La Cámara de Diputados de Entre Ríos refrendó este miércoles el pacto fiscal firmado por el gobernador Gustavo Bordet y el presidente, Mauricio Macri, con el voto mayoritario de los bloques del oficialismo provincial (con tres disidencia), la totalidad de los integrantes de Cambiemos y el rechazo del massista Alejandro Bahler. Además, en la sesión se aprobó por mayoría y sobre tablas la derogación de la Ley de la Madera pese al pedido de los asambleístas de Gualeguaychú que se hicieron presentes en el recinto.

 

En la misma sesión, que prosiguió luego del cuarto intermedio del 6 de diciembre, se aprobó la polémica derogación de la Ley de la Madera, la actualización de los recursos asignados a las juntas de Gobiernos y sus autoridades, la eliminación del impuesto a la herencia, la prohibición de la entrega de bolsas plásticas en supermercados y despensas y un proyecto por el cual la provincia adhiere a la adhiere a la Ley nacional 27.350, de Uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

 

 

El debate del proyecto que refrenda el pacto fiscal entre Nación y Provincia y por el cual el Gobierno entrerriano se compromete a introducir una serie de reformas tributarias supuestamente tendientes al equilibrio fiscal, transcurrió con el rechazo de militantes de izquierda y algún que otro militante gremial como telón de fondo, que señalaron que se trata de un nuevo ajusto sobre los trabajadores y sectores populares.

 

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Lara, fue el encargado de argumentar el proyecto desde el bloque del oficialismo: “Nosotros no estamos en presencia de un pacto fiscal, sí de un acuerdo de naturaleza política. Genera compromisos de quienes firman ese acuerdo, no hay nada que sea operativo en sí mismo, para eso son necesarias las leyes nacionales y provinciales que pongan en marcha ese instrumento”, explicó.

 

Lara anticipó que para que ese “consenso fiscal” que en posteriores menciones refirió reiteradamente como pacto, “harán falta las leyes que se tengan que discutir y se están discutiendo en el Congreso nacional y el refrendo que haga falta en las provincias”.

 

Pese al voto que desde el Ejecutivo entrerriano se pide a los legisladores nacionales, el legislador dijo que desde el justicialismo no coinciden ni avalan la Ley de Reforma previsional que se votará este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque enseguida justificó que “en una negociación no siempre se gana” y apeló a la “madurez política y sentatez para gobernar”, afirmando que el PJ entrerriano tiene “la obligación de gobernar y llevar adelante un estado solvente que pueda seguir pagando los sueldos”.

 

Mientras Lara pronunciaba esas palabras, desde el público cantaban “que bronca que me da, PJ y Cambiemos pactan para ajustar” y exhibían carteles la leyenda “no al consenso fiscal”.

 

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos, Sergio Kneeteman,  negó que “que estas reformas beneficien al presidente Macri” y aseguró: “Benefician al Gobierno provincial y a los entrerrianos”.

 

Pero la norma pactada entre Cambiemos y el PJ tuvo sus rechazos. El primero en expresarlo fue el diputado massista Alejandro Bahler, que sostuvo que es “una gran mentira” y preguntó “qué va a pasar con los jubilados”.

 

Pero en el oficialismo provincial hubo algunas pocas disidencias aunque sólo el solanista Gustavo Guzmán tomó la palabra para fundamentar su posición: “Voto por la negativa. Este es el primer capítulo de una tragedia y lo único evidente e indudable es lo que le saca a los pobres”.

 

Tampoco apoyaron el gremialista José Allende y el ex intendente de Basavilbaso, Silvio Valenzuela, sin expresar argumentos.

 

No faltaron las posiciones contradictorias, como la del diputado Pedro Báez, que argumentó 20 minutos en contra del pacto, diciendo que “lo van a pagar los trabajadores que son conculcados sus derechos” y que “el consenso tiene un sesgo regresivo” para finalmente votar a favor del acuerdo.

 

Vía libre para el abastecimiento a UPM-Botnia

 

Los diputados también sancionaron con fuerza de Ley, por mayoría, el proyecto del Ejecutivo por el cual se impulsa un plan de desarrollo foresto-industrial que incluye en su articulado la derogación de la Ley 9.759 de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos para evitar la provisión de materia prima a la pastera finlandesa UPM-Botnia.PublicoDiputados

 

La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado y se trató sobre tablas en Diputados, no pasó sin polémica y prueba de ello es que hubo ocho votos en contra, con rechazos tanto en el bloque Cambiemos, como en el del Frente para la Victoria (FPV) y el massismo.

 

La diputada de Gualeguaychú Leticia Angerosa (FPV) sostuvo que derogar la Ley de la Madera “atenta contra el crecimiento económico sostenido y contra el desarrollo foresto industrial” y expresó su “total acompañamiento a la lucha del pueblo de Gualeguaychú por un ambiente sano”.

 

Miriam Lambert, también del FPV se mostró coincidente con los dichos de su antecesora y advirtió que “este puede ser el primer paso para la instalación de pasteras en Entre Ríos”.

 

Por el oficialismo también votaron en contra Gustavo Zavallo, Emilce Pross, Mariela Tassistro y la ex intendenta de Villa Paranacito, Carmen Toller, aunque esta última lo hizo no sin antes señalar que la Ley de la Madera “desalentó la forestación en Entre Ríos” y que eso tuvo sus consecuencias particulares en su localidad. Según explicó Toller, en el departamento Islas del Ibicuy se plantaban especies como el sauce pero no el eucaliptus que es el que se usa como materia prima de las industrias celulósicas. De todas maneras, aclaró que votaría “por el respeto a la vida”.

 

Otros proyectos

 

Además, Diputados aprobó sobre tablas la modificación del artículo 1 de las Leyes 10.467 y 9.786 que establecen las asignaciones de fondos a las Juntas de Gobierno y una compensación a sus autoridades, respectivamente.

 

Por un lado se estableció la asignación anual de los fondos para las juntas, que será efectivizada mensualmente de la siguiente manera: 53 sueldos básicos mensuales de categoría 10 del actual escalafón o su equivalente, para las Juntas de Gobierno de primera categoría; 35 sueldos para las de segunda categoría, 23 para las de tercera categoría y 13 para las de cuarta categoría.

 

También se establecieron los montos de las compensaciones para el presidente, tesorero y secretario de cada junta (el resto de los cargos son ad honorem) que oscilan entre 2215 y 4330 pesos para los primeros según la categorización de la junta y entre 553,75 y 1.476,67 pesos para los secretarios y tesoreros.

 

Asimismo, los diputados sancionaron con fuerza de Ley un proyecto que llegaba con media sanción del Senado por el cual se deroga el impuesto a la herencia, formalmente denominado Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Desde el bloque Cambiemos, celebraron y acompañaron la iniciativa del oficialismo aunque señalaron que “nunca se contestó” desde el Ejecutivo un pedido de informe sobre “a qué se destinó el dinero recaudado por este impuesto”.

 

La Cámara dio media sanción a un proyecto de Ley de autoría del diputado massista Alejandro Bahler, que prohíbe la entrega bolsas plásticas no biodegradables para el transporte de mercadería.

 

También obtuvo el aval de la Cámara Baja la adhesión a la Ley nacional que establece el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

 

Fuente: Agencia Informativa Mercosur (AIM)