El diputado provincial y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, tiene todos los trámites listos para convertirse en un nuevo jubilado.

Hace más de un añ0, Allende inició la gestión en la Caja de Jubilaciones y Pensiones para acceder al beneficio jubilatorio.

La gestión se vio «demorada» -se inició a finales de diciembre de 2016- por cuanto debió certificar servicios cumplidos en otras provincias, como Neuquén y Santa Fe. «Esos trámites llevaron un tiempo y recién a finales de 2017 se terminó de completar eso. Ya ingresó la documentación que certifica los años de servicio en esas dos provincias. Ahora estamos en una etapa en la que todo el mapa de servicios prestados está completa. Ahora mandamos a pedir los años de servicio en la Legislatura -más allá que objetivamente sabemos desde cuándo es legislador-, y cuando nos llegue esa información, recién vamos a poder hacer un cálculo de toda su trayectoria laboral y ahí estimar si logra o no el derecho a la jubilación», explicó Daniel Elías, presidente de la Caja.

Mientras, Allende «sigue aportando y sigue sumando años de aporte. Es probable que ya esté cerca de cumplir las condiciones. No puedo asegurarlo hasta no tener el informe de Cómputos, que lo vamos a tener en los próximos 30 días». De todos modos, el titular de la UPCN no podrá ingresar en el universo de los pasivos provinciales hasta que no cese en su actual cargo de integrante de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El trámite de jubilación de Allende se inició después de la Navidad de 2016. Concretamente, el 26 de diciembre último, según los registros de la Caja.

El trámite lo inició aún cuando cuando entonces apenas contaba con 60 años, y la Ley de Jubilaciones N° 8.732 de la provincia prevé el retiro a los 62 para los hombres, y a los 57 en el caso de las mujeres.

Allende es diputado provincial, en forma ininterrumpida desde 1999, y también titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) desde 1998, donde ha sido reelecto en forma consecutiva.

La representación de un sector de los trabajadores del Estado la tiene porque Allende es también empleado del Estado. Si bien nunca desempeñó funciones, recuerda Daniel Enz en su libro “Rebeldes y Ejecutores”, fue nombrado con categoría 10 en la Dirección de Juntas de Gobierno. Había llegado desde Santa Fe -donde supo figurar como asesor de un área de asuntos agrarios- y su incorporación al Estado entrerriano le sirvió para, poco a poco, ir desplazando al también santafesino Ramón Saz de Larrechea, interventor de UPCN hasta principios de 1990.

Su padre, el abogado Pablo Alejandro Macho Allende, siempre fue recordado como el apoderado nacional del denominado Partido para la Democracia Social, que tuvo como máximo líder al almirante Emilio Eduardo Massera, recuerda Enz.

De modo que Allende está dentro de la plantilla del Estado y como tal busca la jubilación.

Pero es un hombre de buen pasar. La revista “Análisis” contó, en 2012, que el legislador es dueño de un haras con caballos pura sangre de competición en Nogoyá; dos pisos en el centro de Paraná, uno en calle Cervantes otro en 25 de Junio; una quinta en Sauce Montrull; una camioneta 4×4; un caserón sobre la zona más cara de Paraná, en barrancas del Parque Urquiza; un yate que descansa en el Club Náutico.

Siendo legislador, además, benefició de modo irregular a una fundación que presidía su esposa.

Quizá por eso, el trámite de su jubilación no es lo que más lo tiene ocupado, sino su situación en la Justicia, donde tiene dos causas: por enriquecimiento ilícito –su crecimiento patrimonial ha sido llamativamente importante—y negociaciones incompatibles con la función pública, ya que siendo presidente de la Cámara de Diputados benefició a la Fundación Esperanza, una ONG que presidía su esposa, Adriana Satler, actual funcionaria del Ministerio de Salud.

Pero además, acumula dos causas por amenazas: una contra el periodista Martín Carboni, trámite que ya fue elevado a juicio oral; y otra contra el director técnico del Hospital San Blas, de Nogoyá, Juan Orlandi, que tramita el fiscal Federico Uriburu.

Pero además, buena parte de la cúpula de su sindicato, la UPCN, también está enredada en causas judiciales: una en Diamante y otra en Villaguay, en ambas por amenazas a funcionarios de Salud.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.