En los últimos días de febrero vence el plazo para que la Fiscalía de Estado, órgano encargado de defender los intereses del Estado entrerriano, responda la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde contra un artículo de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal que permite realizar concursos internos para ocupar cargos de fiscales auxiliares.
Fuentes del Gobierno adelantaron que el organismo que comanda Julio Rodríguez Signes rechazará la presentación de inconstitucionalidad y apoyará el criterio del Procurador Jorge Amilcar García, quien defiende los concursos que no pasan por el Consejo de la Magistratura. El plazo para responder la demanda finaliza el 23 de febrero.
Esta controversia judicial comenzó el 13 de noviembre de 2017, cuando el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde, en representación de la abogada Delfina Valeria Geist, quien aspira a convertirse en fiscal de Federación, promovió una demanda de inconstitucionalidad para invalidar las propuestas de designación de 15 fiscales auxiliares en la provincia, con el argumento de que no habían sido sometido al concurso público que debe realizar el Consejo de la Magistratura, asegurando que es el organismo constitucional competente para tomar los exámenes, seleccionar y otorgar puntaje a los aspirantes a los cargos judiciales.
La presentación cuestiona el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece que los cargos de fiscales y defensores auxiliares no se cubren mediante el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura, según lo fija el artículo 182° de la Constitución.
Para el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García el recurso de inconstitucionalidad presentado por Arralde es inadmisible. En una presentación que formuló el 27 de noviembre de 2017, defendió los concursos internos del Ministerio Público Fiscal para los cargos de fiscales auxiliares. Argumentó que “la ley que rigió desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema adversarial, (decreto 4.384, ratificado por Ley 10.049), consideró que las tareas investigativas que realizaba por delegación el fiscal auxiliar, -igual que en su ámbito el defensor auxiliar-, eran las correspondientes a la jerarquía de secretario del antiguo sistema, y que el sistema de designación de los mismos no era igual que el de los restantes magistrados, en el sentido que no requerían su tramitación ante el Consejo de la Magistratura”.
El 6 de diciembre de 2017, un tribunal especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que interpuso el exconvencional y ordenó al Senado y al Poder Ejecutivo la suspensión de las audiencias públicas “hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxiliares tramitado bajo expediente Nº 12.206”.
La decisión fue firmada por el vocal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, junto a los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik. Estos últimos debieron integrar el tribunal ya que ocho restantes vocales del STJ se excusaron.
Así, el Senado suspendió las audiencias para los siguientes aspirantes a fiscales auxiliares: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.
Según supo Entre Ríos Ahora, la Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Estado entrerriano, fue notificada de la decisión del Tribunal el miércoles 20 de diciembre de 2017 y que el plazo para responder la demanda de inconstitucionalidad finaliza el viernes 23 de febrero. Fuentes del Gobierno adelantaron que la Fiscalía a cargo de Julio Rodríguez Signes seguramente apoyará el criterio adoptado por el Procurador General Jorge Amilcar García, es decir: rechazará que se declare inconstitucional el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Luego del descargo de la Fiscalía de Estado, el STJ deberá definir sobre la cuestión de fondo: ¿es constitucional o inconstitucional el artículo N° 50 de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal?
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.