Por Juan Carlos Arralde (*).
Si algo desnudó nuestra presentación judicial sobre la ilegítima designación del Dr. Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas fue la anemia institucional que padece Entre Ríos.- Porque la existencia de la división de poderes como condición para la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho ha quedado como una frase hueca sólo escrita en los textos académicos que los estudiantes de Derecho deben aprenderse como una consigna básica para promocionar sus materias.
La delgada línea que separa las tres estructuras del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y a éstas de los órganos que deben controlar patrimonialmente el manejo de sus cuentas ha quedado al desnudo con el bautizado por los medios “caso Smaldone” desde el momento en que la ausencia de garantías mínimas ciudadanas dejaron al descubierto por dónde sigue pasando en verdad el verdadero poder del Estado: en manos del Poder Ejecutivo, y el inquilino a plazo fijo, el Gobernador de turno.
Ninguno de los resortes constitucionales funcionó en este caso.- El gobernador Sergio Urribarri que –en cuestión de semanas- “jubiló” al entonces Presidente del Tribunal de Cuentas Hugo Molina y entronó en su lugar al abogado Guillermo Smaldone, su ministro de Trabajo provincial y hombre de su estricta confianza .designado a dedo, sin consulta ni concurso previo alguno, con la complicidad legislativa de los 17 senadores kirchneristas que estaban en funciones en 2.014, mientras toda la Legislatura de entonces (con un megabloque de 23 diputados provinciales) miraba para el costado haciendo la plancha sin reglamentar los nuevos institutos creados en la Convención Constituyente de 2008 que reformó parcialmente la Constitución entrerriana, y una Justicia reacia a dictar sentencias que incomoden, molesten o contraríen los deseos del Poder Ejecutivo.
La república entrerriana necesitó de una simple causa judicial presentada por un ciudadano para exhibir las malformaciones institucionales que padece y que no son congénitas sino sobrevinientes en la democracia que todos supimos conseguir.- Porque el sistema de pesos y contrapesos creados por el constituyente de 1933 modernizados y ajustados por el constituyentes de 2008 no ha funcionado.- Aunque el Superior Tribunal de Justicia tenga aún margen de acción para poner las cosas en su lugar y dictar una sentencia ejemplarizadora que marque el rumbo de la legalidad y de la corrección, ejerciendo la función más delicada y sublime que tiene, que es la de ponerle límites al poder a través del control de constitucionalidad.
En un recordado y aplaudido sketch del año 1.984 del irrepetible Alberto Olmedo el gerente de la empresa (Javier Portales) siempre terminaba pidiéndole al empleado Pérez personificado por Olmedo algún electrodoméstico requerido por su amante con la eterna promesa de conseguirle el puesto de subgerente, frente a lo cual Olmedo exclamaba su célebre frase:”¡¡Éramos tan pobres!!”.-
Emulando aquél episodio pero en un contexto absolutamente diferente, la triste realidad institucional de la provincia despojada de una hipócrita formalidad legalista puede llevar al analista y observador a advertir que, verdaderamente, éramos tan débiles.
Juan Carlos Arralde.
(*) Exlegislador, exconvencional.