad que tuvo con la Cumbre. Fueron dos horas y media declarando, contestando las preguntas de los fiscales porque entiende que siendo funcionaria pública debe dar explicaciones”, dijo el abogado.

El letrado recordó que en 2014, Feltes “fue Coordinadora de obras” y que trabajó en los “dos sedes que tuvo la Cumbre, la Vieja Usina y –el Colegio- Centenario”.

“Ella por lo pronto se puso a disposición de la Justicia porque es importante que, como funcionaria pública, dé explicaciones”, reiteró.

Consultado si tenía responsabilidad en las contrataciones, el abogado defensor sostuvo que “Feltes no tenía la responsabilidad para contratar una empresa, sino que ella aprobaba o desestimaba las cotizaciones y que se adecuen a los requerimientos que Cancillería solicitaba para que se realice la Cumbre correctamente”.

El caso

El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.

El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, ahora eyectado de la administración del gobernador Gustavo Bordet, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.

Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de Vialidad, fue designada Coordinadora General de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

El martes 12 declararon los empresarios Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA). Por consejo del abogado Miguel Ángel Cullen, los cuatro empresarios imputados se limitaron a decir que eran inocentes y se retiraron con la promesa de ampliar su declaración en otro momento. Pero Benítez de Feltes no siguió ese camino. Habló, y lo hizo de forma extendida, dando explicaciones sobre sus funciones dentro de la UOCM. En otras palabras, tomó distancia de las decisiones sobre las contrataciones.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.