Este martes continúan las audiencias del juicio oral al cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.

Se espera el testimonio de ocho testigos, si es que no hay una variación de último momento en el esquema fijado por el Tribunal que juzga a Ilarraz,y que componen los camaristas Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel.

Brindará su testimonio la séptima víctima que denunció a Ilarraz por los abusos en el Seminario, DC, que se suma a los siete testigos ya previstos para la jornada del martes.

Entre los convocados, está la psicóloga Carmen Muñoz, que desempeñó tareas docentes en el Seminario y que según recuerdan testigos de la causa, en sus clases hacía hincapié en la necesidad de que el Seminario Menor -que acogía a los adolescentes que cursaban una escuela secundaria orientada al sacerdocio, con regimen de internado- no debía existir.

«El mejor lugar para los chicos es con sus familias, no acá», era una de sus consignas. «A mí me parece que algo sabía de Ilarraz, y por eso no quería que los chicos estuvieran ahí como internos, bajo la vigilancia de Ilarraz», cuenta una víctima de los abusos en el Seminario.

Cuando ocurrieron los hechos denunciados, entre 1985 y 1993, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer año, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.

Entre los curas, se espera este martes el testimonio de Alfredo Nicola, que tuvo un 2017 ajetreado en la Parroquia de Oro Verde, su último destino, pero que ahora está sin función pastoral por cuanto el arzobispo Juan Alberto Puiggari no le ha dado destino. Su relación con la causa Ilarraz está dada por cuanto fue uno de los curas firmantes de la carta que en 2010 se presentó ante el entonces arzobispo Mario Maulión en la que se denunciaron los abusos de Ilarraz.

Dos años antes de que estallara públicamente el caso del cura Ilarraz -en 2012, por la publicación de la revista “Análisis”-, en septiembre de 2010 un grupo de ocho sacerdotes le hizo conocer al arzobispo Maulión la “gran preocupación” que generaban los comentarios acerca de la existencia de casos de abuso de menores por parte de sacerdotes.

Pero se centraron en uno: el caso del cura Ilarraz, y por dos motivos. Primero, porque Ilarraz continuó ejerciendo el sacerdocio a pesar de la investigación que hubo en 1995 a partir del testimonio recogido de las víctimas de sus abusos, sin que siquiera se le hubiera aplicado una sanción canónica o se haya llevado su caso a la Justicia. A Ilarraz lo mandó a investigar el ahora cardenal Estanislao Karlic en 1995, y tras una instrucción sumarísima, en 1996, le aplicó la sanción del destierro y le prohibió volver a Paraná.

Fue así que Ilarraz se mudó a Tucumán, y allá siguió siendo cura hasta 2012, cuando fue suspendido, medida que todavía se mantiene.

Aquella carta dirigida a Maulión fue firmada por grupo de sacerdotes , entre los que estaban Leonardo Tovar, José Dumoulin (retirado del sacerdocio), José Carlos Wendler (que también es excura), Alfredo Nicola,  Mario Olivera, Agustín Hertel,  y el canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy, enrolado en la congregación Servidores de Jesús y de María. que se mostraron perplejos por el silencio de las autoridades eclesiásticas que, dijeron, podría ser interpretado por los fieles como un acto de “encubrimiento”.

Aquella carta no llegó sólo a las manos de Maulión, sino a la de quienes integraban entonces su consejo presbiteral, una especie de consejo de ministros que componen los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

No todos estuvieron de acuerdo con ese texto. Uno de los que se negó a firmarla fue Luis Anaya, exdecano de la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Teología Moral. Anaya, sobrino del fallecido almirante Jorge Anaya, que integró una de las juntas militares de la última dictadura, quedó ligado a la  causa Ilarraz por pedido expreso de uno  de los querellantes, Milton Ramón Urrutia. En 2015 fue citado a brindar declaración como testigo en la causa.

Aurelio Gabriel Battello, otro sacerdote que declara este martes, fue testigo de la confesión que le hizo la víctima José Riquelme de los abusos que soportó en el Seminario; y José Alberto Carlos Barreto fue «bedel» -una especie de preceptor- de los pupilos en los años 1988 y 1989 por tanto fue contemporáneo a lo abusos denunciados.

Otro bedel de los tiempos de Ilarraz es Luis Bianchi, un excura que también está citado como testigo para este martes.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.