Gustavo Javier Tortul es uno de los hombres ligados al urribarrismo que ocupa la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Gobierno de Entre Ríos. El 1° de octubre de 2003 ingresó al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Pero casi no ha trabajado en el organismo de control. Entre 2008 y 2011 se desempeñó como director general de Administración del Consejo General de Educación (CGE), pero cuando el gobernador Sergio Urribarri empezó su segundo mandato, se corrió de oficina. Asumió como director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, y en 2014 sumó otro cargo: ese año fue designado coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, que presidió el entonces subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes.

Por esa tarea, el manejo de los recursos de la Cumbre Mercosur, fue imputado en la Justicia por presuntas irregularidades en contrataciones. En el caso también están acusados empresarios e incluso, claro, el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

El 17 de agosto de 2017, el funcionario se presentó en Tribunales, citado como imputado en la causa que investiga el contrato que se hizo durante la gestión del exgobernador Urribarri -también acusado de los delitos de peculado y administración fraudulenta- con la productora Nelly Entertainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez, a la que le pagaron $28 millones para la difusión de cuatro spots televisivos de promoción de la Cumbre. La hipótesis de la fiscalía es que esos videos fueron, en realidad, para posicionar la imagen de Urribarri en el marco de su campaña presidencial que denominó “El Sueño Entrerriano”.

Sin embargo, cuatro meses antes de esa cita como imputado, el funcionario urribarrista acudió a la Justicia con una demanda de acción de ejecución contra el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, con el fin de que se le tome juramento de Secretario Contable del organismo. En ese cargo fue designado por Urribarri, en junio de 2015. La acción judicial, a decir verdad, llegó dos años tarde y tuvo una resolución desfavorable.

El funcionario comenzó a reclamar la toma de posesión del cargo el 31 de marzo de 2017, mediante una nota dirigida a las autoridades del organismo de control. Al no tener respuestas, el 24 de abril presentó la demanda judicial.

La respuesta fue rápida: el 4 de mayo, la jueza Adriana Beatriz Acevedo, del juzgado Civil y Comercia N°10, rechazó la acción promovida por Tortul y, poco después, el 31 de ese mes, el Tribunal de Cuentas resolvió cerrarle la puerta bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para nombrar personal en un ente autónomo. Ahora, la demanda se encuentra en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El litigio judicial era desconocido, hasta que Entre Ríos Ahora determinó la existencia del mismo y tuvo acceso a las resoluciones.

Tortul contra el Tribunal de Cuentas

La causa fue caratulada “Tortul, Gustavo Javier c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Ejecución”.

El funcionario urribarrista alegó que le correspondía que el organismo de control le tomara juramento como Secretario Contable. En ese cargo fue designado mediante el decreto N°1907, del 22 de junio de 2015.

En su presentación, el funcionario señaló que fue nombrado Secretario Contable del Tribunal de Cuentas debido a que el 27 de mayo de 2011 la Caja de Jubilaciones de la Provincia concedió la jubilación ordinaria a la contadora Liliana Alesso, quien estaba a cargo de la secretaría contable del organismo de control.

Recordó que era agente de planta permanente del Tribunal de Cuentas, con la categoría “D”, y que luego de ser nombrado por el gobierno de Urribarri solicitó al organismo que disponga las medidas para su juramento. El problema fue que su reclamo llegó al despacho de Federico Tomas el 31 de marzo de 2017, dos años después de su nombramiento por decreto.

El Tribunal de Cuentas se opuso

En su descargo, el presidente interino del organismo de control, Federico Tomas, y el vocal N°1, José Luis Gea Sanchez, plantearon la inadmisibilidad de la acción “por no haberse cumplimentado con los mínimos requisitos que establece el artículo 3° de la Ley de Procedimiento Constitucional”.

En primer lugar, afirmaron que la acción era extemporánea dado que transcurrieron los treinta días que prevé la norma para advertir la supuesta falta. Y señalaron que Tortul se tomó dos años desde que fue designado por decreto hasta exigir el juramento y toma de posesión del cargo.

Luego expresaron que “en el caso, la supuesta lesión no es clara, explícita y palmaria y exige un aporte de pruebas superior al que normalmente puede rendirse en un proceso breve como es la acción de amparo y requiere también mayor debate”.

Agregaron, además, que la cuestión sólo podía resolverse a través de procedimientos ordinarios del organismo y recordaron que cuando ingresó su reclamo abrieron un expediente administrativo para decidir al respecto.

En el descargo, los funcionarios del Tribunal de Cuentas hicieron notar otro detalle particular: Tortul, en diciembre de 2015, luego de que ya había sido designado por decreto, se presentó en el organismo y pidió continuar con licencia por cargo de mayor jerarquía dado que el 11 de diciembre de ese año, mediante decreto N°53, fue confirmado por el flamante gobernador Gustavo Bordet en la Dirección General de Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

Por ello, las autoridades del organismo de control consideraron que si Tortul tenía interés en hacer valer su designación debió haber solicitado el juramento antes de haber acudido a pedir la extensión de su licencia. Finalmente, consideraron que su comportamiento fue “palmariamente errático, contradictoria y extemporáneo”.

La resolución judicial

La jueza Acevedo declaró inadmisible la acción tomando como fundamento mucho de los puntos subrayados por las autoridades del organismo de control.

Señaló que el funcionario fue designado como Secretario Contable el 22 de junio de 2015, pero recién reclamó judicialmente el 24 de abril de 2017, cuando ya había transcurrido el plazo de treinta días para solicitar se le tome juramento.

También lo entendió improcedente por existir otro procedimiento judicial más idóneo como el que dispone que el Superior Tribunal ejerce jurisdicción en la «ejecución del acto administrativo firme».

“Que en todo caso el accionante debió acudir ante el proceso de ejecución del Decreto Nº 1907/2015, ante la Cámara Contencioso Administrativa, y no pretender un año y medio después de dictado y notificado el mismo acudir a la vía heroica prevista en la Ley de Procedimientos Constitucionales”, señaló la magistrada.

Además, mencionó que otra causal para rechazar la acción es que una vez hecho el relamo, el Tribunal de Cuentas abrió un expediente caratulado “CR. Gustavo Javier Tortul s/ presentación” y que estaba pendiente de resolución.

La jueza también tuvo en cuenta el hecho de que haya pedido licencia por cargo de mayor jerarquía –por su cargo en el Gobierno-, en fecha posterior al decreto de Urribarri que lo nombraba en la Secretaria Contable del Tribunal de Cuentas.

Días después de la resolución judicial, el 31 de mayo de 2017, el presidente interino del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, y los vocales José Luis Gea Sánchez y José Miranda, rechazaron la pretensión de Tortul de volver al organismo con un cargo superior.

El argumento de las autoridades fue concreto: si bien reconocieron que el artículo 24 de la ley 5.796, orgánica del organismo, dispone que el Poder Ejecutivo designará por decreto al Secretario Letrado y Contable, destacaron que tiene mayor jerarquía el artículo 217 de la Constitución provincial que establece que el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General son órganos autónomos que ejecutan su presupuesto, y que poseen la facultad de designar y remover personal.

No conforme con ello, Tortul llevó su demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Gisela Nerea Schumacher, quien el 11 de diciembre de 2017 declaró la admisibilidad del proceso. El asunto todavía espera una resolución judicial.

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.