Álvaro Cristian Treppo, actual intendente de Seguí, fue, junto a la contadora Marta Aurora Pérez, el tándem de auditores que tuvo la misión de controlar el uso de fondos en el Senado cuando estuvo dirigido por el exvicegoberandor Hector Alanis, entre 1995 y 1999, período en el que se sospecha que ocurrió un desvío millonario de recursos del Estado, asunto sobre el que la Justicia ahora pretende echar luz.

En el tercer día del juicio oral que se le sigue a Alanis por el delito de peculado –se le endilga la responsabilidad por el desvío de u$s 6 millones cuyo destino se desconoce, cargo que también recae sobre el exvicepresidente primero del Senado, el radical Humberto Re- el Procurador General Jorge García presentó un recurso de reposición y pidió anular la decisión del tribunal –que integran Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel- de permitir que el intendente Treppo declare por escrito en la causa. Los jueces anunciaron, el jueves 8 de este mes, cuando se abrieron los debates, que tanto Treppo como el actual senador nacional Pedro Guastavino se ampararían en las prerrogativas establecidas por el artículo 250° del Código Procesal Penal que les permite testimoniar por escrito.

 

“Nosotros creemos que debe ser desplazada esa prerrogativa por decisión del tribunal, y conminarse al testigo a que venga a prestar declaración, en base a la gravedad del hecho”, planteó el Procurador García. “No hay razones principalistas o deontológicas para este tratamiento especial, porque las razones que se aducen son razones de agenda, de distancia, de funciones que se deben cumplir”, observó. “¿Por qué nos interesa Treppo? Es de imperiosa necesidad. Tiene que venir a declarar. De acuerdo a la hipótesis nuestra, de la acusación, Treppo y Pérez fueron quienes, en infracción a los deberes de custodia, fueron la herramienta necesaria (para que ocurría el desvío de fondos), por eso son coautores por omisión del delito de peculado doloso. Fueron el hijo del zorro custodiando el gallinero. Estuvieron (para controlar) dolosamente pintados para no hacer nada”, señaló.

Lamentó que la Justicia haya dictado el sobreseimiento en la causa de Treppo y Pérez –los otrora auditores del Tribunal de Cuentas, citados como testigos en el juicio a Alanis- y recordó un fallo de la jueza Marina Barbagelata que interpretó que el caso servirá para explicar “el agujero negro que explica el financiamiento de la política”. El Procurador volvió la atención sobre Treppo y Pérez y sostuvo:  “Si hubieran dicho ´tuvimos que hacer la vista gorda´, hubieran quedado bien. Pero vinieron y ratificaron la falsedad”.

“Nos interesa, como hipótesis del caso, que vengan y se sometan al interrogatorio, porque así va a salir claramente la situación”, sostuvo ante el tribunal y adelantó la posibilidad de enrostrarel a ambos el delito de falso testimonio, situación que podría ponerlos ante el riesgo de ser privados de la libertad.

Y evaluó como “ridícula” la argumentación de Treppo para no asistir al tribunal a declarar en forma oral y no por escrito. “No puede un intendente plantear situaciones de agenda cuando los hechos ocurrieron cuando él no era intendente. Podemos esperar todo lo que sea necesario para que este testigo acomode su agenda y venga y comparezca”, sostuvo.

Claro que el planteo del Procurador General fue rebatida de forma inmediata por el defensor de Alanis, Julio Federik, quien primero dijo que el planteo de García fue “extemporáneo”, y además, sostuvo, “no fuimos los defensores los que pedimos que declare por escrito, sino que fue una decisión del tribunal”.

Reprochó luego la advertencia del Procurador, que anunció que pediría el falso testimonio para Treppo y Pérez, por cuanto, consideró, resulta una forma de “desmerecer” el testimonio de los testigos.

Y en respuesta a la petición de García, planteó que si de verdad se quería obligar a Treppo a declarar en forma personal, antes debería impulsarse la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 250 del Código Procesal Penal.

Finalmente, el tribunal decidió rechazar por extemporáneo el reclamo del Procurador General y Treppo, al igual que el actual senador nacional Pedro Guastavino, declararán por escrito en la causa Alanis.

La otra auditora que actuó en representación del Tribunal de Cuentas en el Senado, en el período que se investiga, 1998/199, Marta Aurora Pérez tampoco declarará en el juicio: una junta médica de Tribunales la examinó y dictaminó que no está en condiciones de hacerlo.

 

Debate

El primer testigo que declaró en el juicio a Alanis este martes fue el contador Jorge Raúl García –quien había peticionado la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, pero fue obligado a viajar desde su ciudad, Concepción del Uruguay, a Paraná-: fue quien elaboró el informe que fue la base de la denuncia de la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que denunció el desvío de fondos del Senado.

