La imagen la captó, el sábado, la fotógrafa Sheila Da Silva.
La imagen muestra al vicario general de la diócesis de Paraná, Eduardo Tanger, en la puerta de la Iglesia Catedral, al lado de una mujer policía. En una mano sostiene lo que fue un cartel.
En las escalinatas y en el atrio de la Catedral, el sábado, durante la Marcha del Orgullo Disidente, hubo una intervención, con mucha cartelería. Uno de esos carteles, el que sostiene el vicario, arrolado, en su mano, decía esto: «Acá hay abusadores mantenidos por el Estado».
Otro, que recogió del piso y ovilló una beata, tenía esta otra frase: «Justicia y reparación ya para los denunciantes de abuso clerical».
Dos demandas claras ante el clero de Paraná que tiene a tres de los suyos involucrados en causas judiciales por pedofilia. El primero, Justo José Ilarraz, cuyo juicio debía comenzar el lunes 13 de noviembre, se aplazó para abril de 2018. Tiene siete denuncias por corrupción y abuso de menores, la causa acumula 7.000 fojas, y ha estado a cargo, en forma sucesiva, de los jueces Alejandro Grippo, Susana María Paola Firpo y Pablo Zoff.
Otro sacerdote, Juan Diego Escobar Gaviria, fue condenado a 25 años de prisión por cuatro casos de abuso y corrupción de menores. Y mientras aguarda que la sentencia quede firme –con prisión preventiva en la Unidad Penal de Victoria– se abrió otra causa en su contra, que ya está a punto de ser elevada a juicio.
En lista de espera, está el cura Marcelino Moya, con dos denuncias por abuso y corrupción, expediente que aguarda tratamiento en la Cámara de Casación Penal por un incidente de prescripción planteado por sus defensores.
Ahora, la Iglesia Católica de Paraná no sólo enfrenta causas penales por los delitos de pedofilia de sus integrantes. También fue demandada civilmente, y este viernes se iniciará la primera audiencia preliminar en el marco de el planteo de indemnización por parte de las víctimas de Escobar Gaviria.
Las investigaciones judiciales avanzan, a pesar de los esfuerzos o las chicanas de sus defensores, la indiferencia de la cúpula eclesiástica o su falta de voluntad para sancionar a los pedófilos.
Arrollar un cartel cuyo texto desagrada en nada cambia la realidad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.