La difusión de un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental generó preocupación. El proyecto atenta contra el espíritu que la ley, valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos: busca inscribir el cuidado de la salud mental en el marco de los Derechos Humanos, la salud colectiva y la reivindicación de las voces de los usuarios. El cambio por decreto, afirman desde las organizaciones de profesionales y usuarios, fue pergeñado a espaldas de la opinión de los equipos de salud, las organizaciones y todas las personas afectadas.

En Entre Ríos ya hay preocupación, y así fue como el Órgano de Revisión de la Salud Mental de Entre Ríos fijó postura y afirmó que la Ley Provincial N° 10445, que adhirió a la Ley Nacional 26.657 y su decreto reglamentario 603/2013, «tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental, desde una mirada que parte del reconocimiento de la complejidad y necesidad de la integralidad del abordaje.

Y  destacó que se reconoce «como uno de sus pilares fundantes su independencia e imparcialidad y bajo estos principios, se dispuso que su conformación sea interdisciplinaria, intersectorial, en definitiva participativa y plural, respondiendo a las garantías propias de un Estado de Derecho «constitucional y democrático.

En ese marco, expresaron su preocupación ante el proyecto de reforma del decreto 603/2013 «por cuanto el mismo desconoce y viola»:

* Todos los procesos de construcción participativa sostenidos durante años.

* La Constitución Nacional y las normas internacionales a las que nuestro país adhirió desde hace más de un cuarto de siglo.

* La Ley Nacional de Salud Mental y el Código Civil y Comercial Nacional.

«Este proyecto modifica aspectos fundamentales de Derechos Humanos de las personas más vulneradas e invisibilizadas durante décadas. Aparece en franca contradicción con los derechos y directrices emanadas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, oponiéndose al modelo social de discapacidad.

«En consonancia con lo planteado por distintas organizaciones y organismos de salud, se observan como puntos más preocupantes que:

«* Modifica la concepción de la salud mental y la reduce a una perspectiva biologicista, insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales.

«* Reinstala el manicomio, bajo el nombre de Hospitales Especializados en Psiquiatría y Salud Mental.

«* Admite el aislamiento, de comprobada iatrogenia.

«* Reinstala el concepto de «peligrosidad», sustituyendo el requisito de «riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros».

«* Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas .

* Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad.

* Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación,quién ejercería un control sobre si mismo. A la vez, impone una nueva conformación plenaria y modalidad en la toma de decisiones que desequilibra la pluralidad de sectores. Todo lo cual afecta seriamente la independencia e imparcialidad del Organo de Revisión cuya función primordial es garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a las personas usuarias del sistema de Salud Mental.

Por todo lo expuesto, el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Entre Ríos -integrado por: Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos; Secretaria de Justicia del Gobierno de Entre Ríos; Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos; la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), en representación de las asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud; el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, en representación de las asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, y la Asociación Hijos Regional Paraná, en representación de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos-, requiere al Poder Ejecutivo Nacional que no avance en proyectos como el que se objeta por medio de la presente, que menoscaban las conquistas en materia de derechos humanos».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.