García, como integrante del cuerpo de auditores de la Fiscalía, reveló un primer dato que marca el destino incierto de los más de u$s 6 millones de dólares que es la piedra basal de la causa al exvicegobernador.  En realidad, dijo que pudieron detectar la realización del gasto pero que nunca pudieron acceder a la documentación respaldatoria. “Nunca tuvimos documentos que respaldaran los contratos que se pagaban a través del programa 18 de vicegobernación”, declaró. El Programa 18 era una asignación presupuestaria que estaba a cargo de Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador, que accedió a juicio abreviado, con una pena de dos años y ocho meses de prisión  condicional.

Las requisitorias de los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa apuntó al uso discrecional de fondos públicos en el Senado, y a la falta de documentación respaldatoria de esos gastos porque, como lo planteó el Procurador García, en algunos casos el destino era financiar la actividad política mediante el pago de contratos.

El exintegrante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relató que pudieron acceder a documentación respaldatoria del nombramiento de 24 personas mediante contratos autorizados por 5 decretos. “Pero nunca vimos los contratos. Vimos un decreto que designaba a determinada cantidad de personas. Pero nunca vimos esas contrataciones”, contó.

Gustavo Sayes, empleado del Senado, pidió que el tribunal le dispusiera de una pizarra para hacer su declaración. Y así ocurrió: se sentó con una pizarra a sus espaldas que después utilizó para su declaración. No aportó demasiado a la tramitación de la causa.

Tomás Ismael Espíndola, el tercer testigo, se jubiló en 2016 como tesorero del Programa 17 de la Cámara de Senadores, y tuvo como jefe a José Crettón Pereyra, que fue otro que accedió a juicio abreviado y a una pena condición de prisión de dos años y ocho meses. Dijo que todo se abonaba con cheques y no pudo dar cuenta de nada de lo que ocurría en el Programa 18, que dependía de Maximiliano Alanis.

Hugo Faustino Acosta, quien fuera secretario privado de Alanis, contó de la mecánica de su trabajo y no pudo aportar mucho a la causa.

Los sobres

Héctor Enrique Bellman Eiguiguren, que se desempeñó en el bloque de senadores radicales, reveló la existencia de pago de contratos de obra, que los salarios se pagaban “en sobre”, y que quien pagaba era Maximiliano Alanis. “Cobrábamos en la oficina de Maximiliano Alanis. Salía él y entregaba los sobres”, sostuvo.

La acusación de la Fiscalía señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado, y del Programa 17. Héctor Alanis era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.

 

Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.

 

El escrito de remisión a juicio, elaborado hace tiempo por la fiscal Laura Cattáneo, dice que los imputados  “se apropiaron, previo acuerdo entre ellos, de fondos públicos del estado provincial cuya administración, en razón de los cargos que detentaban,  les había sido confiada, por el importe aproximado de $ 6.132.825,20”.

 

Y agrega: “Para ello, pergeñaron la maniobra de depositar en la Cuenta Corriente 0939/5 de la Honorable Cámara  de Senadores, en el Banco de Entre Ríos S.A., fondos asignados para el ‘Inciso 3.9.9 – Servicios no personales’ tanto para el Programas 17 como para el Programa 18, para luego realizar periódicas transferencias, del Programa 17 al Programa 18, por distintos importes, mediante libramientos de cheques contra la cuenta corriente antes indicada, consignándose en el Libro de Banco de la misma, que correspondían a ‘transferencias al Programa 18’ y rindiéndose las sumas transferidas con esa maniobra, en el Programa 17, como ‘transferencias al Programa 18’, comunicando mensualmente José Maximiliano Cretton Pereyra a la Auditora del Honorable Tribunal de Cuentas, que los comprobantes respaldatorios de la utilización de dichos importes serían rendidos oportunamente por el Programa 18. Sin embargo, el ingreso de los importes correspondientes a las transferencia nunca era consignado en la Planilla de Cargos y Descargos mensuales correspondiente al Programa 18, por lo que tales importes nunca fueron rendidos al Tribunal de Cuentas, permitiéndoles dicha maniobra sustraer la suma de $6.132.825,20 del control renditivo del Tribunal de Cuentas”.

El último testigo fue el abogado Daniel Humberto Garrido, que fue contratado por Alanis para atender cuestiones previsionales en el Senado, y fue otro que admitió que había contratos de obra en la Cámara de Senadores, y que los pagos se hacían mediante recibos. Pero aclaró que percibía su salario con cheques, y no en efectivo.

Las audiencias seguirán este miércoles, a las 9.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.