El gobernador Gustavo Bordet autorizó a realizar los gastos que demandaron los festejos del Bicentenario siguiendo una vía más expeditiva que el farragoso camino de la licitación pública.
Más precisamente en la contratación de bienes o servicios, como la construcción del Museo del Bicentenario o la reparación de la Playa Mansilla.
A través del decreto Nº 1.490, el Gobernador autorizó a todas las áreas contables del Poder Ejecutivo “a realizar los procedimientos para contratar la adquisición, ejecución y/o restauración de las obras de arte o históricas, mediante el sistema ´Libre elección por negociación directa´”.
Esa excepción, dispone el decreto, se usó para todo lo que resuelva la Comisión del Bicentenario “para la realización de los objetivos, eventos y homenajes en el marco de la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
Y ordenó a las direcciones generales de los Servicios Administrativos Contables para que resuelvan la adecuación de “las necesidades presupuestarias que surjan a fin de satisfacer los requerimientos que formule la Comisión del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
En realidad, Bordet echó mano a una excepción previstas en el Reglamento de Contrataciones del Estado, y justificó así que “teniendo en cuenta la naturaleza especial de algunas de las obras a ejecutar tanto en objetos, monumentos y edificios históricos, que solo pueden ser confiadas a personas de probada competencia”.
En 2014, cuando la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná, el exgobernador Sergio Urribarri también apeló a las excepciones, pero en ese caso para gastos monumentales: más de 40 millones, con una discrecionalidad tal que ahora la Justicia está investigando la posible comisión de delitos.
La Ley N° 10.327, votada el 16 de octubre de 2014 por la Legislatura de Entre Ríos, facultó al Poder Ejecutivo a gastar fondos públicos sin utilizar los mecanismo de la licitación o el cotejo de precios: todo fue mediante el sistema de contratación directa.
El artículo 7° fijó que el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Operativa Mercosur, “deberá, dentro de los treinta días de finalizadas las actividades de la reunión, comunicar detalladamente a la Legislatura lo relativo a las obras y/o suministros contratados”.
Esa Unidad Operativa Mercosur fue constituida a través del decreto N° 3.615, firmado por el gobernador Sergio Urribarri, a cuyo frente ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tortul. Dos funcionarios que continúan bajo la gestión Bordet.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.