El frente judicial es cada vez más complicado para el exgobernador Sergio Urribarri, aunque el ahora presidente de la Cámara de Diputados procure zafar de sus compromisos en los Tribunales, por distintos caminos.

El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la que también está directamente  comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

El pedido de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: la petición de desafuero para los diputados Urribarri y Báez ; y un adelanto de la solicitud de la pena que harán durante el debate en juicio,  8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y también para el cuñado Aguilera.

Más todavía: la Justicia resolvió, como medida preventiva, embargar a Urribarri en $26 millones.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

En principio, se había previsto que la audiencia para debatir el pedido de la Fiscalía de elevar la causa a juicio oral se realizaría el lunes 26 de marzo. Pero esa audiencia fue aplazada.

Ese día, habrá audiencia por la misma causa pero con otros fines. Será una audiencia para debatir un recurso de los defensores de Urribarri -Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende-, quienes han planteado una excepción por falta de acción. En buen romance, significa que la Fiscalía no tiene argumentos par acusar por, argumentan, las contrataciones de publicidad ahora puestas bajo la lupa de la Justicia fueron auditadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría sin ningún tipo de reproche. Verbigracia: el Ministerio Público Fiscal nada tiene que hacer.

«Es un absurdo pensar que porque hubo controles internos en el Estado, esos controles excluyen el control penal. El control penal no puede excluirse con ese razonamiento», teoriza una fuente judicial consultada por Entre Ríos Ahora. 

Como fuere, la causa de la vaca deberá pues sortear ese trámite el próximo lunes 26. Resuelto ese incidente, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl deberá fijar fecha para debatir la remisión a juicio si es que prospera el planteo de Fiscalía de rechazar el argumento de la defensa de Urribarri.

 

 

 

Por qué la vaca

La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el juez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.

Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.

Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.

Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios,  según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales.  La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.

“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que ahora instruyen los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.

La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.

El fiscal Brugo ya no está en la causa, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.