Nada. El exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez se abstuvo de declarar hoy en Tribuanles en las dos causas por presuntos hechos de corrupción por las que fue citado a indagatoria y en las que está imputado.

Báez llegó puntualmente a las 7,30 al edificio de Fiscalía, sobre calle Santa Fe, acompañado por sus dos abogados defensores, Ignacio Díaz y José Velázquez, y no aceptó contestar la consulta periodística de Entre Ríos Ahora. Aunque lo más relevante es que no quiso contestar preguntas de los fiscales que lo aguardaban, Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano.

–Diputado, ¿le puedo hacer unas consultas? — requirió Entre Ríos Ahora.

–No –respondió Báez, cortante, y se dirigió a sus abogados:– ¿Ustedes quieren hablar?

–Ya estamos por entrar –contestó el abogado Ignacio Díaz, que junto a José Velázquez ejercen la defensa técnica del exministro.

Frente a los fiscales, Báez rehusó contestar preguntas, y sólo hizo una manifestación en la que rechazó los delitos que se le imputan. Después, guardó silencio.

Báez había sido citado a declaración indagatoria en dos causas en las que está imputado: N° 31.253 caratulada “Aguilera Juan Pablo y otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público”. Y la N° 61.211 caratulada “Urribarri Sergio Daniel y otros s/Peculado”.

En la causa “Aguilera…” se investiga, según la tesis que planteó la Fiscalía, si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

“Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…), posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”, señaló la fiscal Yedro en la apertura de la causa.

También Báez esta imputado en la causa de la publicación de una solicitada que le costó al Estado entrerriano $4,3 millones. En esa cusa ya  está imputado por el delito de peculado el exgobernador  Urribarri.

A decir verdad, Urribarri quedó imputado en tres causas en las que se investigan delitos de corrupción durante su gobierno, luego de la indagatoria del martes 28 agosto último en el edificio del Ministerio Público Fiscal.

Ese día, en realidad, Urribarri no declaró, aunque tampoco se amparó en los fueros de legislador: presentó sendos escritos en las tres causas en las que está imputado, y no aceptó preguntas de los fiscales Alejandro Cánepa, Santiago Brugo y Patricia Yedro. Fue acompañado por sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy.

Como informó Entre Ríos Ahora el 17 de diciembre de 2014, Urribarri autorizó el pago de una solicitada, publicada los días 22, 23, 24 y 26 de junio de ese año, por una suma millonaria: $ 4.308.500,23.

Se trató de una “contratación directa” concretada por el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, para publicar la solicitada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”, y que apareció, entre otros, en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y La Nación. El monto está contenido en el texto del decreto N° 2.940, firmado por el ministro Báez el 5 de septiembre pasado, y publicado el martes 16 del actual en el Boletín Oficial.

Con el silencio de Báez, los fiscales avanzarán en la recopilación de pruebas,  y se abocarán a la clausura de la investigación penal preparatoria, con la vista puesta en la remisión de las causas a juicio oral.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.