Arturo Sebastián Etchevehere emprendió una batalla judicial contra la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), firma editora de El Diario de Paraná, reclamando el pago de los sueldos correspondientes a los meses de julio a octubre de 2016.

Arturo Sebastián fue secretario de redacción de El Diario de Paraná, exdirectivo de la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (Adepa), y vicepresidente de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Ltda (Coopal), en la gestión 2016-2017. Es, además, el hermano del actual ministro de Agroindustria de la Nación y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.

Lo insólito del caso es que el reclamo judicial lo dirigió contra SAER, la misma sociedad que integra su familia, a la que el Ministerio Público Fiscal acusa de haber vaciado junto a sus hermanos, el ministro, Juan Diego Etchevehere, y la madre de ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.

Esa causa, que investiga el delito de administración fraudulenta, se abrió por una denuncia presentada en 2011 por Dolores Etchevehere, hija de Leonor y hermana de Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián.

Los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra consideran que hay elementos para probar que hubo una maniobra de vaciamiento de SAER. La acusación por estafa formulada en diciembre de 2017 dice que durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, en carácter de miembros del directorio de la firma realizaron la venta simulada a precio vil de 8 inmuebles ubicados en Paraná, hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. cuyos socios son los imputados.

Pero a pesar de ese expediente judicial que lo ubica como parte de una maniobra de vaciamiento de la sociedad editora del matutino, Arturo Sebastián fue a la Justicia Laboral para reclamar salarios adeudados.

La demanda la interpuso ante el Juzgado de Trabajo Nº 2, a cargo de la jueza Viviana Edith Murawnik, y se caratuló “Etchevehere Arturo Sebastián c/ SAER –Medidas preparatorias de ejecución de salario s/sentencias interlocutorias autos”.

La magistrada es la misma que en diciembre de 2017 zafó de un jury abierto en su contra pedido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por “inconducta, falta de decoro y acción proselitista” a favor de Cambiemos. También es quien resolvió la quita de fueros sindicales al delegado gremial Fabián Larrea, a raíz de una denuncia formulada por El Diario de Paraná en el marco de una protesta de trabajadores.

En una primera instancia, la jueza Murawnik rechazó la pretensión de Etchevehere, quien apeló la decisión ante la Cámara III de Apelaciones de Trabajo, integrada por Guillermo Fernando Bonabotta, Emilio Luján Matorras y Guillermo Leopoldo Federik. El 19 de septiembre de 2017, los camaristas le dieron la razón al reclamo del exsecretario de Redacción de El Diario al hacer lugar a la apelación y declarando el pago de los salarios adeudados.

Del fallo al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, surge que SAER reconoció la relación laboral con Arturo Sebastián Etchevehere desde 1992, pero manifestó que no adeudaba las sumas reclamadas por cuanto “el accionante no ha prestado servicios en ese lapso, y desde hace mucho tiempo antes para la empresa”.

Etchevehere manifestó que la sentencia que lo dejó en primera instancia sin poder cobrar sus sueldos fue “incongruente, arbitraria y contraria a derecho”. Por ello se fue en apelación ante la Cámara III del Trabajo.

Allí, SAER volvió a negar la deuda salarial afirmando que Etchevehere no trabajó en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2016; pero el Tribunal resolvió que la sociedad pague su deuda.

En su voto, el juez Federik sostuvo que el fallo de Murawnik incurrió en un grave error al considerar que Etchevehere no acreditó fehacientemente la deuda. Advirtió que sí aportó las pruebas, esto es, los recibos de sueldos, incluso el último percibido de junio de 2016; más constancia de la intimación a SAER mediante Carta Documento.

El magistrado señaló que SAER “reconoció el vínculo del actor con la empresa desde el año 1992; y en relación a la deuda, si bien la desconoció, manifestando que no le correspondía salario por cuanto ‘hacía mucho tiempo que no trabajaba en el diario ni se presentaba a hacerlo’, de dicha contestación también surge que la patronal dio claras instrucciones para que no se le liquidara el sueldo hasta tanto prestara algún servicio”.

Federik resaltó que de la documental surgió que hasta el mes de junio de 2016, a Etchevehere se le abonó regularmente el sueldo y advirtió una contradicción en la respuesta de SAER al decir que “’hacía mucho tiempo no trabajaba en El Diario, ni se presentaba a hacerlo’ (sic)’”.

Sobre el descargo de SAER, el magistrado entendió que “no se encuentra acreditada documentalmente en la causa dicha afirmación, sólo se trata de una mera alegación, sin prueba alguna de haber ejercido sus poderes de organización y dirección de la empresa ni las facultades disciplinaria para corregir ello, pese al alongado tiempo que refiere se manifestaba esta situación”.

Acotó que tampoco la sociedad intimó a Etchevehere para que “abandone la conducta que se le endilga y consecuentemente se reintegre a su trabajo”. Asimismo, advirtió que esa situación recién se dio el 30 de septiembre de 2016, “sin constar fecha de recepción de la misma”, y concluyó que durante el tiempo transcurrido entre junio y septiembre “dicha presunta conducta omisiva habría sido tolerada silenciosamente”.

Luego remarcó como relevante que frente a la intimación, el 5 de octubre de 2016 Etchevehere se presentó a la empresa, en compañía de un escribano y su abogado “a los fines de cumplir con la intimación recibida, pero allí se le negó las tareas para las cuales se encontraba contratado y manifestándole, por medio del representante de la empresa que lo atendió, que ‘no tenía más instrucciones al respecto’”. Trajo a colación que esa respuesta surge del acta de constatación notarial Nº 68, labrada por la escribana Ana Julia Vergara.

Por todo ello, Federik falló a favor de Etchevehere: “No me cabe ninguna duda que la defensa intentada por el accionado (SAER, NdelR), al contestar la demanda, alegando `la no prestación de servicios´ no ha sido en absoluto demostrada, sino que por el contrario, se encuentra acreditado con el acta notarial premencionada, que ha sido la empleadora quien le ha negado tareas al actor, poniendo éste a disposición su fuerza laboral; por lo que entiendo que la inhabilidad de título articulada por el demandado en su contestación, carece toda prueba idónea para acreditarla, por lo que resulta inoponible, por incumplimiento de la condición, apareciendo más como una mera conducta obstruccionista o cuanto menos dilatoria, para que el actor acceda a su salario”.

En consecuencia, se pronunció a favor del recurso de apelación interpuesto por el exsecretario de Redacción de El Diario y mandó revocar la sentencia de Murawnik, y “por razones de economía procesal” en el mismo acto declaró preparada la vía para la ejecución de salarios. A su turno, el juez Guillermo Bonabotta adhirió al voto, mientras que Emilio Matorras se abstuvo de pronunciarse en tanto los dos primeros votos resolvieron el asunto.

Así, insólitamente, uno de los Etchevehere logró una victoria judicial sobre la sociedad a la que está acusado de haber vaciado, poniendo en riesgo las fuentes laborales de todos los trabajadores del centenario matutino entrerriano.

Llegado el momento, Arturo Sebastián, Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere, y la madre de ellos, Leonor Barbero, deberán responder en la justicia qué pasó con SAER.

Mientras, para la Fiscalía hubo una operación de vaciamiento patrimonial –descapitalización y endeudamiento- con la venta simulada de inmuebles de la sociedad a Construcciones del Paraná SA, que ellos integran, en perjuicio de Dolores Etchevehere y de terceros vinculados laboral o comercialmente.

 

 

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.