La Justicia entrerriana puso el ojo sobre “El Sueño entrerriano”, el sello de campaña que utilizó el entonces gobernador Sergio Urribarri para promover su precandidatura a presidente de la Nación, en 2015.

En el Ministerio Público Fiscal el actual presidente de la Cámara de Diputados tiene varios frentes de batalla judicial abiertos. Uno es el que investiga la instalación del parador en Mar del Plata, que se inauguró el 3 de enero de 2015. Para los investigadores, la aventura política habría sido financiada con dineros públicos.

La acusación de la fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.

Para el cometido, según la fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

El parador es sólo la punta del Icberg. Alrededor  de los inflables, las palmeras en la arena y el cotillón, hubo otro montaje que en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a desmantelar: las maniobras para redireccionar dineros de los entrerrianos a la campaña de Urribarri.

La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.

De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.

“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.

La firma que integra Caruso, según la acusación de fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.

Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.

La firma de ‘Foia’, en la casa de Virué

Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.

Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.

La firma tiene su sede  en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.

Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por «El Juego en que andamos». La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.

Según supo Entre Ríos Ahora, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El exfuncionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en “Fútbol para Todos”, donde “Foia” era su jefe.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.