La Municipalidad de Chajarí clausuró este sábado otro geriátrico, el segundo en menos de una semana, luego del escándalo del jueves, cuando un video que se viralizó mostraba el modo cómo una empleada de una institución sin habilitación, que operaba comercialmente bajo el nombre «Doña Marta», maltrataba a una mujer institucionalizada. Lo que siguió fue la clausura del lugar, y la intervención de la fiscal María Dalia Verdura Pons, de la Unidad Fiscal de Chajarí.

Ahora, la clausura recayó sobre el Hogar «Los Abuelos» emplazado en calle Fochesatto 1355, en el barrio Santa Rosa, de Chajarí. La actuación municipal se originó ante el comparecimiento de una vecina en dependencias del Área Mujer y Familia del gobierno local y en una una exposición realizada por la misma ante el Ministerio Público de Defensa, a cargo de la defensora Silvia Beatriz Ghiorzo.
Luego de esa exposición, el Municipio de Chajarí constató que el establecimiento no contaba con habilitación comercial vigente y por esta razón se instruyó al equipo de Habilitaciones Comerciales y de Salud Municipal para que se proceda a su clausura y a la reubicación de los mayores allí alojados en lugares apropiados o junto a sus familias.

De la exposición surge que en el lugar habitan cuatro personas, una de ellas inquilina del espacio, dos abuelos al cuidado de esta persona y una persona con discapacidad que sería hermano de la inquilina, a quien tiene a su cargo.

La actuación municipal se encuadra en una falta a la Ordenanza N°1141, que es la que regula la habilitación de Comercios en la ciudad. En este sentido desde el Gobierno de Chajarí se aclaró que la competencia municipal está restringida a la habilitación comercial, ya que la habilitación de servicios gerontológicos y geriátricos de la provincia de Entre Ríos le compete al Gobierno Provincial, que es autoridad de aplicación de la Ley N°9823 aprobada en 2007.

Esta Ley, en su artículo 4° establece que «en las instituciones y/o servicios gerontológicos el organismo específico relacionado a la vejez que designe el Ministerio de Acción Social de la Provincia, será el encargado de la habilitación, control y supervisión de los mismos y de velar por la observancia de la presente Ley. En las instituciones y/o servicios geriátricos la misma función estará a cargo de la Secretaría de Salud de la Provincia». Ambos organismos son los que tienen a cargo -según se indica- el proceso de habilitación, contralor y supervisión y deberían trabajar en coordinación.

Esto significa que los establecimientos que desarrollen este tipo de actividades tienen que tener una doble habilitación, municipal, para poder ejercer el comercio o prestar un servicio; y provincial, para funcionar como servicio gerontológico o geriátrico.

La página web del Ministerio de Salud sólo da cuenta de la habilitación de 14 geriátricos en toda la provincia, ninguno en Chajarí, y tan solo 5 en Paraná.

En 2016 el propio Ministerio de Salud admitió la existencia de los geriátricos «truchos» en la provincia, y el exasesor legal Víctor Berta cargó contra los familiares que dejan a los ancianos en esos lugares.  «El médico responsable en el geriátrico está en infracción cuando trabaja en un establecimiento que no está habilitado y, en efecto, estaría corriendo riesgo su matrícula. El médico es responsable por todo el trabajo que se haga en la entidad. Si no tiene la habilitación se agrava la responsabilidad de él y si llega a haber un fallecido, se complica aún más”.

Teniendo en cuenta la profundidad de la problemática, el funcionario señaló que para que estos geriátricos irregulares funcionen, también tiene que haber una suerte de complicidad de parte de los familiares que llevan a los adultos mayores a un lugar que no está habilitado. “Que un lugar de ésta índole no esté habilitado significa gastar menos plata en el anciano: ese es el negocio. Por eso tenemos en claro que, en caso de que el establecimiento no esté regularizado y producto de la participación del Estado provincial se llegue a su clausura, el hecho de retirar a los abuelos del lugar implica que se termina cayendo el negocio. Para el Ministerio de Salud la geriatría no es un negocio; sin embargo, para los privados sí la posibilidad de ofrecer un servicio de estas características, siempre que se atengan a cumplir con las leyes vigentes”.

Sólo en Paraná, según admitió públicamente la concejal oficialista Claudia Acevedo, se estima que existirían unos 60 geriátricos truchos.

Entre Ríos Ahora dio cuenta de que existe un mecanismo de funcionamiento tácito de los geriátricos truchos, a los que el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se ve obligado a derivar a afiliados ante resoluciones de la Justicia.

La situación es tan insólita que los geriátricos que consiguen constituirse en prestadores gracias a un fallo judicial reclaman que se les abone el máximo de la retribución que establece el nomenclador nacional para instituciones con todos los papeles en regla.

“No obstante que desde Iosper se señala dicha situación irregular y amén de que se logran algunos fallos favorables de primera instancia, al llegar al STJ –casi siempre con los votos de (los jueces Daniel) Carubia y (Miguel Ángel) Giorgio- proceden a hacer lugar al amparo, mandando –obligando- al Iosper a pagar internaciones en lugares no habilitados, y que dichos miembros saben o no pueden desconocer que no están habilitados”, dice una fuente de la obra social.

Y ocurren en medio hechos insólitos.

En un caso, a través de un amparo se pidió cobertura del 100%, pago del máximo valor por la prestación según indica el nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación, y el lugar al cual se destinó al afiliado no está en el listado de geriátricos habilitados por el Ministerio de Salud de la Provincia.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.