Nelson Schlotahuer, abogado defensor de Juan Alberto Forcher, sostuvo que está bajo análisis si apela la decisión del juez de Garantías Julián Vergara, quien el 18 de octubre decidió elevar la causa por corrupción de menores a juicio oral. En la audiencia, el defensor había solicitado el sobreseimiento de su defendido por entender que no existieron los delitos que se le imputan. El magistrado, en cambio, hizo lugar a la solicitud de los fiscales Gilberto Robledo y Laureano Dato, que piden 20 años de prisión para el dirigente scout de Diamante.
Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, Schlotahuer sólo se refirió a algunos puntos procesales de la causa, ya que aclaró que no está autorizado a dar más detalles. En primer lugar, el abogado defensor de Forcher sostuvo que este caso “no es similar a otros” que han tomado estado público. Por ejemplo, dijo que no es igual al que tiene como imputado al abogado Gustavo Rivas, de Gualeguaychú.
El abogado se manifestó disconforme con la acusación fiscal y la resolución del magistrado de elevar el expediente a juicio. Entre otras cosas, cuestionó que en la etapa intermedia, cuando se trata de acusaciones de naturaleza sexual, los jueces remiten todos los legajos a debate oral “sin respetar las garantías constitucionales”.
El abogado defensor de Forcher.
“Una imputación por un delito de contenido sexual ya es casi una semicondena”, consideró.
Consultado sobre si se apelará la resolución del juez, Schlotahuer dijo que “estamos analizándolo, no hemos tomado una decisión al respecto”.
“No es un hecho similar a los otros que se han hecho público en distintos medios de comunicación. No estamos hablando del mismo tipo de actos, por eso amerita una lectura y estudio diferentes”, agregó.
En esa línea, el abogado del scout resaltó que se trata de “un tema sensible en la sociedad” y reiteró que “los hechos por los cuales se está acusando no tiene similitud con otros que ocuparon la tapa de todos los medios de comunicación provincial”.
“Lo que puedo decir es que la fiscalía interpreta que es delito, nosotros entendemos que no lo hay. Además, no coincidimos con muchas cuestiones de la resolución del juez Vergara. La alta sensibilidad que hay en la sociedad respecto de los delitos de naturaleza sexual hace que muchas veces se tomen decisiones que son de alguna manera más refractarias del deseo de la sociedad, que lo que hay en el legajo”, argumentó el letrado.
En esa dirección, Schlotahuer cuestionó que en la actualidad los jueces de Garantías se muestren reacios a dictar un sobreseimiento y eleven todas las causas a juicio. “Advierto que hoy en día una imputación por un delito de contenido sexual ya es casi una semicondena. Resulta para la defensa extremadamente difícil trabajar en estos casos”, afirmó.
El abogado entendió que en el actual sistema es necesario “extremar los recaudos a la hora de evaluar si el hecho se concretó, si es un hecho de corrupción de menores como se habla en esta causa”.
En este punto, Schlotahuer remarcó que en la causa contra Forcher no existen denunciantes, ya es la fiscalía quien lleva la acusación. A su vez, dijo que el Ministerio Público Fiscal “llamativamente” cambió la acusación de abuso a corrupción de menores.
Indicó que la fiscalía enmarcó la acusación en el artículo 125 del Código Penal de la Nación, que dice que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años quien “promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Para Schlotahuer, la ausencia de denunciantes es un punto a tener en cuenta. “En esta causa hay una gran y llamativa ausencia: la denuncia de las personas que están involucradas en la imputación”, dijo.
“Las personas que están mencionadas en el auto de remisión a juicio –que son cuatro jóvenes de 18 años- no hablan de Forcher en el sentido de que es una persona corruptora o que les ha provocado algún daño. Es más, hablan de la muy buena relación que tenían. Obviamente, la fiscalía interpreta otra cosa”, señaló.
Al respecto, explicó que en el Derecho existe lo que se llama el “principio de lesividad”, que tiene que ver con que “las víctimas de un hecho sufran un daño y lo manifiesten”. “Se debió haber tomado el recaudo de citar a las personas para preguntarles si se consideran víctimas del accionar de Juan Forcher. Y si ellos están de acuerdo en instar una acción penal”, planteó.
Por último, el abogado de Forcher reiteró su disidencia con la resolución del juez y que analizará con su cliente si van en apelación. “No estoy para nada conforme con la resolución del juez Vergara. En la etapa intermedia estamos a merced de lo que los fiscales digan que es, y que los jueces de Garantías dicen que todo se debe resolver en el debate. Se hizo un gran esfuerzo defensivo y con muy pocos argumentos se elevó a juicio”, reprochó.
“Mi cliente lleva mucho tiempo de proceso penal y después de casi dos años de estar con una acusación se varió a otra porque no se pudo probar la anterior. Entiendo el afán por perseguir este tipo de delitos, pero creo que se tiene que aplicar las Garantías para todos”, concluyó.
Ricardo Leguizamón
Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora