El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez de Garantías Eduardo Ruhl sentar en el banquillo de acusados al excomisario de la Policía de Entre Ríos y perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Antonio Daniel Vitali, en la causa en la que está imputado por el robo de armas, para su posterior venta ilegal, de la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. El fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, adelantó que solicitará una pena de 11 años de prisión.

“El viernes presentamos el escrito pidiendo la remisión de la causa a juicio. Ahora se tiene que realizar la audiencia”, informó el fiscal ante la consulta de Entre Ríos Ahora.  Sobre la pena que pedirá para Vitali en el eventual juicio oral y público, dijo que será de “11 años de prisión, por peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a prueba; en concurso real con entrega ilegitima de armas de fuego agravada por habitualidad”.

Esa causa se abrió a principios de 2016, cuando personal de la Comisaría Cuarta secuestró durante un operativo un arma que debía estar en un depósito judicial. Luego de las pericias de rigor, se probó que el arma de fuego tenía que estar en Tribunales, ya que había sido incautada en otra causa.

A partir de ese dato, el fiscal Aramberry comenzó a investigar cómo las armas secuestradas volvían a circular en ámbitos delictivos. Para ello solicitó una serie de allanamientos, en los domicilios de los acusados y sospechosos, que se dieron entre el  5 y el 9 de mayo de 2016.

La investigación llegó hasta el perito oficial del STJ y otros agentes judiciales con acceso a las armas secuestradas en Tribunales. La acusación de la fiscalía es que Vitali sustraía armas junto a Mauro Maximiliano Bertoni, empleado judicial del Departamento Médico Forense, quien se encargaba de distribuirlas a terceros para venderlas.

En diciembre de 2016 el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, condenó a Bertoni a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, e inhabilitación absoluta, luego de que el imputado alcanzara un acuerdo con la fiscalía tras reconocer que vendían las armas en el ambiente delictivo. El mismo acuerdo fue firmado por Mario Alberto López Alonso, y Eduardo Ramón Borgogno, que recibieron la misma pena que Bertoni.

Los imputados admitieron que, “luego de ser detraídas, las armas de fuego eran entregadas” por Bertoni a Borgogno y López Alonso, “para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario”. También se los acusó de repartir el dinero producto de esas ventas entre los tres condenados, y que otra parte iba a Vitali.

De ese acuerdo entre acusados y fiscalía no participó el perito Vitali, que ahora está más cerca del juicio oral y público.

La jubilación, antes de la condena 

Este domingo Entre Ríos Ahora informó que el perito  inició el trámite jubilatorio en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para obtener el beneficio antes de que una condena le suspenda el beneficio.

Concretamente, se supo que el 5 de octubre de 2016 Vitali solicitó que se le reconozcan años de cadete becado; mientras que el 30 de mayo pidió un reconocimiento extraprovincial y le jubilación ordinaria común. Su expediente se mueve con rapidez.

Vitali tiene 55 años,  y por lo tanto no alcanza los 62 que prevé la ley para que un hombre se jubile. En tanto, es posible que acredite 30 años de aportes, que es otro requisito que contempla la Ley 8.732, de Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal provincial.

¿Cuál es el apuro de Vitali por jubilarse? La razón está ligada a sus dos causas judiciales y al sumario administrativo que puede terminar con su exoneración. Y es que, como se sabe,  una posible condena judicial o sanción administrativa le impediría acceder a su jubilación.

El inciso N° 4 del artículo 19 del Código Penal señala que la inhabilitación absoluta importa: “La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión”.

Sobre este punto, el fiscal Aramberry aclaró que “no es materia de la fiscalía” interponer una medida para frenar la jubilación de Vitali. “Eso escapa al ámbito penal, pasa a la órbita sancionatoria del Derecho Administrativo, pero no es competencia de lo penal”, explicó y recordó que Vitali “tiene abierto un sumario administrativo bajo la órbita de la Superintendencia del Superior Tribunal de justicia”.

El perito aún no fue exonerado como empleado del Poder Judicial. El 11 de mayo de 2016, el STJ dispuso la instrucción de un sumario administrativo sobre Vitali, y también sobre otros dos empleados: Fabricio Luciano Santapaola y Mauro Maximiliano Bertoni (este último ya condenado), para determinar si violaron el Régimen del Empleado Judicial de Entre Ríos, Ley Nº 5143, que prevé las causales de cesantía y/o exoneración, por negligencia o falta grave en el desempeño de sus funciones.

Segunda causa

El perito Vitali fue procesado el 23 de agosto por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011. Ese expediente resurgió cuando el perito fue imputado en 2016 por la causa que ahora va camino a juicio.

Se trata de armas que habían sido entregadas a Vitali por el Juzgado de Instrucción Nº2 de Concepción del Uruguay, entonces a cargo de Mariano Martínez, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad. En marzo de 2011, el juez le solicitó al perito que devuelva las armas, y Vitali presentó un acta de entrega a un funcionario policial que nadie pudo localizar. El acta y el recibo del juzgado presentaban irregularidades, según un peritaje.

Esta causa, que se tramita en el Código Procesal Penal anterior, está a cargo de la fiscal Laura Cattáneo, quien le imputó al perito, además de la sustracción de armas, la falsificación de un documento judicial mediante una “técnica de collage a la que luego le sacó fotocopia, haciendo aparecer como que él mismo se había librado en los autos mencionados y ordenaba la entrega de las armas a la comisión policial que designe la Jefatura de policía de Concepción del Uruguay; pretendiendo con esas maniobras de falsificación engañar al organismo judicial y lograr la impunidad por la sustracción que había consumado”.

En este legajo Vitali declaró como imputado el 5 de abril de 2017: “Me parece ridículo, irrisorio y estúpido, que yo habiendo peritado las armas, habiéndome hecho cargo de la guarda hasta su retiro, las haya hecho desaparecer, porque sí o sí hubiese sido responsable del mal desempeño de mi profesión, y como dije en la declaración testimonial en esta causa, ahora ya más de 20 años de profesión, jamás me faltó ni una vaina”, dijo aquella vez, acompañado por sus abogados  Iván Vernengo y Damián Petenatti.

Las armas sustraídas, que se encuentran identificadas en el legajo, son 5: una escopeta, calibre 22, marca “Amadeo Rossi SA 12 GA. Full; una carabina semiautomática, calibre 22 Magnum, marca “The Marlin Firearm Md Nort Haven Ct-USA”, con mira telescópica; una carabina calibre 22 Magnum, con mira telescópica; una carabina calibre.44-40, marca “Winchester”, modelo “1892”, industria estadounidense, con mira telescópica; y una carabina semiautomática calibre 22 largo, marca “Norinco” modelo “JW-20”, industria china, con mira telescópica marca “Silver Antler”.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.