El alerta lo dio el senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos), al enterarse de las nuevas recusaciones planteadas al Jurado de Enjuiciamiento que debe someter a jury al suspendido juez de Ejecución de Penas de Gualeguay, Carlos Alfredo Rossi, con ocho presentaciones en las que se lo acusa por mal desempeño y falta de ideoneidad en el cargo.

Luego de las últimas cuatro recusaciones que formuló la defensa de Rossi, Mattiauda aseguró que, a ese ritmo, el Superior Tribunal de Justicia y la Legislatura se quedarán sin miembros para integrar el Jurado de Enjuiciamiento. Ese tribunal se conforma por siete miembros: tres  del Superior Tribunal, dos legisladores, y dos abogados de la matrícula de la Provincia.

El legislador provincial -que presentó el primero de los ocho pedidos de jury a Rossi- sostuvo que “honestamente, estoy indignado con la recusación que han presentado los abogados del juez Rossi. Han utilizado todos los artilugios a disposición para dilatar el proceso, al punto tal que el Superior Tribunal y la Legislatura se van a quedar sin miembros para avanzar en el jury. Esto realmente me preocupa, porque si el juez Carlos Rossi considera que ha obrado de buena fe y que fue correspondiente con el Derecho no tendría que tener problema de someterse a juzgamiento. Entiendo que están haciendo lo posible para que el jury no pueda llevarse a cabo”.

Nicolás Mattiauda.

 

 

Los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen -defensores del juez Rossi- recusaron a cuatro miembros del Jurado de Enjuiciamiento: se trata del senador Lucas Larrarte, a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina de Rizzo, al diputado Daniel Koch y Jorge Campos, que representa al Colegio de Abogados de Entre Ríos.

El argumento para las recusaciones es que, al votar abrir proceso a Rossi, adelantaron opinión sobre el eventual fallo que producirá el Jurado de Enjuiciamiento.

Pero la votación por la apertura del proceso a Rossi fue 5 a 2. El quinto que votó por la apertura de la causa es Roberto Beheran, representante, al igual que campos, del Colegio de Abogados de Entre Ríos.

Desde que el proceso a Rossi se inicio, hubo varias recusaciones.  En una primera instancia, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió, por el voto de sus siete miembros, aceptar las recusaciones formuladas por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen de los diputados Diego Lara y Rosario Romero, ambos del Frente para la Victoria (FPV); también, del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón; y de los senadores Ángel Giano (FPV) y Roque Ferrari (Cambiemos), que eran los integrantes naturales del Jurado.

En cambio, rechazó, por 4 votos a 3, las recusaciones que pesaban sobre los diputados Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos).

De ese modo, Koch y Vitor se pudieron reincorporar  al Jurado de Enjuiciamiento, como miembros titular y suplente, respectivamente, por lo cual debieron ceder su lugar quienes habían sido incorporados tras su recusación, Jorge Monge (Cambiemos) y Gustavo Zavallo (Frente Renovador). Koch y Vitor se sumaron así al cuerpo colegiado conformado por los vocales del STJ Daniel Carubia y Bernardo Salduna; Jorge Campos y Roberto Beherán, por el Colegio de Abogados; y  el senador Lucas Larrarte (FPV)

 

Inicios

Rossi fue denunciado por mal desempeño y falta de idoneidad por haberle otorgado la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner,  el 1º de julio de 2016, y quien en abril de 2017 asesinó a Micaela García en Gualeguay.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, el 7 de diciembre, abrir causa contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.  La resolución implicó, además, correrle traslado al Procurador Jorge Amilcar García para que en 15 días formule la acusación; y la suspensión del magistrado en su cargo, más la  retención del 30% de su sueldo.

El magistrado tiene ocho denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de una decisión polémica: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. Si Wagner seguía en prisión recién iba a salir a las calles el 16 de julio de 2018.

Nueve meses después de la resolución del juez Rossi, el 1° de abril de 2017, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. El caso conmocionó al país, y sobre todo al movimiento de mujeres que se movilizó bajo la consigna #NiUnaMenos. En Entre Ríos, el rostro del juez fue parte de las pancartas que se exhibieron en el Poder Judicial, junto al rótulo de “cómplice”. El 17 de octubre pasado, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”. Su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.

Suspendido en su cargo y sometido a jury, el juez Rossi enfrenta ahora el proceso central: la acusación del Procurador.

El Jurado de Enjuiciamiento que votó abrir un proceso contra el juez Rossi no tuvo una postura unánime sino que hubo disidencias. Uno de los que se mostró en contra fue el presidente del Jurado, Daniel Omar Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien opinó que la decisión de Rossi fue coherente y fundamentada. “Ese resolutorio se constata seria y calificadamente fundamentado y la decisión adoptada deriva coherentemente de las razones invocadas por el juzgador, las cuales responden a las concretas constancias comprobadas de la causa y a una interpretación de los hechos y el derecho aplicable que no se revela irrazonable sino, por el contrario, conteste con criterios jurisprudenciales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y otros”, escribió.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.