El exministro de Cultura y Comunicación de Sergio Urribarri y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez está dispuesto a ponérselas difícil a quienes lo investigan por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

No es la única causa que enloda la figura del legislador. Hay otras causas que lo tienen contra las cuerdas, como la distribución de publicidad durante el urribarrismo, por $24 millones, en beneficio de las empresas del actual secretario del bloque del PJ en el Senado, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. En esa causa, además, están embargados, cada uno, en $26 millones, el exgobernador, Báez y Aguilera.

Pero ahora la Justicia avanza sobre la causa de enriquecimiento, y en el marco de la investigación penal preparatoria ordenó un allanamiento en una propiedad que se adjudica al empresario pizzero Germán Buffa, también involucrado en otra causa penal que lo liga a Urribarri y Báez.

El juez de Transición Gustavo Maldonado dictó el procesamiento de Buffa, en su calidad de titular de la firma Global Means SA, de Báez y de Urribarri al dar por probado la adjudicación de un contrato de publicidad oficial  “que por sus particulares deficiencias puede considerarse sospechosamente discrecional en razón de haberse visto afectado el procedimiento reglamentado a tal efecto por la normativa específica”.

Como contó Entre Ríos Ahora, Buffa fundó Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma.  El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano.  El juez Maldonado hizo notar que la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1 de julio de 2011; mientras que la firma presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

Buffa, que también tiene la franquicia de la firma Planeta Pizza, está sospechado como testaferro de Báez en una causa por enriquecimiento que se le sigue al exfuncionario del gabinete de Urribarri, y por eso el jueves 1° de marzo se allanó una propiedad en Aldea María Luisa, de la que se secuestró documental que se incorporó a la causa.

La defensa de Buffa cuestionó ese allanamiento. Hubo una audiencia en el que se debatió el asunto, pero el juez Elvio Garzón decidió aplazar una eventual decisión hasta escuchar los reproches que sobre ese allanamiento efectuarán los defensores de Báez. Esa enojosa situación se ventilará en una audiencia convocada para este martes 3 de abril, a las 9, en Tribunales.

Pero en la audiencia convocada por el planteo de Buffa quedaron al descubierto los nexos entre el empresario pizzero y el diputado Báez.

La audiencia ante el juez Elvio Garzón fue solicitada por el abogado José Velázquez, defensor del empresario, en el marco del legajo 42.302 en el que se investiga al exministro por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía consideró que “existen elementos de convicción suficiente que permiten sostener como probable que esta persona –por Buffa- sería testaferro u hombre de paja de Pedro Ángel Báez”.

Pero la defensa del empresario pidió decretar inválidos los allanamientos –y con ellos las pruebas colectadas- realizados el pasado 1° de marzo en domicilios que frecuenta Buffa. En tanto, el fiscal Juan Malvasio solicitó rechazar dicha pretensión y refirió que la Fiscalía “dio en la tecla” con las actuaciones llevadas a cabo. En ese marco, mencionó los vínculos de Buffa con Sofía Riquelme, pareja del exministro y actual diputado Báez.

Malvasio apeló al refranero popular para dar cuenta del nexo que uniría a Báez con Buffa: “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”.

La audiencia comenzó con el pedido del abogado de Buffa, José Velázquez, quien recordó que su defendido, junto al exgobernador Sergio Urribarri y el exministro Báez fueron denunciados en el año 2013 por presuntas contrataciones direccionadas. Indicó que dicha causa se encuentra  en el Juzgado a cargo del juez Gustavo Maldonado y  que en febrero de este año los imputados se presentaron a declaración indagatoria.

Recordó que Urribarri y Báez presentaron sendos escritos al juez, mientras que su cliente respondió preguntas sobre los contratos de publicidad que recibió su empresa Global Means SA.

En ese marco, Velázquez dijo que recién en noviembre de 2016 la fiscalía comienza a investigar el supuesto enriquecimiento de Báez y que a fines de 2017 la defensa del exministro, a cargo de Ignacio Díaz, presentó una pericia contable en la que se explicaba su patrimonio.

El letrado manifestó que su cliente declaró el 27 de febrero –en la causa por contrato de publicidad- y fue procesado “en tiempo récord” por el juez Maldonado. Sobre esa decisión, dijo que se enteró a través de los portales de noticias.

Luego sostuvo que días después, el 2º de marzo, se realizan los allanamientos en los lugares donde frecuenta Buffa y que también se enteró por los medios. Llegado a ese punto, el letrado solicitó invalidar el allanamiento y declarar nula la prueba colectada en ese acto procesal.

“La Fiscalía no tenía potestad de iniciar una investigación sobre Germán Buffa porque no se modificó la apertura de causa”, afirmó Velázquez y agregó que tampoco obra en el expediente “las diligencias o tareas de inteligencia practicadas por la Policía Federal”.

Velázquez insistió en que el allanamiento es una “actividad procesal invalida” ya que la Fiscalía “tiene el imperativo obligatorio de ante un nuevo hecho modificar la apertura de causa”. Además, sostuvo que los fiscales aportan elementos que “no coinciden con el expediente”.

Para el letrado, la Fiscalía no presentó fundamentos suficientes para requerir el allanamientos sobre los domicilios que frecuenta Buffa.

“No se logró conformar un estado de sospecha objetivo, que sea procesalmente válido para dictar una orden de allanamiento a la morada de Germán Buffa”, señaló el letrado y solicitó delcarar inadmisible el acto procesal más todos los elementos secuestrados.

Por último, peticionó que se requiera al Juzgado de Transición a cargo del juez Gustavo Maldonado que remita la declaración indagatoria de Buffa; y que se oficie a la delegación de la Policía Federal que envíe los informes de inteligencia y los nombres de los agentes que intervinieron en la causa que llevó al allanamiento de las propiedades vinculadas al empresario.

Ahora, habrá que escuchar lo que tienen para decir los defensores de Báez sobre el mismo asunto: Ignacio Díaz y José Velázquez. Eso ocurrirá este martes, en Tribunales.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos ahora.