«Por la presente se encomienda a los Directores Departamentales de Escuelas, como máximas Autoridades Educativas en cada Departamento de la Provincia, que arbitren las medidas necesarias que garanticen la carga en tiempo y forma de los trámites que reflejen la adhesión del personal bajo su órbita a las medidas de fuerza adoptadas por Asociaciones Gremiales».

El texto lleva la firma de la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irarzabal de Landó, y marca el tono de la discusión en el conflicto docente en la provincia: este martes se conoció la decisión del Gobierno de retrotraer la oferta salarial para 2018 al 22 de febrero, y presentar una propuesta de aumento del 15%, en tres tramos, y retirar la última, del 17%, en dos tramos. La decisión se adoptó tras  las insistentes negativas del principal gremio, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), a aceptar la suba salarial y dar por concluido el conflicto.

Landó reiteró este martes que a pesar de que la negociación con los gremios docentes se lleva adelante ahora en le marco de la Ley de Paritarias Docentes, el Gobierno tiene resuelto mantener la decisión de descontar los días de paro, que suponen una merma de entre $450 y $500 por día a cada docente.

Los descuentos por días de paro que aplica el Gobierno se apoyan en una serie de directivas.

La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contables sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.

El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.

El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.

Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.

El viernes 2 de marzo de 2018, Educación dictó la circular N° 05, que envió a todas las escuelas, a través de la cual recordó “la plena vigencia de la Resolución N° 2565/08 y su modificatoria N° 056/18 mediante las cuales se aprueba el Manual de Instrucciones para informar novedades en los establecimientos educativos y el Instructivo de control y carga de asistencia”.

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En ese marco, Susana María Cogno, secretaria general de la seccional Paraná de Agmer, se presentó ante el director departamental de Educación de Paraná, Fabián Monzón, y planteó que «habiendo emanado desde la Dirección departamental enunciados que disponen la carga de los trabajadores adheridos a las medidas de fuerza interpuestas por los sindicatos docentes, es necesario hacer explícita mención a la lesión de derechos de incidencia colectiva que genera la disposición, en virtud de verse amenazado el derecho constitucional de huelga que hace a la libertad sindical de los trabajadores de la educación en el departamento Paraná».

Cogno le reclamó a Monzón que «se anule cualquier orden, resolución, disposición o procedimiento que conduzca o haya conducido a la información por parte del personal directivo de las listas de docentes adheridos a las medidas tendientes a estigmatizar y o perseguir a los trabajadores de la educación con motivo del ejercicio del derecho constitucional de huelga».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.