De pronto, el recinto del Senado de Entre Ríos enmudeció.

La habitual cotidianeidad descontracturada de los senadores se vio turbada cuando tomó la palabra el senador Pablo Canali, exintendente de San José, que abreva políticamente en el vecinalismo pero que llegó al Senado de la mano del Frente para la Victoria (FPV).

El Senado tenía en tratamiento el proyecto de ley del Presupuesto 2018, con media sanción ya de Diputados –con la adhesión de Cambiemos- y este miércoles por la noche se aguardó, como efectivamente ocurrió, el voto afirmativo en la Cámara Alta. Eso fue lo que ocurrió, aunque en forma previa hubo un debate caliente.

El proyecto se aprobó sobre tablas, sin haber sido girado a comisión.

“No salgo del asombro por el tratamiento que se le da a este tema. Me siento con sensaciones encontradas: tristeza, bronca, un poco de todo. Espero medir las palabras, a pesar de que mi voto es positivo, porque no dejo sin presupuesto a nadie. Es una ley (la del Presupuesto 2818) demasiado importante para que andemos con mezquindades. Pero que no se pierda de vista que se trata sobre tablas un presupuesto de 96 mil millones. Y que se trata sobre tablas porque es parte de un acuerdo político, porque hay intercambio de figuritas. Disiento mucho con (Ángel) Giano y con (Raymundo) Kisser. El Senado no tuvo ni una reunión con el ministro de Economía (Hugo Ballay). Fue invitado por Diputados para el tratamiento del Presupuesto en Diputados. Pero no en el Senado. Ni siquiera se sabe, porque llegó durante la semana, si Diputados modificó o no (el proyecto)”, dijo Canali en un tono que descubrió su incomodidad manifiesta.

Nadie habló ni carraspeó ni se movió de su banca mientras el legislador de la costa del Uruguay habló.

“Vamos  a hablar claro, no seamos hipócritas: es demasiado importante (el proyecto de Presupuesto 2018) para tratarlo como se lo está tratando. Pienso dar mi voto, porque no soy tan importante para estar trabando (un proyecto); mi voto no define la no aprobación, porque está claro que hubo un acuerdo, lo suficientemente amplio para que este proyecto se vote rápidamente, junto con otros, que se van a votar rápidamente”, dijo Canali, y adelantó lo que luego sucedió: la aprobación de la adhesión de Entre Ríos a los cambios que impulsó la Nación a la Ley de ART.

Cuestionó los “recortes” que habrá en distintas áreas del Estado, la no participación de los intendentes en la discusión del proyecto de Presupuesto, la falta de ejecución de obras prioritarias y afirmó: “Vamos a aprobar un presupuesto con el cual vamos a ser incapaces de resolver problemas de la gente”.

 

Antes de votar el Presupuesto 2018, la Cámara Alta aprobó la derogación del Impuesto a la Herencia, una iniciativa sancionada durante el gobierno de Sergio Urribarri, y que en opinión del senador Raymundo Kisser (Cambiemos) ha sido inocuo a los fines recaudatorios y no ha cumplido con la finalidad para lo cual se creó”.

En el tratamiento de la denominada “ley de leyes”, Kisser observó que Cambiemos tenía “innumerables observaciones que hacerle” al Presupuesto 2018, y entre estas mencionó la necesidad de “direccionar el gasto público, para que se vuelva en beneficios de quienes son los que aportan, los que pagan impuestos, los que permiten que la provincia funcione por fuera del Estado”.

Cuestionó el déficit y la abultada carga de la deuda pública, aunque celebró el acuerdo fiscal que firmó el gobernador Gustavo Bordet, junto al resto de los gobernadores, con el presidente Mauricio Macri. Y adelantó el voto positivo al Presupuesto.

El jefe de la bancada del FPV, Ángel Giano, expresó que el Presupuesto 2018 “claramente demuestra una mejora en la administración provincial”. Celebró Giano el acuerdo Nación-provincias, y dijo que “el gobernador, a pesar de recibir críticas, incluso de su propio partido, acompaña al gobierno nacional”.

 

 

ART

El debate más conflictivo surgió cuando se discutió la adhesión de la provincia a la modifación que impulsa Macri en la Ley de ART.  Se impuso el tratamiento sobre tablas del proyecto –al igual que el Presupuseto-, trámite que contó con el rechazo de los senadores Lucas Larrarte, René Bonato, Ángel Giano y Pablo Canali, entre otros.

El cambio central en ART radica en que los pleitos laborales en torno a la indemnización por accidentes laborales los deberá dirimir una comisión médica, y en última instancia un tribunal.

Así, establece que las comisiones médicas jurisdiccionales serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. Y el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

Si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.

El senador Lucas Larrarte (FPV) fundamentó el voto negativo de parte del bloque oficialista en el Senado.  “Veo que nadie quiere hablar del tema; yo sí”, dijo en el arranque. “La aprobación de esta modificación es amputar el derecho de los trabajadores a reclamar en un tribunal por un accidente de trabajo”, señaló.

Y recordó las trabajas para su eventual aplicación al considerar que en Entre Ríos sólo hay dos comisiones médicas, una en Paraná y otra en Concordia, adonde deberán ir ahora los trabajadores con accidentes laborales. “No sólo se viola la accesibilidad a la justicia, al mandar al trabajador a un tribunal administrativo, sino que se los obligará a viajar varios kilómetros para ir a Concordia o a Paraná”, apuntó.

El senador René Bonato (FPV) aclaró que es “profesor de Educación Física y por eso me cuestan entender varios puntos de esta ley. Pero no tengo ninguna duda que esta reforma es contra el pueblo trabajador”.

Francisco Morchio (Cambiemos) defendió la propuesta y cuestionó que “hay muchos abogados que hablan de defender a los trabajadores, y muchos gremialistas que hablan de defender a los trabajadores, y usan a los trabajadores para enriquecerse. Hay abogados que se han enriquecido a costa de los juicios laborales”.

El proyecto, al final, consiguió sanción definitiva con el voto de Cambiemos –excepto Kisser, que se abstuvo- y de parte del Frente para la Victoria. Giano, Larrarte, Bonato, Canali y, entre otros, Héctor Blanco, plantearon su disidencia con la iniciativa.

Al fundamentar el voto de Cambiemos, el presidente del bloque, Roque Ferrari, expresó: “El gobernador tuvo la valentía de firmar el pacto fiscal. El poder político de la provincia lo tiene Gustavo Bordet. Bordet nos puso en conocimiento cuáles eran las leyes que necesitaba la provincia y también en consonancia con la Nación. Entonces, ahí fue donde yo le di la palabra, con el respaldo del bloque, de que las leyes que él me pedía, se iban a cumplir. Y eso estamos haciendo hoy. Le di la palabra al gobernador y la voy a cumplir. La palabra se cumple, no se traiciona”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.