Otra vez el sector que fue de los «miradores» de la Toma Vieja tiene cartelito de venta. La zona, completamente abandonada, está ganada por la maleza, aunque un privado ha resuelto cercar -un intento, sólo pusieron los postes, muchos de los cuales han sido volteados- y plantar un cartel que dice: «Vende». La zona ya había pasado por la misma situación durante la administración de la exintendenta Blanca Osuna, pero se resolvió mediante una expropiación. Ahora, el asunto vuelve a escena, y muestra de qué modo el Estado no puede hacer cumplir las propias normas que emite. Allí, en octubre de 2014 la administración Osuna licitó la construcción de un “Portal”.
Una cabina en el acceso, una obra que costó casi $700 mil. Se presentó un solo oferente para realizar la obra.
La empresa José Alberto Piedrabuena Construcciones fue la única oferente en la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 161/14, mediante la cual se adjudicó y contrató la provisión de materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra denominada “Portal Ingreso Toma Vieja”. Pero el «Portal» nunca tuvo uso,y ahora está completamente destruido. Luego, Blanca fue por los miradores. Pero la expropiación de un terreno de 12 mil metros cuadrados, en Avenida Blas Parera al 4.300, que impulsó la intendenta Blanca Osuna, que acompañó el Concejo Deliberante y que, después, refrendó la Legislatura a través de una ley, se va a dirimir ahora en la Justicia. El dueño de ese sitio, donde desde siempre funcionó un paseo público con miradores al río desde el filo de la barranca, inició una demanda de inconstitucionalidad de la Ley N° 10.288, que dispuso declarar “de utilidad pública, con destino exclusivo al uso y disfrute públicos y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Avenida Blas Parera N° 4.328”, contiguo al camping Toma Vieja. La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 3, donde también se avanza en otra investigación judicial por la eventual comisión de los “delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” de la administración Osuna que tramitaron la denegatoria de un permiso para instalar un boliche bailable en un terreno privado, que ahora resultó expropiado y de dominio público.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.