La Iglesia se tomó dos largos años para abrir un proceso canónico al cura Justo José Ilarraz, con siete denuncias en la Justicia por abusos y corrupción de menores, y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados: el 9 de abril se abrirá un histórico juicio por los gravísimos hechos ocurridos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde fue prefecto de disciplina entre 1985 y 1993.

Lo denunciaron ante un tribunal eclesiástico en 2013, y el proceso recién tuvo apertura a finales de 2015. Este año, 2018, tomarán declaración al denunciante.

Ilarraz fue investigado por el cardenal Estanislo Karlic en 1995. Ese año ordenó al oficial de justicia, el sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza iniciar una investigación interna luego de conocidas las primeras denuncias de las víctimas, que contaron haber sido abusados mientras eran adolescentes y cursaban, como pupilos, el ciclo básico del secundario orientado al sacerdocio en el Seminario. El proceso concluyó al año siguiente, en 1996, sin la intervención del Tribunal Eclesiástico de Santa Fe, con jurisdicción sobre la diócesis de Paraná: a Ilarraz se lo envió al destierro, se le prohibió volver a la ciudad y las actuaciones se guardaron en el archivo secreto de la curia.

En 2012 la Justicia abrió una investigación de oficio luego de que la revista «Análisis» revelara los abusos de Ilarraz, y esa causa es la que desemboca en el juicio oral que dará comienzo el 9 de abril.

Un año después, en 2013, una víctima de Ilarraz, MH, se presentó por medio de sus entonces abogados Marcelo Baridón -ahora integrante de la Cámara Contencioso Administrativa- y Álvaro Piérola -convertido en fiscal coordinador- al Tribunal Eclesiástico de Santa Fe con una denuncia canónica sobre Ilarraz: lo acusaron de la violación al sexto mandamiento, “no cometerás actos impuros”. En el escrito, solicitaron la “apertura de causa contra el presbítero Justo José Ilarraz”, y así frenar la prescripción en el ámbito eclesiástico: la falta que se le imputa a Ilarraz prescribe a los 20 años.

Baridón y Piérola pidieron expresamente la “apertura de causa contra el presbítero Justo José Ilarraz”.

La denuncia, que fue ingresada en el Arzobispado de Paraná pero que también llegó al Episcopado y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, se apoya en el canon Nº 1.395 del Código de Derecho Canónico que establece que el sacerdote “que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”.

 

La causa está ahora en el Tribunal Interdiocesano Bonaerense, donde MH ha sido citado por el titular de ese organismo, el sacerdote  Hugo Adrián Von Ustinov, como reveló Entre Ríos Ahora.

Fabián Schunk, también denunciante de Ilarraz, acudió ya a una citación para declarar en la instrucción de ese juicio canónico que ahora parece avanzar por decisión de Roma. Declaró el 2 de mayo de 2016, en la sede del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, aunque el expediente fue tramitado por el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires.

A las víctimas les llegó una comunicación que decía: “En el marco de las actuaciones que se llevan a cabo en el procedimiento de referencia, por mandato del instructor cito a Ud. a prestar declaración como denunciante”. Y al pie tenía la firma del notario, el sacerdote Matías Ezequiel Barutta.

El “procedimiento de referencia” tenía el siguiente encabezado: Congregación para la Doctrina de la Fe. Prot. Nº 305/2012”.

 

Schunk lamenta que esa investigación de la Iglesia, ordenada por Roma, avance tan lentamente, lo que se traduce, a su juicio, en una nueva revictimización, tal como ocurrió con las actuaciones que inició en 1995 Karlic, en las que se hizo jurar a los denunciantes guardar estricto secreto.

«Luego del tiempo transcurrido en los procesos aplicados sobre el cura Justo José Ilarraz, los cuales llevan una demora de más de 22 años, me resulta doloroso desembocar en las mismas conclusiones de siempre, la de una iglesia con procesos extremadamente lentos que terminan diluyendo responsabilidades y en el mejor de los casos, castigando a no todos los responsables», dice Schunk.

El proceso canónico que ahora se sigue a Ilarraz está revestido de un secretismo. Las víctimas ni sus abogados tienen acceso a lo que se investiga, a cómo se investiga, al rumbo de la investigación.

«Son procesos claramente inconstitucionales, que prohíben a las víctimas y a sus abogados el acceso a las declaraciones,  y que los obliga a tomar un ridículo juramento de silencio, el cual no persigue otro objeto que el ocultamiento y la desinformación», sostiene.

«Se trata de un proceso netamente revictimizante, ya que todas las víctimas terminan siendo títeres de un proceso silencioso e incierto con las costes económicas, emocionales y laborales que implica. Un proceso lento que siempre actúa después de la Justicia civil,  con la cual la Iglesia no colabora ni informa salvo bajo apercibimiento, como fue en este caso de ilarraz y tantos otros, como los del cura Moya o de las monjas carmelitas», sostiene.

Y concluye: «Estamos frente a un proceso donde el juez y el abusador comparten los mismos intereses, el evitar los escándalos. En definitiva, parafraseando a las Escrituras, con esta gente, este tipo de Iglesia, este modo de proceder, no queda otra que esperar contra toda desesperanza».

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.