Dar marcha atrás con el incremento de la tarifa eléctrica supondría una pérdida varias veces millonaria para la provincia.
Doce amparos que se tramitan en la Justicia ponen en discusión precisamente esa medida del Gobierno, y reclaman dar marcha atrás con el incremento de la tarifa, que entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 trepó un 137%.
Las sentencias judiciales adversas al Gobierno han dispuesto limitar el aumento: en vez de ese 137%, un 19,8%, que es la suba que se discutió mediante el mecanismo de audiencia pública, en enero de 2014, en Villaguay.
Tanto la Fiscalía de Estado como el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) sostienen que esas subas provienen de los una modificación inflacionaria de los costos de distribución y por los incrementos dispuestos en el mercado mayorista eléctrico nacional.
Y que en ninguno de esos casos cabe convocar a audiencia pública.
De igual modo, esperan con expectación el fallo que dicte la Sala Penal y de Procesos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), adonde llegaron los casos en apelación. Ese tribunal, compuesto por Carlos Chiara Díaz, Emilio Castrillón y Bernardo Salduna, deberá emitir un fallo que será clave para dilucidar si los aumentos estuvieron bien aplicados o no.
En la Secretaría de Energía, de igual modo, ya han hecho proyecciones en caso de una sentencia adversa que obligue a dar marcha atrás con la suba de tarifas.
Y hay dos escenarios:
a) si se impone la tesitura del camarista Marcelo Baridón, en el caso de la empresa Bioder SA, de Viale, el incremento debería volver a fojas cero, y aplicarse la tarifa vigente a diciembre de 2015. En ese caso, evalúan en el Gobierno, el costo económico rondaría los $500 millones para la provincia.
b) si por el contrario se impone la tesitura de la camarista Gisela Schumacher, en el caso de Estación de Servicio Laurencena SRL, que sólo obligó a Enersa a refacturar el último período, de mayo pasado, el costo económico sería cinco veces menor, de unos $100 millones.
En cualquier caso, la administración del gobernador Gustavo Bordet tendría que hallar el modo de suplir la falta de aumento de la tarifa eléctrica, y amortiguar el agujero financiero que se les produciría a las distribuidoras eléctricas, la estatal Enersa y las 18 cooperativas eléctricas.
–¿De qué modo se corregiría ese desfase?
–Un camino podría ser un aumento de impuestos de emergencia. O no pagar la energía en el mercado eléctrico mayorista.
En cualquier caso, escenarios muy complejos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.