“Urribarri está muy complicado”, dice el abogado penalista Rubén Pagliotto, una de las espadas que ha batallado contra los hechos de corrupción de la administración del dos veces gobernador Sergio Daniel Urribarri.

El actual presidente de la Cámara de Diputados tiene sobre sus hombros una causa madre, por enriquecimiento ilícito, que se inició hace dos años y que salpica a toda su familia, pero que avanza lento. Pero en los Tribunales su nombre se repite en varios expedientes judiciales.

El expediente Nº 61211, caratulado “Urribarri Sergio Daniel y otros s/Peculado”; también el nombre del exgobernador aparece en el expediente Nº 58383 “Kisser Raymundo Arturo s/Denuncia”, que tiene que ver con el montaje del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, que le costó al Estado $14 millones; también está complicado en la contratación de publicidad para la Cumbre del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, pero la lista sigue, y es extensa.

Rubén Pagliotto en la entrevista con Entre Ríos Ahora.

 

De frente al trabajo de la Justicia en las causas por corrupción, Pagliotto evalúa positivamente el trabajo de los fiscales, sobre todo, dice, “a los de la nueva camada”, en particular al equipo que conformó Santiago Brugo, con Juan Malvasio, Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. “En general, hago un balance satisfactorio, teniendo como parámetro que, de la nada de antes, ahora hemos tenido significativos avances. Era impensable que a un exgobernador se lo convoque para prestar declaración indagatoria. Y Urribarri ha sido citado a indagatoria en todas las causas. Que no haya declarado es una facultad que tiene. Pero la Justicia lo ha convocado en carácter de imputado”, asevera.

Y ve que en un futuro próximo, más temprano que tarde, empezarán a elevarse a juicio que actualmente están en investigación penal preparatoria. Y adelanta un dato: “Incluso ya se ha adelantado la pena que se va a pedir. En todos los casos –en los que están involucrados Urribarri, Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera, Jorge Rodríguez– son penas que ninguna va de cumplimiento condicional, sino todas de cumplimiento efectivo. Las penas que estarían solicitando están por encima de los tres años y medio a cuatro años. E incluso, si quieren ir a juicio abreviado, se los a pedir que devuelvan los bienes que saquearon al Estado cuando fueron funcionarios”.

En ese escenario, rescata la voluntad del gobernador Gustavo Bordet de no interferir en el trabajo de la Justicia. “Esto es positivo –evalúa-. Creo que es un acierto que debemos reconocer a Bordet que deja a hacer a la Justicia”.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.