El presidente de la firma Global Means SA, el contador Germán Buffa, logró aplazar su indagatoria prevista para este viernes por la mañana en el Juzgado de Transición a cargo del juez Gustavo Maldonado, quien este miércoles recibió la declaración indagatoria por escrito de manos del exgobernador Sergio Urribarri.

El contador, que habría sido beneficiado con miles de pesos en pauta oficial durante el gobierno de Urribarri, se presentará el martes por la mañana, según señalaron fuentes judiciales a Entre Ríos Ahora. Mientras, el exministro de Cultura y Comunicación de Urribarri y hoy diputado provincial Pedro Báez mantiene su indagatoria para el lunes. En la causa en la que deberán declarar Báez y Buffa se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública por el supuesto otorgamiento irregular de publicidad oficial.

El empresario que preside la firma sospechada de haber sido beneficiada con contratos direccionados -Global Means- está siendo defendido por el abogado José Velázquez. No es la primera vez que Buffa logra reprogramar una citación. En diciembre del año pasado, su abogado solicitó posponer la indagatoria de su defendido para este mes por motivos laborales: debía estar en el mismo momento en otra audiencia.

El defensor de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, también presentó un argumento similar y logró posponer la cita. En aquel entonces, el exministro de Comunicación y Cultura de la provincia y hoy diputado provincial Pedro Baéz también presentó una excusa para aplazar la cita. Dijo, por medio de su abogado Ignacio Díaz, que la apretada agenda de trabajo en Diputados le imposibilitaba presentarse.

La entonces jueza de la causa, Gabriela Garbarino, entendió los motivos esgrimidos y suspendió las indagatorias. Poco tiempo después, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) firmó una acordada por la cual suprimió su juzgado, entre otros ordenamientos, y derivó todas las causas que se tramitaban allí al juzgado de Gustavo Maldonado. En el paquete de expedientes que llegó a manos del magistrado, estaba el caratulado del siguiente modo:  “Urribarri Sergio Daniel, Báez Pedro Ángel, Buffa Germán Esteban s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Un detalle no menor: Maldonado es el mismo juez que tiene en su poder la causa por presunto enriquecimiento ilícito del diputado peronista y jefe de UPCN, José Allende. Exactamente un año atrás el legislador faltó a su indagatoria. Desde entonces no se conocen avances en la causa abierta en 2012.

El monto  direccionado a Global Means SA

El empresario Buffa, de Global Means SA, está sospechado por la fiscalía de ser el testaferro del exministro Baez para el direccionamiento de la pauta oficial. Los investigadores probaron, al menos provisoriamente, que la firma recibió en 2011 pauta oficial sin cumplir requisitos básicos de contratación.

Luego de la declaración indagatoria de Sergio Urribarri, que fue en rigor la presentación de un escrito negando los cargos, comenzaron a trascender detalles sobre la imputación.  Entre Ríos Ahora confirmó con fuentes de la investigación que el perjuicio al Estado que se calcula fue de $118 mil, y no de $500 mil, que fue el monto que abrió la denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino (UCR).

La imputación formulada por la fiscal Viviana Ferreyra precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez mandamás del Ministerio de Comunicación –en el período investigado llamado Dirección de Información Pública-  el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primer aviso era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil, confirmaron fuentes conocedoras del expediente.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Lo demás es sabido, que además de esa presunta contratación amañada, también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

Urribarri fue el primero de los imputados que se presentó en la justicia en esta causa. Lo hizo el miércoles –a pocos días que se conoció que fue embargado por $26 millones por otra causa- cuando las puertas del edificio de Tribunales recién se abrían. Asistió junto a sus abogados Marcos Rodríguez Allende y Raul Barrandeguy. El trámite fue dejar un escrito en manos del juez Maldonado y retirarse tranquilamente.

Antes de retirarse del edifico, Urribarri evitó ser entrevistado por Entre Ríos Ahora –único medio en el lugar-, pero entregó su declaración en la que niega los cargos y asegura que no conoce a ningún empresario de Global Means, ni intervino en la contratación de publicidad.  Además sostuvo que la contratación pasó todos los controles del Estado, y le planteó al juez que no tiene nada que investigar, porque “la revisión de los actos de gobierno constituye una actividad no judiciable, careciendo el Poder Judicial en consecuencia, de atribuciones y competencias para revisar el ejercicio de las facultades respectivas propias del Poder Judicial”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.