Cuando se enteró que dos funcionarios de la administración del gobernador Gustavo Bordet habían presentado amparos contra el aumento de la luz, el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, montó en cólera.
Dijo que tanto Juan José Martínez, titular del Ente Túnel Subfluvial, que inició una demanda contra el EPRE y Enersa por el tarifazo de la luz en representación del Club Sportivo Urquiza, como Oscar Balla, secretario de Trabajo, e impulsor de la causa judicial contra la suba de la tarifa que inició la Liga de Veteranos de Fútbol, debían renunciar a sus cargos.
Ninguno renunció, claro, y los amparos siguieron su curso. El de Sportivo Urquiza, fue rechazado; el de la Liga, tuvo acogida favorable en la Justicia.
Pero ahora, sorpresa y media: la suegra del interventor del EPRE se suma a los que han presentado amparos contra el tarifazo.
Uno de los doce amparos que se tramitan en la Justicia contra el tarifazo aplicado sobre el precio del servicio de energía eléctrica en Entre Ríos fue impulsado por Ana María Benítez, como parte integrante de la firma láctea Estancia Doña Luisa SRL, de Aldea María Luisa.
Estancia Doña Luisa SRL es una pequeña industria láctea que nació en mayo de 2000, y entonces procesaba 1.200 litros diarios de leche, pero hoy elabora 22.000 litros de leche por día. Y para ello se provee de 20 tambos de la zona.
Una de sus socias es, entonces, Ana María Benítez, que a su vez es la suegra de Marcos Rodríguez Allende, interventor del Ente Regulador.
El amparo que presentó Ana María Benítez está tramitándose en el Juzgado de Transición Nº 2, a cargo de Susana María Paola Firpo.
No es el único traspié en la discusión por la tarifa eléctrica. Aunque sí el más escandaloso.
Este martes el juez laboral Eduardo Elías Flores falló a favor del amparo contra el tarifazo presentado por la firma Neogame SA, propietaria del Hotel Howard Johnson Mayorazgo y varias salas de juego en Paraná y Diamante. El recurso había sido presentado el sábado 25 de junio contra la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
Neogame SA cuestionó el tarifazo y en su escrito en la Justicia habló sobre “la desproporción e irrazonabilidad” de los aumentos aplicados desde enero de 2016 así como la “violación” del deber de información, la “omisión” de la audiencia pública y la “violación” de normas y principios de derecho público.
El juez Rodríguez reprochó, al igual que el resto de los fallos, respecto a la falta de convocatoria a audiencia pública antes de disponer los aumentos de tarifa. Y por eso concluyó que “la convocatoria a audiencia pública, lejos de ser facultativa para el Ente, resulta a todas luces obligatoria en tanto el dispositivo lo plantea en términos imperativos”.
Y por eso ordenó “suspender” la aplicación de los aumentos “hasta tanto se celebre la audiencia pública correspondiente con posterioridad a la cual, podrá el EPRE restaurar la vigencia de las mismas o dictar nuevas con modificaciones tarifarias menores, iguales o mayores a las dispuestas, excepto en lo que corresponde al porcentaje de incremento del 19,8 % que fuera autorizado previa audiencia pública”.

Fuente: El Diario.