El juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, hizo lugar al pedido de los fiscales Mauro Quirolo y Nadia Benedetti y elevó a juicio la causa en la que están imputados por el delito de coacción agravada 14 dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Los sindicalistas están imputados de haber presionado al exdirector del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, Rubén Hernández, para que tome una medida en particular.

Los gremialistas enfrenan una acusación que podría llevarlos a la cárcel, ya que la fiscalía adelantó que solicitará una pena de cinco años de prisión efectiva. No obstante, se aclaró que la calificación legal podría variar en el juicio e incluso alcanzar una pena condicional o resolver el asunto en un juicio abreviado.

Según el artículo 149º del Código Penal de la Nación, la pena será de cinco a diez años de prisión en el caso de que “las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

Rubén Hernández, Mario Tizzoni y Ariel de la Rosa: otros tiempos.

 

La decisión de Zaburlín de elevar a debate el expediente fue informada este martes en el marco de la audiencia de remisión de la causa a juicio, en la que estuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores de los gremialistas, Alejandro Ortíz, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli. Estos últimos solicitaron cambiar la calificación legal, de coacción agravada a atentado y resistencia a la autoridad, contemplado en el artículo 237º del Código Penal, que tiene una pena menor que va de un mes a un año de prisión. Pero el juez no hizo lugar a la petición.

Entre otras cosas, también se supo que para el juicio serán convocados como testigos el exministro de Salud, Ariel de la Rosa, que va a juicio por coacción agravada en el caso de las presiones a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero; y el ex director de Atención Médica, Mario Tizzoni.

Los 14 de UPCN que van a juicio

Los 14 dirigentes que son llevados al banquillo de acusados, son: Martín Wense Bobadilla, Claudia Jeckeln, Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Mirian Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw.

El proceso judicial se abrió luego del 20 de diciembre de 2016, tras la denuncia del entonces director del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, Rubén Hernández, quien relató en sede judicial que fue presionado por el sindicato para que desafecte de su cargo al responsable del servicio de ambulancias, Antonio Cáceres.

El médico denunció que los dirigentes del gremio venían reclamando esa medida, y para lograr su concreción ingresaron al nosocomio y tomaron su despacho. En el hecho quedaron más comprometidos Martín Bobadilla, secretario adjunto de UPCN; y Claudia Jeckeln, secretaria general del gremio en Villaguay.

La acusación que leyeron este martes los fiscales Quirolo y Benedetti ante el juez Zaburlín dice que el 20 de diciembre de 2016 aproximadamente a las 10 de la mañana, Bobadilla, en forma conjunta con Jeckeln, Faust, Monjo, Ojeda, Velázquez y Gómez, ingresaron al despacho del director del hospital, ubicado en calle San Martín y Boulevard Savio, de Villaguay, y le exigieron que aparte al jefe de ambulancia, tal como lo había dispuesto el entonces ministro de Salud, Ariel De la Rosa.

Según la acusación, la exigencia a Hernández fue de “modo intimidatorio y violento, anulando el estado de libertad de determinación del mismo”. En aquella oportunidad, los gremialistas señalaron que no se iban a retirar del lugar hasta que el médico adopte la medida.

La fiscalía, por ahora, pide 5 años de prisión

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Quirolo señaló que ahora resta que se remita la resolución del juez al Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, y que se le ponga fecha al debate oral y público.

El acusador público, además, indicó que los dirigentes serán juzgados por un Tribunal colegiado, y no uno unipersonal “porque la pena que nosotros planteamos parte de los cinco años”. No obstante, aclaró que “la calificación legal –coacción agravada- es provisoria, porque puede cambiar a lo largo del debate inclusive”.

Consultado sobre la pena solicitada, sostuvo que “nos mantuvimos dentro del primer tercio, donde el mínimo son cinco años de prisión” y agregó que en este caso “cuando pasan los tres años la pena es de cumplimiento efectivo”.

El fiscal aclaró que en el marco del juicio “puede cambiar la calificación legal y en ese caso se podría llegar a una pena condicional o incluso está abierta la posibilidad de una salida alternativa, como juicio abreviado que también implicaría una condena. Eso lo analizaremos bien con la doctora Benedetti”.

Por otra parte, el funcionario judicial señaló que en la lista de testigos para el juicio tienen a 30 personas, entre ellas médicos, personal de maestranza y enfermeros del hospital. Entre los nombres más relevantes para ser convocados a testificar se encuentra el ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa; y el ex director de Atención Médica, Mario Tizzoni.

El fiscal refirió que la citación para los dos ex funcionarios se debe a que el director del hospital Santa Rosa, Hernández, había alertado sobre la situación a ambos funcionarios. “El director se comunicó con De la Rosa y Tizzoni antes de la toma, como advirtiéndole lo que podía llegar a pasar”, comentó el fiscal Quirolo, y añadió que el médico iba a cumplir lo dispuesto por el jefe de la cartera sanitaria luego de las fiestas, ya que estaban en pleno mes en el que las derivaciones en el nosocomio son constantes.

“Hernández iba a cumplimentar lo dispuesto por el ministro después de las fiestas, que era desafectar a este hombre del área de ambulancia, pero antes de ello ocurre la toma”, recordó Quirolo.

Por último, ante la consulta de si el caso podría marcar un antecedente contra este tipo de modalidad utilizada por los gremialistas ante un director o funcionario público, el acusador público opinó: “Desde mi punto de vista sería un precedente importante en el sentido en que por lo menos no se atente contra el normal funcionamiento de las instituciones. Que se haga el camino que corresponda. Nadie está socavando el derecho a reclamar ni ninguna libertad sindical, pero debe hacer con la forma que demarca un Estado de derecho”, concluyó.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.