Fue una clase de Matemática en una sala de Tribunales.

De un lado, los fiscales Juan Malvasio y Alejandro Cánepa; del otro, los empresarios de la construcción Miguel Ángel Marizza, de Caballi Construcciones, y Daniel Hereñú, de la Organización Integral Constructora (OIC) SA más el defensor de ambos, Miguel Cullen; como árbitro, la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo.

Malvasio y Cánepa investigaron, durante un año, los supuestos sobreprecios en el pago de obras y servicios a las empresas constructoras contratadas por la administración del exgobernador Sergio Urribarri para poner a punto edificios sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2014. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que de un costo total de $152 millones que insumió la organización de ese encuentro del subcontinente en Entre Ríos, las constructoras se llevaron $46 millones, con una estimación de sobreprecios del orden de los $17 millones.

Faltaron Néstor Iván Szcezech, de Szcezech & Szcezech, y Rubén Grasso, de Cemyc SA, según argumentó el defensor Cullen, porque se hallaban en Buenos Aires.

Aclarada la ausencia, el abogado explicó los motivos de por qué había pedido la audiencia de revisión de prueba: pretendió conocer con qué operaciones, utilizando qué pericia contable se llegó a la presunción del perjuicio al Estado durante la Cumbre del Mercosur con el pago de sobreprecios a las empresas constructoras.

Miguel Marizza, de Caballi; atrás, Daniel Hereñú, de OIC SA, hoy en Tribunales.

 

“Se solicitó a la Fiscalía, en un escrito muy sencillo, que nos expliquen de dónde surgían las diferencias. Del análisis que nosotros hicimos, no salían. Nosotros queríamos confrontar sus operaciones con las nuestras, para explicar por qué está el monto de más –dijo Cullen-. Desgraciadamente, la Fiscalía nos expresó que no existía cálculo, ninguna pericial, y ninguna prueba más allá de la prueba aportada. Y que era impertinente hacer lugar al  pedido que nosotros hicimos, de que nos dijeran cuáles eran las operaciones aritméticas que llevaron a determinar las diferencias”.

Ante esa negativa, explicó el letrado, pidieron una audiencia a la jueza de Garantías “para que ordene a la Fiscalía que ponga a disposición de la defensa la totalidad de las pruebas para ejercer el derecho de defensa. No sabemos quién realizó los cálculos, no sabemos si esos cálculos son correctos o no, y no sabemos si son meras conjeturas. No puede ser imputado un ciudadano sin que se le explique de dónde surgen los criterios para ser imputados. Tiene que decirme (la Fiscalía) de dónde surge esa diferencia, y por qué esa diferencia perjudica al Estado, como dice en la imputación”.

Hasta la audiencia que tuvo lugar hoy en Tribunales no se habían conocido cifras exactas de cuánto facturaron las empresas al Estado durante la Cumbre Mercosur, y cuánto dicen los asientos contables de esas mismas firmas que le costaron las obras: en todas, hay diferencias sustanciales entre lo que cobraron y lo que gastaron.

Por ejemplo OIC SA, que fue contratada para instalar líneas de fibra óptica, facturó al Estado $5.784.269, pero en sus asientos contables –obtenidos a partir de allanamientos ordenados por la Justicia- se determinó que el costo de esa obra fue de $3.322.00. El perjuicio al Estado, según la hipótesis de la Fiscalía, es de más de $2,4 millones.

Cánepa reveló que las empresas constructoras cobraron por obras y servicios prestados a la Cumbre del Mercosur $46 millones: Caballi, $13 millones; Szcezech & Szcezech, $7 millones; Cemyc SA, 17 millones; OIC SA, 5,7 millones; el resto, sumas mucho menores, entre distintas firmas, entre las cuales están Tep SRL y Formato Urbano, compañías que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, e imputado en otra causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

Y explicó, de modo paciente, que los cálculos surgen de la propia documentación incorporada a la causa -que llena toda una habitación, aclaró-, y que esas pruebas estuvieron desde siempre a disposición de los abogados defensores. Que en septiembre último, cuando imputados los empresarios, la documentación estuvo a disposición, y que por lo tanto no se afectó el derecho de defensa. Pero puesto a explicar Cánepa a pedido de la jueza Firpo de qué modo fue la operación aritmética para determinar los sobreprecios, reveló una verdad de Perogrullo: que sólo había que sumar y restar.

Cuánto pagó el Estado a las firmas por cada una de las facturas, por un lado, y cuánto les costó a las empresas, según su propia contabilidad, realizar las obras y servicios contratadas: sumando un monto, restando el otro, se llegó a la diferencia.

Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA; Néstor Iván Szczech, presidente de la firma Szczech & Szczech; Rubén Grasso, presidente de la firma Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc); y Daniel Hereñú, presidente la firma Organización Integral Constructora SA (OICSA), están sospechados de haber realizado sobrefacturaciones durante la Cumbre del Mercosur, en connivencia con funcionarios públicos que habrían facilitado los contratos.

El 29 de octubre de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri, mediante el decreto Nº 3.974, puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes.

Como ya contó Entre Ríos Ahora, el acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes –hoy fuera del Gobierno- con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech. Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Aquel comité también lo integró, en representación de la Cámara de la Construcción, Miguel Marizza, el empresario de Caballi Construcciones SA, quien, según el acuerdo, fue “el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

En la audiencia de este martes, el fiscal Malvasio reprochó que el defensor Cullen petendiera, “de manera solapada, hacer un control de la acusación”, y dijo que la defensa “no solicitó al Ministerio Público Fiscal el 31 de octubre la producción de alguna diligencia; pidió que le provea un cálculo de dónde surge el perjuicio patrimonial que los imputados causaron al Estado provincial en la Cumbre. Eso no es solicitud de alguna diligencia. El 3 de noviembre, la Fiscalía le hace saber a la defensa que no existe planilla, ningún calculo, que no existe ninguna pericia, y que la imputación surge de los elementos probatorios incorporados al legajo y al que tuvieron los imputados acceso irrestricto. (Se trata de) Documentación que se secuestró de las empresas, de la Cámara de la Construcción y del Estado y de las empresas subcontratadas por los imputado para causar el perjuicio patrimonial”.

Y agregó: “En ningún momento se ocultó prueba. En todo momento, se puso a disposición de los imputados la copiosa documentación que se ofrecerá en la etapa de juicio para probar los hechos que imputamos”.

Son 19 hechos que le imputa Fiscalía a los empresarios y también a la actual directora de Vialidad, Alicia Feltes, entonces responsable por la Unidad Operativa Mercosur de las negociaciones con las firmas constructoras y también con la Cámara de la Construcción.

Cánepa empezó a leer cada uno, y fue interrumpido por el defensor Cullen. Entonces se produjo un intercambio, la insólita intervención de Miguel Marizza, que le reprochó al fiscal su paso por la Municipalidad de Paraná, y la posterior intervención de la jueza Firpo, para frenarlo.

«Cada monto tiene respaldo documental», señaló el fiscal.

Después de una audiencia que duró casi dos horas, la magistrada entendió que el trámite resultó «abstracto», que las partes debieron evitar llegar a esa instancia, y le llamó la atención a los fiscales diciéndoles que todo se hubiera podido evitar «explicando» a los defensores cómo sumar y restar. Y para eso usó una frase curiosa y llamativa: que en la audiencia hubo «explicaciones caricaturescas».

 

«Invito a las partes que en el futuro no sea necesario este tipo de audiencia porque era algo que se podía zanjar entre las partes», recomendó la jueza.

En efecto: todo terminó así. Los fiscales enseñando a la otra parte de qué modo sumaron y restaron.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.