El Gobierno aguarda para esta semana el fallo de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) respecto del amparo presentado por la firma Bioder SA, del empresrio Alejandro Di Palma, contra el último tarifazo del servicio elétrico.
Di Palma accionó contra la Cooperativa Eléctrica Quebracho de Viale –es usuario de esa distribuidora– pero fundamentalmente contra el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), organismo al que reprocha haber autorizado una suba del precio de la luz superior al 100% sin haber respetado lo que establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico, que impone que previamente se convoque a audiencia pública.
Marcos Rodríguez Allende.
El camarista Marcelo Baridón, de la Sala Contencioso Administrativa, hizo lugar parcialmente al amparo de Bioder SA, e impuso al EPRE una limitacicón: que sólo debe autorizar una suba del 19,8%, que es lo que se aprobó en la audiencia públia que tuvo lugar a principios de enero de 2014 en Villaguay. Pero no el 137%, que fue el aumento autorizado a través de sucesivas resoluciones que se conocieron entre finales de 2015 y principios de 2016.
La Fiscalía de Estado y el Ente Regulador apelaron ese fallo de Baridón, y acudieron ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ. Pero mientras ese recurso se tramita, otra camarista de la misma Sala que Baridón, Gisela Schumacher, dio cabida a otro amparo contra la tarifa eléctrica, de la empresa Estación de Servicios Laurencena SA, también propiedad de Di Palma.
En su fallo, Schumacher también limitó al EPRE a autorizar a las distribuidoras, en este caso Energía Entre Ríos SA (Enersa) a aplicar una suba de tarifas del 19,8%. La jueza dijo en su fallo que no pone en discusión la necesidad de una recomposición de las tarifas. «Lo que no es admisible –alertó– es tratar de enmascarar la omisión de un procedimiento esencial (audiencia pública) bajo la urgencia de la restauración de la ecuación económica financiera frente a la amenaza de quebranto, cuando en la ley que regula el servicio público se prevé un plazo absolutamente veloz que combina la garantía de la ciudadanía en conocer información con la protección del servicio público (sesenta días corridos en total, artículo 37).»
Alfredo Muzachiodi (centro), presidente de Enersa.
En medio, el debate judicial por el tarifazo se complejizó por cuanto dos clubes, Sportivo Urquiza y la Liga de Veteranos de Fútbol también acudieron a la Justicia. Aunque no bien se conocieron esas presentacciones, el interventor del Ente Regulador, Marcos Rodrígue Allende, alertó que quienes estaban reclamando por la vía judicial eran dos funcionarios: Juan José Martínez, del Túnel, titular de Sportivo, y Oscar Balla, secretario de Trabajo, por la Liga de Vetaranos. En ambos casos, pidió las renuncias de los involucrados.
El Ente no sólo aplicó el aumento aprobado en audiencia pública en 2014 –congelado durante dos años por un acuerdo Nación-Provincia– sino que también aplicó la actualización inflacionaria, una cláusula gatilla que está presente en los nuevos contratos de concesión y a demás consideró las subas de precios que hubo en el mercado mayorista eléctrico.
El modo cómo autorizó esas subas –sin audiencia pública– está ahora en cuestionamientos, y será lo que deba dilucidar el STJ. En medio, sin embargo, apareció otro planteo judicial, el de los dueños de Neogame SA, la empresa que explota el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, y las salas de juego de calle Etchevehere, calle Dean J Alvarez e Isidro Rossi, y también la ubicada en la ciudad de Diamante.
No son los únicos reclamos judiciales, aunque todos aguardarán con expectación lo que resuelva el STJ respecto de la causa Bioder SA.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.