Por Valeria I. Enderle (*)

La media sanción de un proyecto de ley provincial, entre Navidad y Año Nuevo, sobre uso de productos fitosanitarios que, a decir verdad, sonagrtóxicos, nos mantiene alertas, preocupados por su posible conversión en ley en el mes entrante, por parte de Diputados. De la misma forma, la promulgación de una ordenanza que prohíbe el uso de glifosato y sus derivados, pero vetada por el Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná justamente en el artículo que establecía tal inhibición, nos conmueve e intranquiliza.

De manera sorprendente, se coloca “la salud humana y los recursos naturales y el ambiente” como principales objetos de protección de las normas proyectadas; pero, al mismo tiempo, con una media sanción de una ley provincial y un veto parcial de una ordenanza municipal se permite el uso indiscriminado de diferentes categorías de productos tóxicos, según catalogación del SENASA, en base a estudios no oficiales, parciales y carentes de autoridad científica.

Los derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano como derechos humanos que son, revisten las calidades de universales, indivisibles, inalienables, interdependientes, integrales e irreversibles. Esto no debe olvidarse en el transcurso de elaboración y promulgación normativa y, menos aún, cuando ya existen víctimas –en la adultez, y sobre todo, en la niñez- de un modelo de producción que enferma y mata con sus procesos y productos.

El pueblo entrerriano, con su suelo rodeado de aguas, hoy en día es más consciente de los daños que produce el uso y abuso de productos tóxicos en los campos y en las Ciudades, y reclama a  los legisladores de la Cámara Baja que actúen de la misma forma que los miembros del Concejo Deliberante de Paraná cuando sancionaron una norma de vanguardia ambiental y consciente que la transición hacia la agroecológica es urgente.

Necesariamente debe darse el debate, los cuestionamientos, las escuchas y las contraposiciones para que la ley provincial y la ordenanza municipal que resulte sean equitativas y no reflejen únicamente los intereses de poderosos grupos y sectores económicos que se valen de nuestros suelos, sus nutrientes y sus aguas para provecho propio.

Debe resultar una ley y una ordenanza que supere el test de constitucionalidad y convencionalidad, tan afianzado en nuestro ordenamiento jurídico. El respeto de las normas de nuestra Constitución Nacional (artículos 31, 33, 41, 42, 43, 75, 123 y 124), nuestra Constitución Provincial (artículos 22, 33, 83, 84 y 85) y nuestras leyes deben ser las máximas que guíen a quienes definen el futuro de nuestra tierra; fundamentalmente cuando de la vida se trata. Más aún, es preciso mantener los compromisos asumidos internacionalmente (artículos 3, 7, 12, 17, 25, 26, 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), eliminando la regresión que promueve el proyecto en la ‘desprotegida’ salud y ambiente provincial, actualmente motivada por los escasos o nulos controles del Estado Entrerriano, cuando de distancias de fumigación se trata. Del mismo modo debe insistir el Concejo Deliberante Paranaense en la promulgación total de la norma prohibitiva del uso, aplicación tanto terrestre como aérea, del depósito de envases y del lavado de maquinarias y equipamientos para que realmente la ordenanza cumpla, en el ejido, la finalidad para la cual fue pensada: el cuidado y protección de la salud humana y el ambiente.

Deben saber los señores y señoras diputados, los señores y señoras senadores y los Presidentes Municipales así como los integrantes de las Juntas de Gobierno que en las zonas rurales y urbanas existen viviendas, escuelas, parques, paseos, plazas, arroyos, ríos que son contaminados con agrotóxicos de la misma forma que los productos de nuestra tierra que nos llegan a nuestras mesas.

No es posible que desoigan investigaciones serias y discursos contundentes de investigadores del CONICET –como Andrés Carrasco y Damián Marino-, de médicos especialistas como Darío Gianfelici y Damián Verzeñassi, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (FESPROSA), de la bióloga y divulgadora estadounidense Rachel Carson, de la periodista de investigación y escritora Marie-Monique Robin (francesa), del autor del libro Envenenados, Patricio Eleisegui, de la autora del libro La Argentina Fumigada, Fernanda Sández, del mismo SENASA -que detectó en el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas entre 2011 y 2013 la presencia de residuos de agroquímicos-. Ello así, para sólo citar algunos ejemplos de diversos trabajos que han demostrado que los agrotóxicos producen mutaciones, enfermedades y la muerte misma. Tampoco pueden dejarse de lado los testimonios categóricos de madres, maestras como Mariela Leiva, Ana Zabaloy, Estela Lemes, enfermeras y, fundamentalmente, de las víctimas y sus familiares, como Fabián Tomasi (de Basavilbaso), que sufren sus consecuencias y que aún están con nosotrxs.

Pesa en estos próximos días sobre sus espaldas, Señores y Señoras Diputados, la responsabilidad de saber votar y defender la vida en todas sus formas, pensando en las actuales y futuras generaciones.  Tienen Señores y Señoras Concejales de Paraná la responsabilidad de continuar pensando en un tiempo de transición entre el actual modelo agro-económico tóxico-destructivo y un modelo agroecológico, insistiendo en la sanción de la ordenanza que prohíbe del uso y aplicación del glifosato y sus derivados.

Es necesario que sobre todas las cosas no abusen del poder que el pueblo les concedió y cumplan con el juramento que hicieran sobre nuestra  Constitución de cumplirla, hacerla cumplir y ejercer con responsabilidad y honradez sus cargos.

Víctimas, familiares, ecologistas, grupos sociales y ambientales, ciudadanas y  ciudadanos de esta Provincia creemos que los entrerrianos merecemos una vida libre de venenos.

 

(*) Abog. Mg. en Dcho. Ambiental